Carlos Tovar

Complicidades expuestas
El combustible volvió a encender las alarmas, pero esta vez las sirenas no sonaban solo en territorio mexicano. Desde el sur de Texas, un operativo encabezado por el FBI puso al descubierto una red de contrabando de hidrocarburos que cruzaba la frontera con documentos alterados, evadiendo impuestos y afectando a ambos lados del Río Bravo. Veinte tractocamiones cargados con combustible fueron asegurados en los patios de Arroyo Terminals, una empresa texana ahora acusada formalmente de participar en esquemas de lavado de dinero y contrabando de mercancías hacia México. El llamado huachicol fiscal, fenómeno que en los últimos años se había consolidado como un problema fronterizo nacional, escaló de pronto al nivel internacional, involucrando a agencias estadounidenses y colocando otra vez a Tamaulipas en el centro de un caso de alto impacto.
La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas no deja mucho margen a la interpretación. Se describe un entramado que permitía internar combustible a México bajo amparos de importación falsificados, declarando residuos de aceites o destilados de petróleo para ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. El expediente revela que esta práctica se repitió miles de veces, para ser precisos, 2,881 cargamentos ilegales de hidrocarburo, generando un flujo irregular y una estructura paralela de transporte y distribución. Más grave aún es que el expediente judicial señala que parte del combustible refinado provenía originalmente de robo en México, en una dinámica que iba y venía entre Tamaulipas y Texas, aprovechando los huecos del sistema.
La investigación estadounidense, que inició en 2022, involucra cargos de conspiración para lavar dinero, contrabando y operaciones financieras irregulares. Se estima que los bienes en riesgo de confiscación, incluidos tractocamiones, propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones, ascienden a 300 millones de dólares. La magnitud del caso refleja la escala de la economía subterránea que puede prosperar en las zonas de intercambio comercial cuando los controles son débiles o cómplices. También revela una realidad incómoda, el problema no es aislado de un lado u otro de la frontera. Es un fenómeno binacional, alimentado por omisiones, redes de corrupción y, en muchos casos, tolerancia institucional.
En México, el tema ya había comenzado a visibilizarse. El decomiso de un buque con diez millones de litros de diésel en el puerto de Altamira y la detención de varios auto tanques en Reynosa hace varias semanas atrás fueron señales de que el fenómeno había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Pero el golpe judicial en Texas confirma que la dinámica del huachicol fiscal no se limitaba a operaciones locales, sino que implicaba flujos internacionales, complicidades comerciales y una estructura que desbordaba las aduanas.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas. La propuesta busca cerrar los vacíos legales que durante décadas permitieron que agentes aduanales, importadores y servidores públicos eludieran su responsabilidad ante prácticas irregulares. Bajo el nuevo esquema, todos los actores involucrados en el proceso de internación de mercancías, desde quien envía el producto hasta quien lo inspecciona y quien lo autoriza, deberán responder de manera solidaria en caso de irregularidades. El cambio de fondo es simple pero potente, ya no se podrá mirar hacia otro lado.
La pregunta es evidente, ¿cuántas y cuáles agencias aduanales de Nuevo Laredo a Matamoros están metidas en este negocio sucio?. Ahí esta el centro de la sospecha de todo este entramado.
Sheinbaum fue directa al señalar que muchos de los fraudes aduaneros parten de mecanismos como el ingreso de productos que deberían pagar IVA o IEPS. La mandataria reconoció que las aduanas mexicanas recaudan cifras multimillonarias y que limpiar estos procesos es fundamental para mejorar los ingresos públicos, pero también para blindar la relación comercial con Estados Unidos, donde las advertencias sobre corrupción aduanera se han vuelto cada vez más serias.
El Departamento de Justicia estadounidense ya había alertado sobre los riesgos crecientes que representa la corrupción en las aduanas mexicanas para la seguridad nacional. El último Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio destacó no solo las irregularidades operativas, sino también la percepción de que algunas redes están vinculadas directamente con actividades del crimen organizado. Washington ha advertido que la falta de controles efectivos contradice los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amenaza con tensar aún más una relación comercial que ya navega por aguas turbulentas.
El escenario no podría ser más delicado. México enfrenta no solo las presiones de una economía global más frágil, sino también el escrutinio de su principal socio comercial, en momentos en que la confianza en los procesos aduanales se vuelve un factor determinante para la atracción de inversiones y la continuidad de las cadenas de suministro. Tamaulipas, con su posición estratégica y su infraestructura portuaria y fronteriza, está en la primera línea de este reto.
La agenda aduanal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional y de viabilidad económica. No basta con operativos reactivos. Se requiere una transformación estructural que garantice que los cruces fronterizos, los puertos y las terminales fiscales operen bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y legalidad. Se necesita, también, profesionalizar y supervisar de manera efectiva a quienes, como los agentes aduanales, cumplen funciones clave en el tránsito de mercancías.
La propuesta de reforma a la Ley de Aduanas podría ser un primer paso en la dirección correcta, si logra convertir la corresponsabilidad en una verdadera herramienta de control y no en un simple ajuste burocrático. Su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad para aplicarla sin excepciones.
El caso del huachicol fiscal en Texas y los operativos recientes en Tamaulipas son un espejo incómodo, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer la dimensión real del problema y para actuar con la determinación que exige el contexto. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie.
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Abr 27, 2025
El hilo que sostiene la inversión
En Tamaulipas, hablar de economía es hablar de movimiento. De cadenas logísticas que recorren de norte a sur, de parques industriales que dan empleo a miles, de puertos que enlazan al país con el mundo. Es hablar de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira y Tampico. Ciudades que viven del comercio exterior, de la manufactura, de la inversión. Por eso, cuando el entorno internacional se agita, aquí se resiente. Y en estos días, los temblores vienen de muchas direcciones.
El Fondo Monetario Internacional acaba de elevar al 40 por ciento la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, producto de la guerra arancelaria relanzada por Donald Trump. La advertencia, aunque técnica, tiene consecuencias prácticas para el norte de México. Algo que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó. La mandataria dijo que en el FMI no creen que el Gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado.
Lo cierto es que si se desacelera la economía estadounidense, se desacelera la demanda de bienes producidos en nuestras maquiladoras. Si se imponen aranceles, se encarecen las exportaciones mexicanas. Si el flujo se rompe, Tamaulipas no solo lo ve en cifras, lo siente en su empleo, en su consumo, en su actividad diaria.
El FMI, en su último informe, proyecta incluso una contracción del 0.3 por ciento para México en 2025. No por errores internos, sino por el efecto de un entorno hostil. La economía mexicana, tan integrada al mercado estadounidense, es especialmente vulnerable a los vaivenes políticos del norte. Y aunque China ha sabido redireccionar parte de su comercio, nuestro país no tiene los mismos márgenes de maniobra. La vecindad, que es una bendición en tiempos estables, se vuelve una presión cuando las reglas cambian.
En medio de este escenario global incierto, el Gobierno de México insiste en una narrativa de fortalecimiento interno. Y una de sus cartas más recientes es la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la Ventanilla Única de Inversiones. En otras circunstancias, habría sido un anuncio técnico. Hoy, cobra una relevancia política y económica distinta. Porque en tiempos de incertidumbre global, los países que más atraen inversiones no son necesariamente los que prometen más, sino los que ofrecen claridad.
La Ventanilla Única busca digitalizar y simplificar los trámites necesarios para abrir, construir y operar una empresa. Unificar requisitos, reducir pasos, evitar duplicidades, permitir que desde una sola plataforma se gestionen permisos, licencias y validaciones. La meta es bajar de 51 a 32 trámites, de 2.6 años a 1 año el tiempo para concretar una inversión. Puede parecer un objetivo técnico, pero para Tamaulipas, es una necesidad estratégica.
Ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo no solo compiten con otras regiones de México. Hoy compiten con Texas, con Carolina del Norte, con Asia. En el escenario de hoy las empresas que instalan una planta en Matamoros, podrían hacerlo también en Brownsville. Y lo que inclina la balanza muchas veces no es el costo de la mano de obra, sino la certeza regulatoria. La posibilidad de que el proyecto no se atore por meses en alguna ventanilla. La confianza de que las reglas no cambien a mitad del camino.
En ese sentido, si la Ventanilla Única cumple lo que promete, puede convertirse en uno de los pocos contrapesos reales al entorno adverso que se perfila. Tamaulipas tendría la oportunidad de posicionarse como un estado más ágil, más confiable, más atractivo. No con discursos, sino con hechos. No con slogans, sino con procesos simplificados y eficientes.
Esto no anula los riesgos. Los aranceles estadounidenses siguen en pie. Las tensiones con China siguen latentes. La presión para replantear cadenas de suministro continúa. Pero en medio de esa tormenta, hay decisiones internas que sí se pueden tomar. Y una de ellas es reducir la fricción entre el inversionista y el Estado. Entre la intención de invertir y la posibilidad de hacerlo.
El reto será convertir esta promesa en práctica. Porque no basta con lanzar una plataforma si los trámites siguen dependiendo de voluntades dispersas. Si las autoridades municipales no se suman, si las dependencias estatales no homologan sus procesos, si los servidores públicos siguen pensando en función de sellos y carpetas físicas. La digitalización no es solo una herramienta. Es una transformación cultural que exige voluntad política, capacitación técnica y, sobre todo, compromiso de largo plazo.
En ese sentido, será valioso que Tamaulipas continúe fortaleciendo su participación activa en este esfuerzo nacional. Que aproveche su experiencia regional, que acompañe el desarrollo de buenas prácticas y que contribuya con propuestas que respondan a su vocación económica.
Lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa. Es el empleo de miles. Es la competitividad de la región. Es la posibilidad de que en un entorno internacional que se complica, el estado siga siendo una opción confiable para invertir y crecer.
El momento no es sencillo. Las proyecciones del FMI, la incertidumbre en Washington, las tensiones comerciales con China, los cambios regulatorios globales, todo se cruza en una coyuntura difícil. Pero es precisamente en esas coyunturas cuando se define el rumbo. Cuando las decisiones técnicas se vuelven estratégicas. Cuando los detalles administrativos se convierten en ventajas competitivas.
Tamaulipas tiene la geografía. Tiene la industria. Tiene talento. Ahora necesita el entorno adecuado para no perder lo que ha construido. En esta economía global cada vez más exigente, a veces lo que parece un trámite es en realidad un hilo. Uno que sostiene el futuro.
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Abr 23, 2025
Cuando el agua no alcanza
La relación entre México y Estados Unidos se ha construido históricamente entre acuerdos y desencuentros. A veces en forma de comercio, a veces en forma de migración. Y otras, como esta ocasión, en forma de agua. El Tratado de 1944, que durante décadas definió las reglas para el reparto de las aguas fronterizas, vuelve a colocarse en el centro de una disputa compleja, que no solo involucra relaciones diplomáticas, sino la vida cotidiana de miles de personas en el norte del país. Y Tamaulipas, por su geografía, historia y peso agrícola e industrial, se encuentra en el corazón del conflicto.
La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio ante una nueva ola de tensión binacional. La postura fue clara en lo institucional, aunque en lo político tuvo que sortear un terreno minado. Lo que dijo, y sobre todo lo que negó, permite entender la magnitud del tema. No se ha cedido ante Estados Unidos, afirmó. No hay una orden directa de Donald Trump que México esté obedeciendo. No hay una traición a los intereses nacionales. Hay un tratado. Hay una deuda. Y hay un problema de escasez. Eso fue lo que sostuvo la presidenta, mientras los productores del norte del país siguen viendo cómo el agua que no tienen se convierte en moneda de cambio.
En efecto, el Tratado de Aguas firmado en 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos poco más de dos mil ciento ochenta millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que Estados Unidos entrega mil ochocientos cincuenta millones. Es un acuerdo que parecía equilibrado en la letra, pero que en la práctica se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir. La sequía que afecta al norte mexicano no es un fenómeno reciente. Se arrastra desde hace años, pero se ha intensificado al punto de dejar presas como La Amistad o Falcón por debajo del 14 por ciento de su capacidad. La deuda de agua con Texas no es una invención, es un dato duro. El país ha entregado menos del 30 por ciento de lo pactado y el plazo vence en octubre.
Lo que complica aún más la situación es el cruce entre la presión diplomática y la urgencia regional. El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido el tema en una narrativa de gobierno. Acusó a México de “robar agua” a los agricultores texanos y condicionó incluso el flujo de agua hacia Tijuana como represalia. En paralelo, los artículos principales en los periódicos Reforma y Milenio amplificaron la preocupación nacional, hablando de extracciones extraordinarias en las presas fronterizas y de decisiones tomadas sin consultar a los gobiernos estatales. En ese contexto, Sheinbaum aclaró que las negociaciones se están realizando con responsabilidad, que no se ha ordenado ninguna entrega sin consenso, y que la prioridad es no afectar a los productores mexicanos.
Sin embargo, en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas no tardaron en expresar sus reservas. Para ellos, la situación no es de matices, sino de imposibilidades. No hay agua. No se puede entregar lo que no se tiene. Así lo dijo con firmeza la gobernadora Maru Campos, al afirmar que “nadie está obligado a lo imposible” y que Chihuahua atraviesa la peor sequía del país. En el mismo tono, el gobernador Manolo Jiménez de Coahuila y el secretario Raúl Quiroga de Tamaulipas coincidieron en que el agua debe usarse primero para la población y después para cumplir compromisos internacionales.
Detrás de estas declaraciones hay algo más que preocupación técnica. Hay un pulso político que se asoma con claridad. Cada uno defiende su territorio, sus productores y su narrativa. Pero también defienden su margen de maniobra frente a un gobierno federal que intenta equilibrar la presión de Washington con las necesidades internas. La presidenta ha dicho que se mantiene el diálogo con los mandatarios estatales. Que se analiza qué volumen se puede entregar sin vulnerar a las comunidades locales. En los hechos, la percepción es que el margen de tiempo y de acción se reduce.
El problema, más allá del cumplimiento del tratado, es el modelo de gestión hídrica que hoy muestra sus límites. Hemos dependido por décadas de los escurrimientos naturales y de un sistema de presas que ya no responde con la misma eficacia. La necesidad agrícola, la falta de inversión en infraestructura hídrica y la urbanización sin orden han erosionado la capacidad del país para garantizar agua para todos. Y cuando la escasez se vuelve insostenible, aparece el conflicto. El agua como símbolo de soberanía. El agua como arma de negociación. El agua como frontera. El agua como presión política.
En Tamaulipas, la preocupación tiene rostro concreto. Las presas Falcón y Marte R. Gómez, que nutren buena parte de las tierras agrícolas del estado, están en niveles críticos. La sequía ha golpeado los ciclos de producción y la incertidumbre sobre el abasto se ha convertido en una constante. La protesta del gobernador Américo Villarreal ante la minuta 331 —que abre la puerta a entregar agua del río San Juan— fue un mensaje claro. Si hay entrega, tiene que haber condiciones. Tiene que haber garantías. Tiene que haber claridad. Porque en una región donde el agua escasea, cada litro se disputa con fuerza.
Mientras tanto, la administración federal busca una salida técnica y diplomática. La propuesta enviada el 9 de abril a Estados Unidos busca negociar tiempos, cantidades y formas de entrega. Pero el reloj avanza. El plazo para cumplir con el tratado vence el 24 de octubre. Y aunque las lluvias podrían cambiar el escenario, nada garantiza que eso ocurra. Por eso, la tensión sigue latente. En las declaraciones oficiales, en las columnas de opinión, en los campos de riego y en los bordes del río Bravo.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un tratado. Es la capacidad para responder a una crisis sin sacrificar a sus regiones más vulnerables. Es la forma en que se construyen acuerdos internos antes de sentarse a negociar con el exterior. Es la confianza entre federación y estados. Entre productores y autoridades. Entre narrativa y realidad.
El país no puede darse el lujo de aparecer dividido en un tema tan delicado. El agua no es una concesión, es un derecho. Y cuando se reparte mal, cuando se promete más de lo que se puede cumplir, cuando se improvisa, el costo es alto. En diplomacia, en política y en el territorio.
Por eso, más allá de las versiones y los encabezados, lo que urge es una estrategia del agua que no solo administre emergencias, sino que construya soluciones sostenibles. El tratado de 1944 fue útil en su momento, pero el mundo ha cambiado. El clima ha cambiado. La frontera ha cambiado. Y si no se ajustan los mecanismos, las tensiones seguirán creciendo. No solo con Estados Unidos, sino dentro de México. Cuando el agua escasea, no solo se secan los campos. También se fractura el futuro.
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Abr 16, 2025
La otra corriente
Reynosa volvió a ser epicentro de una tragedia que no se explica solo por la intensidad de la lluvia. El agua que cayó el 27 de marzo no fue la única responsable del desastre. Lo fue también la otra corriente, la de los años de omisiones, de infraestructura olvidada, de canales asolvados y de una red de drenaje convertida en un depósito de basura. En medio de ese contexto, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad fronteriza, el viernes pasado, tuvo un alto contenido simbólico, pero también dejó al descubierto la urgencia de mirar más allá del lodo.
La presidenta llegó acompañada del gobernador Américo Villarreal, de la secretaria de Energía y de la titular de Bienestar. En segundo plano, también estuvo presente el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. El recorrido se realizó en las colonias Ernesto Zedillo y Las Delicias, dos de las afectadas por el desbordamiento de los canales. Se anunciaron apoyos directos para las familias, ocho mil pesos para limpieza, además de un paquete que incluye refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador. La distribución estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los beneficiarios serán aquellas personas que aparezcan en el censo levantado por la Secretaría de Bienestar y la Sedatu.
La presidenta también prometió que se trabajará en la regularización de colonias que no estén en zonas de riesgo. Y habló de limpiar, de prevenir, de revisar la infraestructura hidráulica para evitar que algo así se repita. Palabras necesarias, en un momento crítico, que llegan como señal de respaldo. Su presencia no fue una simple visita. Fue un acto de responsabilidad política frente a una crisis que tocó el corazón de más de 10 mil hogares y puso a prueba la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno.
Pero si la presidenta Sheinbaum caminó las calles afectadas el viernes, un día después el gobernador Américo Villarreal envió un mensaje que cargó el tono institucional con un matiz distinto. En una entrega de apoyos en las colonias Ampliación Delicias y Juan Escutia, el mandatario fue claro al señalar las causas estructurales que agudizaron el impacto de la lluvia: abandono en la infraestructura hidráulica, canales de riego deteriorados, colectores asolvados y una crisis de recolección de basura. Lo dijo sin rodeos. La basura que se acumula durante meses se convierte en tapón cuando llega la tormenta, y entonces, el agua no fluye. Se estanca. Se desborda. Se convierte en tragedia.
El gobernador aseguró que ese abandono no es nuevo. Que ha ocurrido durante años. Que no se le ha prestado atención. Y aunque no mencionó nombres ni señaló con el dedo, el mensaje tuvo un destino claro. Porque el manejo de la basura y el mantenimiento de los canales locales forman parte de la competencia municipal. Y en esa ecuación, el papel del ayuntamiento de Reynosa no puede pasarse por alto. En el fondo, lo dicho por el mandatario estatal fue un recordatorio de que, más allá de la ayuda emergente, hay una responsabilidad cotidiana que no se está cumpliendo.
En este cruce de declaraciones, la política mostró sus dos caras. La de la presencia solidaria, y la de la crítica institucional. Ambas necesarias. Porque mientras una atiende lo urgente, la otra pone sobre la mesa lo importante. Las familias afectadas necesitan apoyo ahora, pero la ciudad necesita también un replanteamiento profundo sobre cómo se gestiona su territorio, cómo se planea su crecimiento urbano, y cómo se cuidan sus servicios públicos.
Reynosa es una ciudad que ha crecido rápido, a veces de forma desordenada, empujada por la presión migratoria, la actividad industrial y en ocasiones por negocios inmobiliarios que surgen a costa de la necesidad de vivienda. Muchas colonias surgieron sin planeación, sin servicios adecuados ni estudios de impacto ambiental. El anuncio de la regularización de asentamientos puede ser una buena noticia, siempre y cuando se haga con criterios técnicos y de justicia territorial. No es solo el estatus legal de una colonia, sino su capacidad para resistir futuras emergencias.
Esta tragedia, como tantas otras en el país, no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de múltiples factores que se cruzaron en el momento menos indicado. Pero también puede ser un punto de partida. Hoy se abre una ventana de atención nacional sobre Reynosa. Esa visibilidad puede traducirse en inversión, en planes reales de mitigación de riesgos, en mejores políticas de vivienda y urbanismo. Pero también puede desvanecerse si no hay seguimiento, si se deja pasar la oportunidad de actuar con visión de largo plazo.
Si algo ha dejado claro esta emergencia es que existe una deuda con las ciudades fronterizas. No solo por la complejidad de sus dinámicas sociales y económicas, sino porque las crisis que enfrentan, ya sea por violencia, migración o fenómenos naturales, requieren una respuesta integral. No basta con atender el desastre cuando ocurre. Hay que prevenirlo. Y para prevenirlo, se necesita coordinación. Entre gobiernos, entre dependencias, entre niveles. Pero también se necesita algo más difícil de construir: voluntad.
Voluntad para hablar con claridad, como lo hizo el gobernador. Voluntad para presentarse en el terreno, como lo hizo la presidenta. Voluntad para asumir responsabilidades, aunque duelan. Esta tragedia no puede ser solo el recuerdo de una inundación. Tiene que ser el inicio de algo distinto. De una nueva corriente. Una que no se lleve todo a su paso, sino que limpie, que renueve, que construya.
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Abr 13, 2025
La ruta combustible
La agenda pública de Tamaulipas ha vuelto a girar sobre los mismos ejes que durante años han reflejado una parte incómoda de su realidad. De nueva cuenta Tamaulipas en el plano mediático nacional. La frontera y el puerto, el diésel y los tractocamiones, las aduanas y los vacíos. Esta vez, la lupa nacional se posó sobre Altamira y Reynosa, donde en apenas unos días fueron detectadas dos operaciones irregulares relacionadas con la importación de combustibles. El decomiso de un buque con diez millones de litros de hidrocarburo y el aseguramiento de más de medio millón de litros no son hechos menores. Son señales de que, en lo más profundo del sistema, algo grande ocurre.
El caso del buque detenido en el puerto de Altamira expuso una red de anomalías. De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, la embarcación descargó un material que no coincidía con lo declarado en los documentos fiscales. El diésel ingresó bajo una narrativa administrativa falsa, sin controles reales y con permisos otorgados por funcionarios cuya actuación ahora está bajo investigación. Aunque la tripulación, conformada principalmente por marinos, no habría tenido responsabilidad directa en la maniobra, las agencias aduanales y los servidores públicos involucrados ya enfrentan procedimientos administrativos y penales.
No es la primera vez que Tamaulipas se convierte en punto clave para este tipo de operaciones. Pero hoy, la más alta esfera del poder en México reconoce que el combustible entró con documentación falseada y que, al momento de su detección, ya había sido descargado en territorio nacional. Lo que revela este caso no es solo la sofisticación del contrabando, sino también las grietas por donde se cuelan los intereses ilícitos. Un barco cargado con millones de litros de diésel no es fácil de ocultar. Lo preocupante es que tampoco pareció difícil de autorizar.
Apenas unas horas después de conocerse el caso en Altamira, las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Reynosa. El resultado fue igual de significativo, el aseguramiento de 18 auto tanques cargados con aproximadamente 540 mil litros de combustible, y la detención de 18 personas. La operación conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General y Petróleos Mexicanos indica que hay una estrategia federal de contención en marcha. Pero también subraya una dinámica paralela, entre las sombras, que busca mantenerse activa, moviéndose entre la legalidad y la omisión.
Ambos casos revelan lo mismo. No hay delitos de este tamaño sin omisión, sin estructuras que facilitan, sin actores que permiten. Las importaciones ilegales de combustible afectan no solo a las finanzas públicas, sino al orden mismo de la competencia económica. Quienes venden hidrocarburos sin permisos ni regulaciones alteran el mercado, impactan la recaudación fiscal y, sobre todo, minan la confianza en el sistema aduanal del país. Y Tamaulipas, con sus puertos y cruces fronterizos, es una pieza central de ese tablero.
En este contexto, la actuación de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad federales debe valorarse como una señal de voluntad. Y también como una llamada de atención. Porque más allá de los decomisos, lo que se necesita es una revisión profunda de los procesos que permiten que un buque descargue millones de litros sin que nadie lo impida a tiempo. Se requiere transparencia en las agencias aduanales, profesionalismo en los inspectores, controles más robustos en los accesos marítimos y terrestres. Y, sobre todo, voluntad política para desarticular cualquier posible red de complicidades.
La ciudadanía tamaulipeca, que tantas veces ha sido testigo de estas irregularidades, merece saber hasta dónde llegará la investigación. Si se sancionará solo a los responsables operativos, o si se llegará al corazón del problema. Si estos dos casos serán excepciones visibles, o el principio de una limpieza más profunda en los mecanismos de comercio e importación. Porque los decomisos sirven, sí, pero no resuelven por sí solos lo que se ha venido acumulando por años.
Lejos de estos temas, pero no menos relevante para el estado, ayer se confirmó un cambio importante en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lucía Aimé Castillo Pastor dejó el cargo en medio de una escalada de tensiones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que había solicitado en reiteradas ocasiones su salida. La renuncia se interpreta como una medida necesaria para reducir la presión sindical y destrabar el diálogo con las bases magisteriales, un sector históricamente complejo, pero fundamental para la gobernabilidad.
El gobernador Américo Villarreal entregó el nombramiento al nuevo titular, el doctor Miguel Ángel Valdez García, un perfil técnico con experiencia en la educación superior y con una trayectoria que, se espera, aporte equilibrio a una dependencia que ha vivido semanas intensas. Su llegada representa un nuevo intento por reconstruir las relaciones institucionales y retomar la agenda educativa en un momento donde las demandas por infraestructura, calidad académica y condiciones laborales siguen marcando la conversación pública.
Ambos episodios, el del combustible ilegal y el de los movimientos en el gabinete, muestran que las instituciones están en revisión. No todo está resuelto, pero hay señales de que el sistema busca ajustarse.
En medio de un contexto complejo, la legalidad debe ser una constante, no una excepción. Y la confianza, un objetivo al que se llega con hechos, no solo con discursos.
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Abr 9, 2025
Diálogo, una deuda con las madres buscadoras
En México la desaparición de una persona no es solo un crimen, es una condena colectiva. Una herida abierta que cruza sexenios, geografías y gobiernos sin encontrar respuesta. En este país, los desaparecidos no se esfuman. Se los traga un sistema que, por años, ha sido incapaz de buscar con eficacia, de identificar con certeza, de garantizar justicia. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió detener el análisis legislativo de sus propias iniciativas sobre desapariciones, para abrir un canal de diálogo con las familias buscadoras. El gesto es interpretado como apertura, como voluntad de escuchar, pero también revela un punto crítico, que la reforma, como muchas otras antes, había sido diseñada sin tomar en cuenta a quienes más saben del tema. Las madres. Los colectivos. Las víctimas.
En ciudades de Tamaulipas, como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde el fenómeno de las desapariciones ha calado con fuerza en la vida cotidiana, las medidas planteadas podrían representar un cambio significativo. Colectivos de búsqueda que han trabajado durante años con recursos limitados y sin respaldo institucional podrían encontrar herramientas para fortalecer sus procesos. La posibilidad de cruzar datos entre fiscalías, integrar carpetas en una base nacional y agilizar la respuesta en las primeras horas tras una desaparición, permitiría que las acciones de búsqueda no se pierdan en la burocracia ni en la descoordinación entre autoridades.
La frontera de Tamaulipas ha sido escenario de historias lamentables, donde muchas familias han tenido que convertirse en investigadoras ante la falta de respuestas. Por eso, que estas reformas integren la experiencia de quienes han sostenido la búsqueda puede marcar la diferencia. No se trata solo de nuevas tecnologías, sino de corregir una historia de abandono. Si las propuestas se traducen en acciones concretas, podrían devolver algo de confianza a quienes han buscado entre el polvo y el miedo sin más apoyo que su determinación.
El tema no es menor. En un país con más de 115 mil personas desaparecidas, cada decisión institucional se escribe sobre una ausencia. La nueva administración busca reformar la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, planteando una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La CURP, fortalecida con datos biométricos, se convertiría en documento oficial para todos los registros administrativos. Las medidas apuntan a la tecnificación del proceso, a la coordinación entre fiscalías, al cruce automatizado de información. Este progreso había dejado afuera lo esencial, la experiencia viva de quienes buscan todos los días con las manos en la tierra.
La reacción no se hizo esperar. Colectivos de madres buscadoras levantaron la voz y exigieron no solo ser escuchadas, sino formar parte activa del diseño. Que no se legisle sin ellas. Que no se aprueben herramientas que no reflejan las verdaderas necesidades del campo. La presidenta respondió con apertura, con sensibilidad, posponiendo la discusión legislativa, anunciando una serie de reuniones a través de la Secretaría de Gobernación. Se trata, dicen, de incorporar propuestas. De fortalecer las iniciativas. De hacerlas más humanas.
En su conferencia, Sheinbaum insistió en que las desapariciones ya no provienen del Estado, sino del crimen organizado. Pero el Estado sigue siendo responsable. Las fiscalías estatales y la federal deben dejar atrás la fragmentación, debe existir una comunicación efectiva, con un sistema que permita cruzar bases de datos o identificar restos acumulados en los servicios forenses. Los colectivos lo han dicho con claridad. Se necesita que las leyes existentes se apliquen. Que se investigue desde la primera hora. Que se proteja a quienes buscan. Que se identifiquen los cuerpos. Que se actúe.
El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso la profundidad del abismo. Un lugar revisado en septiembre pasado, ignorado por las autoridades, y hoy convertido en símbolo de horror. El hallazgo de ropas y objetos personales expuso no solo la brutalidad del crimen. La desidia. La negligencia. Y fue precisamente el trabajo de las familias, de las madres, lo que forzó una segunda revisión. Fueron ellas quienes señalaron lo que nadie quiso ver.
Por eso, aunque el gesto de abrir el diálogo ha sido bien recibido, llega en un momento en que la desconfianza ya se ha instalado. No es un problema nuevo, sino el resultado de promesas incumplidas a lo largo de varios sexenios. En muchos hogares, la esperanza ha aprendido a coexistir con el escepticismo. Algunas voces dentro del poder legislativo siguen sin comprender el peso del silencio. “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, preguntó hace unos días el presidente del Senado. Una frase desafortunada que refleja, quizá sin quererlo, la distancia que aún existe entre quienes buscan respuestas y quienes deberían ofrecerlas.
La propuesta de reforma parte de premisas relevantes y de herramientas que pueden aportar al proceso. La tecnología, sin duda, tiene un lugar importante en la construcción de soluciones. Pero no basta con una base de datos, ni con una CURP fortalecida, si no se acompaña de una mirada humana, cercana y comprometida. Las madres lo han subrayado con puntualidad. Varias de las medidas propuestas ya están en la ley, pero no han sido llevadas a la práctica. El reto no es solo legislar, sino transformar esa voluntad en acciones sostenidas, con recursos, coordinación y sensibilidad. Porque en este tema, la forma también es fondo.
La presidenta ha mostrado un estilo distinto al de su antecesor. Ha reconocido la urgencia del tema. Ha leído el momento político. Ha abierto la puerta al diálogo. Pero la solución no puede venir solo desde arriba. Tiene que construirse desde abajo. Desde la escucha activa. Desde la incorporación real de las voces que han estado en la trinchera. Desde el reconocimiento de que la búsqueda de personas no es un tema administrativo, sino un drama humano.
En México, la desaparición forzada es un crimen que no descansa. Cada día que pasa sin respuesta es una revictimización. Cada cuerpo no identificado es una deuda. Cada familia que busca sola, sin apoyo, sin protección, es una derrota. La reforma, si se hace bien, puede ser un parteaguas. Pero si se hace de espaldas a las víctimas, será solo una ley más en un país lleno de normas que no se cumplen.
Por eso es crucial que las próximas reuniones no sean solo actos simbólicos. Que el canal de escucha no sea una simulación. Que las madres, las familias, los colectivos, no sean tratados como espectadores, sino como protagonistas. Porque son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han fallado. Porque son ellas quienes saben qué hace falta. Porque son ellas quienes han pagado el precio más alto.
La crisis de las desapariciones en México no se resolverá solo con un software, ni con una nueva CURP, ni con comunicados bien redactados. Se resolverá cuando el país decida mirar de frente su dolor, cuando la política deje de administrar silencios y empiece a construir respuestas. Esta vez, al menos, alguien en Palacio Nacional ha escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, la puerta no se cerró. Y ese gesto, pequeño pero inmenso, puede ser el comienzo de algo distinto.
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Abr 6, 2025
El precio de una frase
A veces, una frase basta para acabar con décadas de carrera política. No se necesita un escándalo judicial, ni una investigación oficial, ni una denuncia formal. Basta una declaración pública, un micrófono abierto, una frase mal dicha. O peor, bien pensada, malintencionada y fuera de lugar. Eso es lo que acaba de ocurrir con Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas y hasta hace unos días secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Su caída no fue por estrategia, ni por traición, ni por una elección perdida. Fue por una frase.
En plena conferencia de prensa, hablando del caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual, Cavazos Lerma pronunció una afirmación que no solo fue insensible, sino que además rompió con todo código de respeto mínimo hacia las víctimas. Dijo que primero “tienen que probarle que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos”. Una frase que se propagó como pólvora por las redes sociales, que indignó incluso a quienes no militan ni simpatizan con ninguna causa feminista y que activó, con razón, una respuesta inmediata del PRI. Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, lo removió de su cargo. Y lo hizo con una frase corta, sin margen de interpretación, pero con todo el peso político que una decisión así requiere. Lo removió porque la política ya no tolera ese tipo de machismo impune, al menos no en público.
Lo ocurrido con Cavazos Lerma no es solo un desliz, como algunos han querido minimizarlo. Es un recordatorio de que en política, hoy más que nunca, las narrativas importan. Y no solo para ganar campañas, también para sostenerse en los espacios de poder. Cavazos no es un improvisado. Economista por el Tec de Monterrey, con maestría en Londres, catedrático del ITAM, exsenador, exdiputado, exgobernador, operador electoral en múltiples estados. No se trata de un personaje accidental, ni de un advenedizo en busca de reflectores. Es, de hecho, uno de los últimos representantes del priismo clásico en Tamaulipas. Un perfil formado en la era del partido hegemónico, que entendía el poder como un ejercicio de verticalidad y cálculo.
Lo que sorprende no es que haya dicho lo que dijo. Lo que sorprende es que, con todo ese colmillo político que se le atribuye, haya sido incapaz de leer los tiempos. Que no haya entendido que los micrófonos ya no son los mismos, que los periodistas no son los mismos, que la audiencia ya no es la misma. Y, sobre todo, que las mujeres no son las mismas. Lo que antes se reía en una sobremesa o se aplaudía como “ocurrencia” en una reunión de partido, hoy puede costar la carrera. No por censura, sino por justicia.
Cavazos Lerma fue gobernador de Tamaulipas en los años noventa. Una época en la que el control del estado aún se concentraba en unas cuantas manos, donde los medios eran más obedientes y donde el poder tenía menos frenos y contrapesos. Desde entonces, su figura ha transitado por zonas grises. Hay quienes lo recuerdan como un hombre metódico, hábil, con buena formación. Otros lo asocian a episodios turbios, a señalamientos que nunca se aclararon del todo, a relaciones incómodas con sectores poco recomendables.
Entre esas sombras, ha circulado por años una versión que, aunque nunca se ha confirmado, tampoco ha desaparecido del todo. Se trata de rumores sobre presuntas relaciones inapropiadas, comentarios que se repiten en voz baja en ciertos círculos políticos de Tamaulipas. No hay denuncias, no hay pruebas, no hay expedientes abiertos. Son relatos siempre sugeridos, nunca confirmados, que sobreviven en el margen entre la sospecha y el rumor, el secreto a voces. Pero la narrativa está ahí, flotando, como una deuda pendiente con la opinión pública, que el propio exgobernador ha desenterrado con sus declaraciones.
Tal vez por eso su declaración sobre el caso Cuauhtémoc Blanco fue tan mal recibida. No solo fue insensible, también pareció una provocación. Una imprudencia, viniendo de alguien que debería ser más cuidadoso. Porque en política, lo que se dice puede arrastrar también lo que se calla. Y en su caso, lo dicho revivió lo insinuado. Lo que por años se comentó en pasillos, en sobremesas, en columnas discretas, hoy volvió a escena. Y esta vez, con el viento en contra.
La defensa de Cuauhtémoc Blanco, además, no tenía justificación estratégica. No era necesario. No lo une una trayectoria política, ni una causa común, ni siquiera una lealtad partidista. Cavazos decidió involucrarse por iniciativa propia, como si buscara un lugar en la conversación pública. Y lo logró, aunque no como esperaba. No fue una defensa, fue un autogol. Y no fue una jugada, fue un descuido fatal.
En la política de hoy, los misóginos apestan. Y no solo en la política, también en la academia, en los medios, en las empresas. El cambio cultural avanza, aunque sea lento. Ya no es admisible disfrazar la violencia de chiste, ni justificar el abuso con argumentos cínicos. El poder, si quiere sobrevivir, debe aprender nuevos lenguajes. Y también nuevas reglas. Esta caída de Cavazos Lerma es el ejemplo más reciente de esa transformación. Y es, quizás, la más simbólica en un estado donde el priismo aún conserva algunas islas de influencia.
Para quienes conocen la trayectoria de Cavazos, esto no es solo una anécdota. Es un giro amargo para alguien que parecía haber encontrado un segundo aire como operador nacional del PRI. Su experiencia era valorada en campañas, sus análisis aún eran consultados. Pero en un momento, una frase lo desconectó de todo eso. La política también enseña. Y tal vez esta lección le llegue tarde.
Habrá quien diga que fue exagerado, que fue un error humano. Pero lo que ocurrió revela algo más profundo. Hay figuras que no logran adaptarse a los nuevos tiempos. Que siguen hablando como si aún gobernaran solos, como si nada hubiera cambiado. Y no se dan cuenta de que la sociedad sí cambió, que ya no perdona con tanta facilidad, que ya no calla ante el abuso ni el desprecio. Que ya no aplaude la grosería disfrazada de picardía.
Cavazos Lerma quiso volver a escena. Quiso levantar la voz y demostrar que aún tenía algo que decir. Lo hizo, pero el resultado fue otro. Se convirtió en tendencia en redes, pero no por su visión, sino por su falta de sensibilidad. No por un legado político, sino por su retroceso. La historia no siempre da segundas oportunidades. Y cuando las da, hay que saber usarlas. Porque a veces, una sola frase basta para escribir el final de una carrera.
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Abr 2, 2025
Reynosa bajo el agua; Reynosa de pie
El agua cayó sin tregua sobre Reynosa el 27 de marzo. En menos de tres horas, una ciudad entera se transformó en un espejo de lodo, escombros y angustia. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales esa tarde parecían tomadas de otro tiempo, de otro país, de una catástrofe distante. Pero no. Era aquí. Eran las avenidas principales convertidas en ríos, los coches arrastrados como juguetes, las casas inundadas hasta el pecho, los niños en brazos de sus madres cruzando calles con el agua al cuello. Era Reynosa, una vez más al límite.
La tormenta desbordó en un tiempo récord los canales Rodhe y Anzaldúas, arterias que atraviesan la ciudad y que colapsaron bajo la presión de una lluvia inusual por su intensidad, pero no por su impacto. El agua no solo inundó las calles, también se metió en los hogares, en las aulas, en los comercios. La Secretaría de Educación estatal suspendió todas las clases hasta el 1 de abril, con el fin de evaluar los daños en cada escuela. Pero mientras los destrozos se evaluaban, los ciudadanos actuaban.
Desde los primeros minutos, cuando las imágenes de las calles anegadas comenzaron a aparecer en los celulares, una oleada distinta se extendió por toda la ciudad. No era agua, era solidaridad. En medio del caos, desconocidos se convertían en aliados, ofreciendo su ayuda para rescatar a quienes habían quedado atrapados. Un padre cruzaba nadando el bulevar Hidalgo para salvar a su hijo. Un hombre cedía su lancha para evacuar a vecinos aislados por la crecida. Hombres con cuerdas improvisadas formaban cadenas humanas para sacar autos varados. En un Seven Eleven, cuyo techo colapsó por la fuerza de la tormenta, los trabajadores lograron salir con vida gracias a la reacción de quienes estaban cerca. Alumnos del Cetis 71 y del Cobat 7 tuvieron que dormir en la escuela. Volver a casa fue imposible, pero hubo quienes llegaron con cobijas y comida. Estas escenas, grabadas, compartidas y replicadas, son las que quedarán en la memoria colectiva. Porque en Reynosa, cuando el agua lo arrasa todo, la gente responde con lo mejor de sí. Y cuando todo parece perdido, la ciudad vuelve a demostrar que su mayor fuerza está en su gente.
En la colonia Voluntad y Trabajo, un hombre intentó destapar una alcantarilla para permitir que el agua bajara. Lo hizo por instinto, por urgencia, por comunidad. La corriente lo succionó. Se lo llevó. El cuerpo fue hallado al día siguiente en el canal donde desemboca el drenaje pluvial. La ciudad lo lloró en silencio. No era un político, no era un funcionario, era un ciudadano que intentó ayudar y que perdió la vida por una infraestructura que no resiste. Esa muerte no fue solo una pérdida, fue una acusación muda contra un sistema que no previene, que no mantiene. Una acusación, también, contra quienes, con descuido cotidiano, convierten las calles en basureros y alimentan el colapso cada vez que llueve.
Las autoridades han hablado de lluvias atípicas, de fenómenos extraordinarios. Pero en Reynosa, como en muchas otras ciudades del país, lo extraordinario se ha vuelto rutinario. Cada año, cada temporada de lluvias, se repite el mismo ciclo. Calles convertidas en canales, hogares convertidos en presas, vidas paralizadas por la falta de drenaje, de planificación, de respuesta. La naturaleza descarga su furia, sí, pero la omisión humana hace el resto. Las lluvias no matan, matan la negligencia, destruye la indiferencia, el abandono.
Las redes sociales, tantas veces escenario de polarización, esta vez sirvieron como canal de ayuda y de esperanza. Bajo los hashtags de la tragedia, circularon también las manos extendidas. “Entre lodo y escombros, así se ve la esperanza”, escribió El Mañana de Reynosa en Facebook. Y era cierto. Las fotografías mostraban a personas barriendo la calle, vehículos destruidos por la inundación, basura acumulada por la corriente del agua, muebles empapados y destruidos, cocinas llenas de lodo; retratos de la vida cotidiana apagándose.
Vimos también en redes la otra cara de la tragedia. La del esfuerzo silencioso, la del corazón en alto. Una ciudad reconstruyéndose con las uñas y con el alma. Porque en Reynosa, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a volver a empezar. Reinventarse, rehacerse, reiniciar, resistir; eso es Reynosa. Levantarse y continuar.
Hoy Reynosa tiene algo más que lodo. Tiene memoria. Y esta inundación, como otras antes, quedará marcada en su historia no solo por el agua que arrasó, sino por la dignidad de quienes la enfrentaron. Porque esta ciudad, tantas veces estigmatizada por la violencia, por el abandono, por la crisis migratoria, es también una ciudad de resistencia. Una ciudad donde la gente sale a barrer su calle aunque no haya nadie que lo pida. Donde se tienden lazos, no porque haya cámaras o recompensas, sino porque es lo correcto.
El río Bravo, mientras tanto, se encuentra lleno. Las zonas cercanas al cauce viven en estado de alerta. Las lluvias podrían volver, y con ellas, el temor de que lo que ya ocurrió se repita con mayor fuerza. Familias enteras vigilan el cielo con ansiedad, no como un fenómeno meteorológico, sino como una amenaza. Y esa incertidumbre se suma a una lista de angustias que ya eran largas. La preocupación no debería centrarse únicamente en el pronóstico del clima, sino en el estado del sistema de drenaje, en la limpieza de los canales, en la capacidad de respuesta de las autoridades, en los recursos disponibles para mitigar y prevenir.
Porque si algo quedó claro es que el primer frente de respuesta no vino desde los escritorios. Vino desde la calle, desde los vecinos, desde los anónimos. Reynosa se ayudó a sí misma. Fue una mano tendida desde Reynosa para Reynosa. Esa mística, esa magia, no se improvisa. Nace de la experiencia, de la adversidad, de años aprendiendo a vivir con poco, con miedo, pero también con mucho corazón y un enorme coraje. Con ganas de salir adelante frente a todo.
Ahora, mientras se calcula el costo de los daños, mientras se activan protocolos y se hacen diagnósticos, hay una lección que no puede pasar desapercibida. La tragedia no solo fue el agua, fue la desprotección. No basta con esperar a que la lluvia cese. Hay que garantizar que no vuelva a golpear con la misma fuerza, que no arrase con la misma facilidad, que no cobre las mismas vidas.
La ciudad necesita mucho más que limpieza. Necesita planes hídricos sostenibles, inversiones reales en infraestructura pluvial, campañas permanentes de concientización y una cultura de prevención que involucre a todos. Porque no se puede seguir esperando que la solidaridad lo resuelva todo. Porque la próxima vez podría no haber tiempo para reaccionar.
Pero hoy, a pesar del lodo, del dolor, de las pérdidas, hay algo que permanece. La certeza de que Reynosa no se rinde. Que incluso en medio de una ciudad anegada, donde la lluvia borra los caminos, la gente sigue caminando. Con escoba en mano y con el corazón entero.
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Mar 30, 2025
Niñez en la mira
A los 16 años, la vida apenas comienza. Sin embargo, en Tamaulipas, también puede terminar en una brecha, en medio de un enfrentamiento con la policía o con militares, empuñando un arma que no se debería haber tocado jamás. Eso ocurrió recientemente en Río Bravo, donde un adolescente perdió la vida tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Estatal. De acuerdo con las autoridades, formaba parte de un grupo criminal que agredió a los oficiales. La escena no es inédita, pero cada vez es más frecuente. La infancia en esta región del país está bajo asedio. Los padres de familia, los tutores, son la primera línea para evitarlo.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha reconocido públicamente que al menos el diez por ciento de las actividades del crimen organizado involucran a menores de edad. Más de mil doscientos jóvenes han sido detenidos en flagrancia por delitos como homicidio, tráfico de drogas y lesiones. La Fiscalía General del Estado ha documentado estas detenciones en treinta de los cuarenta y tres municipios de la entidad, lo que revela una dispersión territorial amplia, no confinada a zonas tradicionalmente conflictivas.
Lo alarmante es la concentración de estos casos en ciertos municipios clave. Siete de ellos, entre los que destacan Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, concentran más del noventa por ciento de los jóvenes detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado. No es casualidad. Se trata de zonas con fuerte presencia de grupos delictivos, rutas de tráfico y una base social vulnerada por la pobreza, la marginación y la ausencia de la familia. En estos espacios, el crimen no solo se infiltra, sino que seduce, ofrece una narrativa de poder, pertenencia y dinero que resulta atractiva para quienes tienen poco o nada.
Los números no mienten. Mil cincuenta y nueve de los jóvenes detenidos eran hombres y ciento cincuenta y cuatro eran mujeres. Una proporción de cuatro a uno que también habla de los roles que la delincuencia asigna a sus integrantes más jóvenes. Mientras los hombres suelen ser reclutados para tareas operativas, las mujeres son utilizadas en labores de logística, transporte o como señuelo. La desigualdad también se manifiesta en la manera en que el crimen utiliza los cuerpos y las vidas de los adolescentes.
Una investigación conjunta de la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano señala que al menos ciento cuarenta y cinco mil niños y adolescentes en el país están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos. Es una cifra escalofriante, y sin embargo, parece no provocar el debate nacional que merece. En el norte del país, en especial en Tamaulipas, esta amenaza es ya una realidad consumada. Reynosa, por ejemplo, ha sido señalada como el municipio con mayor incidencia de reclutamiento infantil por parte del crimen organizado, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación.
Las rutas del reclutamiento no siempre comienzan con una pistola apuntando a la cabeza. El informe de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos detalla un modus operandi que incluye vigilancia previa, selección de víctimas, seducción mediante videojuegos, engaños e incluso la promesa de una vida mejor. A veces hay amenazas, a veces no. A veces hay armas, otras veces solo promesas. Pero el resultado es el mismo: un menor de edad atrapado en la maquinaria criminal, con pocas posibilidades de salida.
El caso del adolescente abatido en Río Bravo lo ilustra con crudeza. No solo fue reconocido por las autoridades como parte de un grupo armado, sino que incluso ese mismo grupo lamentó su muerte y lo despidió en redes sociales como si se tratara de un héroe. La pregunta relevante no es por qué estaba ahí, sino cómo llegó a estarlo. Qué condiciones empujaron a ese adolescente a empuñar un arma en lugar de cargar una mochila con libros. Quiénes lo dejaron a la deriva para tomar un mal camino.
La narrativa del crimen también seduce desde la simbología, la música, el falso poder y la idea de pertenecer a algo. En un entorno donde la familia se esfuma, los grupos delictivos llenan ese vacío con un discurso atractivo para los jóvenes que se sienten solos, frustrados o desamparados.
La respuesta comienza en casa. Ninguna política pública será suficiente si en el núcleo familiar se descuida la formación, el afecto y la vigilancia cotidiana. El papel de madres, padres y tutores es insustituible. Son ellos quienes deben estar atentos a los cambios en el comportamiento de sus hijas e hijos, saber con quién se relacionan, en qué emplean su tiempo y qué tipo de influencias los rodean. No se trata de ejercer control desde el miedo, sino de construir vínculos sólidos, de confianza y comunicación. En un entorno donde el crimen acecha desde la esquina, desde la pantalla o desde la escuela, la familia debe ser el primer muro de contención. Porque si ese muro falla, todo lo demás llega tarde.
La violencia ha trastocado el presente y el futuro de miles de niños en México. Algunos han sido víctimas, otros victimarios y muchos ambos. La frontera entre ambos roles se borra en medio de la impunidad y la falta de atención. La niñez se ha convertido en un terreno de disputa entre la esperanza y el miedo. El crimen ha demostrado su capacidad para infiltrar todos los espacios posibles, incluso las infancias. Debemos trabajar todos por recuperar ese terreno antes de que sea demasiado tarde.
Los datos están ahí. Mil doscientos jóvenes atrapados en actividades criminales en solo un año, con un promedio de más de tres casos diarios. Cientos de familias marcadas por el dolor, por la pérdida, por el estigma. Una sociedad que observa en silencio cómo la infancia se militariza, se criminaliza o se pierde.
Prevenir el reclutamiento infantil debe ser una prioridad. No solo por razones morales o legales, sino porque de ello depende el futuro del país. Cada niño que se incorpora al crimen es una derrota colectiva. Cada adolescente que cae en un enfrentamiento armado es una señal de que algo muy profundo está roto. Y cada vida arrebatada debería ser un recordatorio de que no hay tiempo que perder.
Imagen: Gaceta UDG
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Mar 26, 2025
Elección judicial: perfiles, relaciones y la operación
Las boletas ya están en proceso de impresión. El pasado 15 de marzo, el IETAM inició la producción de actas y boletas para una de las elecciones más singulares que vivirá Tamaulipas, la del Poder Judicial. El 1 de junio de 2025, la ciudadanía tamaulipeca elegirá, por voto directo, a quienes ocuparán cargos como magistrados, jueces de primera instancia y otras posiciones clave del sistema de justicia local. Un ejercicio histórico que pone a prueba no sólo la madurez democrática del estado, sino también la capacidad de la ciudadanía para participar de forma informada en un proceso técnico y, hasta ahora, muy poco conocido. Y por qué no decirlo, a muy pocos sectores de la población les interesa.
Los cargos en disputa no son menores. Están en juego las magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, la Magistratura Supernumeraria, las magistraturas regionales, jueces de primera instancia, jueces menores y hasta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. La geografía electoral para este proceso es muy compleja, 43 consejos municipales y 15 distritales serán instalados para organizar los comicios. Seis regiones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 15 distritos judiciales, cinco de ejecución penal, seis del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y seis regiones de Tribunales Laborales conforman el entramado territorial.
Sin embargo, más allá del andamiaje institucional, hay un hecho que no pasa desapercibido, muy pocos de los aspirantes son personajes visibles entre la sociedad tamaulipeca. Salvo algunas excepciones, se trata de nombres que no figuran en el imaginario público, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿qué tan informados votarán los ciudadanos?
El periodo de campaña arranca el 30 de marzo y concluye el 28 de mayo. Pero en esta contienda no basta con desplegar mensajes en redes sociales o contratar espacios publicitarios, ser entrevistados por medios de comunicación. La operación territorial será determinante. En un proceso donde la difusión institucional apenas empieza a caminar, quien tenga estructura, amigos y capacidad de movilización tendrá la ventaja.
Ser simpático, conocido o al menos tener quien lo recomiende, no contará menos que tener un expediente impecable. La figura de algunas abogadas y abogados, no siempre es la más relajada. Lo que nos recuerda que para tener amigos, hay que ser amigo. Y esas relaciones están por capitalizarse en las urnas.
Los topes de gasto reflejan la seriedad de la contienda. En Tamaulipas, quienes busquen cargos como magistrados o jueces de instancias superiores podrán gastar hasta 954 mil pesos; los aspirantes a jueces de primera instancia, hasta 63 mil. Cifras superiores incluso a las que establece el Instituto Nacional Electoral para jueces federales. La cifra revela que esta es una contienda real, con reglas, dinero y una estructura que exige estrategia. Y por tanto, con riesgos.

A siete días del inicio de la campaña judicial, más valdría tener ya un plan muy bien definido de cómo conseguir votos para el 1 de junio.
A la par de la formalidad jurídica y la evaluación de méritos, esta elección pone sobre la mesa las interrogantes políticas, ¿qué papel jugarán los partidos, aunque se trate de una elección no partidista? ¿Intervendrán los alcaldes, sobre todo en municipios grandes o cabeceras de distrito? ¿Habrá presión desde los poderes locales o respaldo abierto a ciertos perfiles?
El proceso es nuevo, pero las reglas de la política tamaulipeca no lo son. La elección directa de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía se presenta como un avance democrático inédito, una ruptura con la tradición del dedazo y las designaciones opacas. Sin embargo, esta apertura también representa un campo fértil para que viejas estructuras intenten adaptarse y sobrevivir. En una tierra donde los equilibrios de poder suelen construirse en las sombras, el riesgo de que la elección judicial se convierta en una nueva arena de clientelismo y favores no es menor.
La boleta electoral traerá consigo nombres, pero también relaciones. Detrás de cada aspirante habrá trayectorias profesionales, pero también alianzas políticas, padrinazgos, influencias y capitales invertidos. Que el pueblo elija no garantiza, por sí mismo, una justicia más justa. Si no se acompaña de mecanismos de fiscalización rigurosos, de una prensa libre y de una ciudadanía vigilante que cuestione, esta elección podría convertirse en una simple pasarela para que los mismos actores de siempre ahora se pongan una toga, o para que poderosos intereses coloquen a sus alfiles en el tablero, y así, disponer de un sistema de procuración de justicia y usarlo a su favor.
Mucho dependerá de la transparencia del proceso, de la vigilancia activa de los actores sociales y del compromiso ético de los propios candidatos. Quienes aspiren a estos cargos deberán entender que no basta con cumplir el perfil técnico, exhibir experiencia o mostrar conocimiento jurídico. También deberán explicar con claridad cómo financiarán sus campañas, a quién representan realmente y cuál será su postura frente a la presión política o económica que inevitablemente acompaña al poder judicial.
Con la boleta en camino y las campañas por iniciar, Tamaulipas se adentra en un experimento institucional sin precedentes. Elegir a quienes impartirán justicia no es un acto menor. Será una prueba para la madurez democrática de la entidad y una oportunidad para corregir el rumbo de una justicia históricamente marcada por la opacidad. Pero también será una muestra de que el mérito, por sí solo, nunca ha sido suficiente. En esta elección, como en muchas otras, también contará saber cómo llegar, con quién hacerlo y cuánto se está dispuesto a gastar para lograrlo.
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Mar 23, 2025
Reclutamiento infantil: el crimen que sigue creciendo en silencio
En México, los grupos del crimen organizado han encontrado una veta cada vez más extendida para alimentar sus estructuras: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA). La práctica no es nueva, pero su normalización, impunidad y extensión en zonas de alta violencia revela un fenómeno alarmante y profundamente arraigado. El país no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino una fractura ética que pone en riesgo el presente y futuro de generaciones enteras. En este contexto, la Secretaría de Gobernación ha dado a conocer un instrumento clave para entender el problema y buscar soluciones articuladas: el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos.
Este estudio, elaborado desde la Dirección de Atención a Grupos en Riesgo, ofrece una radiografía del fenómeno, con una visión que articula factores estructurales, contextuales y delictivos. El objetivo es claro: identificar patrones, entender los factores de riesgo y construir propuestas de intervención que permitan frenar la captura de menores por parte del crimen organizado. La investigación no solo ofrece datos duros y georreferenciación de municipios críticos, también expone las rutas del delito, los grupos que operan en 18 entidades prioritarias, y plantea líneas de acción desde la prevención, la normatividad, la atención integral y la procuración de justicia.
Tamaulipas forma parte de esta lista de entidades con mayor riesgo de reclutamiento. La frontera, los altos niveles de violencia, la presencia de cárteles y la debilidad institucional generan condiciones para que adolescentes sean utilizados como informantes, halcones, mensajeros o sicarios. Lo mismo ocurre en regiones de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Baja California, donde el deterioro del tejido social convive con altos niveles de impunidad y abandono institucional. El reclutamiento infantil no se reduce a un problema de seguridad: es una violación directa a los derechos fundamentales de la niñez.
El mecanismo propuesto también llama a conformar un grupo intergubernamental con participación de academia, sociedad civil, iniciativa privada y medios de comunicación. La idea es clara: sin una estrategia integral y coordinada, no será posible frenar una práctica que vulnera la dignidad, libertad e integridad de miles de menores. Lo que está en juego no solo es la ley, es el pacto social más básico: proteger a quienes no tienen aún ni edad para defenderse.
Mecanismo_Estrategico_del_Reclutamiento_y_Utilizacion_de_NNA Descarga
Mar 22, 2025
La tormenta económica que se avecina
La recesión ya no es una hipótesis, es un diagnóstico adelantado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha encendido las alarmas, si los aranceles de 25% que Donald Trump ha prometido aplicar a México entran en vigor en abril, la economía mexicana sufrirá una contracción del 1.3% en 2025 y del 0.6% en 2026. Entre los países del G20, México es uno de los más afectados por la guerra comercial.
El golpe será demoledor. En un país donde el 80% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, encarecer los productos mexicanos equivale a desajustar la estructura misma de la economía. La OCDE ha recalculado sus proyecciones en apenas tres meses, asumiendo que este nuevo muro comercial alterará las reglas de juego. La clave del problema no está solo en las tarifas, sino en la incertidumbre.
Tamaulipas se encuentra en una posición especialmente vulnerable. Como uno de los cinco principales estados exportadores del país, con un comercio exterior de 34 mil millones de dólares en 2024, la entidad depende del flujo constante de bienes hacia Estados Unidos. La manufactura, la industria maquiladora y la logística transfronteriza son ejes de su economía, pero con las nuevas tarifas, la competitividad de estos sectores se verá comprometida. Las empresas que operan en la frontera podrían enfrentar costos más altos, tiempos de entrega más largos y una incertidumbre que frena las inversiones.
En ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde una parte importante de la actividad económica está ligada al comercio exterior, el riesgo es aún mayor. La industria automotriz, de autopartes y la manufactura electrónica podrían ser las primeras en resentir la crisis, con ajustes en producción y potenciales despidos. La tensión también se trasladará al sector logístico, ya que Tamaulipas es la puerta de entrada para miles de camiones que cruzan diariamente a Texas. Si la economía del estado desacelera, el impacto será inmediato en el empleo y en la estabilidad de cientos de empresas que dependen de la exportación. El estado, que por su ubicación estratégica ha sido una pieza clave del comercio con EE.UU., se encuentra en la primera línea de esta tormenta comercial.
En tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum se aferra a la posibilidad de que la amenaza no se concrete. La mandataria ha insistido en que los decomisos de fentanilo han disminuido y en que México no aplica aranceles a Estados Unidos, lo que en teoría debería frenar la imposición de represalias comerciales. Recordemos que el pasado viernes afirmó que, si de todas maneras Estados Unidos decidía poner tarifas en ciertos productos, su gobierno tomaría medidas de manera recíproca.
Pero el daño ya está hecho. La sola posibilidad de los aranceles ha paralizado inversiones, ha encarecido planes de expansión y ha puesto a las empresas en modo de supervivencia.
Las consecuencias no se limitan al PIB. La OCDE también advierte que la inflación en México permanecerá elevada, alcanzando el 4.4% en 2025 y el 3.5% en 2026, cifras más altas de lo proyectado hace apenas unos meses. El encarecimiento de los productos importados y la caída en la producción nacional generarían un círculo vicioso en el que los precios subirían, pero el crecimiento se estancaría.
El impacto en el empleo será inmediato. La incertidumbre ahuyenta inversiones y paraliza decisiones de contratación. Sectores como el automotriz y el de autopartes, que dependen de la integración con Estados Unidos, enfrentan un dilema, asumir los costos o trasladarlos a los consumidores. Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas, no deja margen para la duda: «La economía mexicana ya estaba en apuros y los nuevos aranceles podrían hundir al país en una profunda recesión».
La OCDE plantea dos escenarios. En el primero, la guerra comercial escala y México enfrenta un periodo prolongado de contracción económica. En el segundo, se logra una negociación en el marco del T-MEC que atenúa el impacto de los aranceles. Pero incluso en este último caso, el crecimiento proyectado sigue siendo mediocre, 0.1% en 2025 y 0.8% en 2026.
México no puede permitirse entrar en una guerra de represalias, pero tampoco puede quedarse inmóvil ante un castigo económico unilateral. La próxima ronda de negociaciones será decisiva para definir si el país logra contener la crisis o si, como anticipa la OCDE, enfrenta su primera recesión en una década.
La economía se mueve entre la cautela y el miedo. ¿Trump provocará un nuevo giro de última hora o se desatará la tormenta económica en ambas naciones?
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Publicado en El Mañana de Reynosa
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Mar 19, 2025