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Donald Trump

  • La frontera de los sueños rotos

    Las fronteras, cuando se observan desde el poder, parecen líneas estratégicas. Pero cuando se viven desde abajo, se sienten como muros mentales, como heridas abiertas. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está revelando una cara cada vez más cruda y desconectada de la realidad. No es solo el endurecimiento de la ley, es la corrosión del alma humana que genera. Migrar, para miles de personas, ha dejado de ser una esperanza y se ha convertido en una carga emocional tan profunda que algunos deciden volver, aunque eso implique regresar a los mismos infiernos de los que huyeron.

    El testimonio de organizaciones como “Ayudándoles a Triunfar”, que trabajan directamente con migrantes en la frontera de Tamaulipas, expone una dimensión que pocas veces se incorpora en el debate político: la salud mental. La angustia, el miedo, la desorientación, son ahora parte del equipaje que traen consigo quienes huyen de sus países. Gladys Cañas Aguilar, presidenta de esta asociación, ha sido clara, lo que más golpea a los migrantes no es solo el rechazo en la aduana o el endurecimiento de las redadas, sino el pánico constante que ya se incrustó en su día a día.

    En Matamoros, por ejemplo, ya no se habla solo de esperanza, sino de rendición. Hay migrantes que deciden autodeportarse. No lo hacen porque encontraron mejores opciones en sus países. Lo hacen porque no pueden más. Porque el sistema migratorio norteamericano los ha llevado al límite emocional. Esta decisión de regresar a la incertidumbre, al riesgo o a la pobreza, no nace de la razón. Nace de la desesperación. En muchos casos, es una forma de salvar lo que queda de su dignidad.

    Estados Unidos tiene, por supuesto, el derecho soberano de cuidar sus fronteras. Eso no está en discusión. Pero cuando la soberanía se convierte en una muralla insensible, cuando los procedimientos pierden toda noción de humanidad, y se convierten en mensajes agresivos, el problema deja de ser jurídico y se convierte en ético. Las decisiones recientes, como el uso de vehículos con placas mexicanas en redadas, pueden parecer detalles logísticos. Pero en realidad siembran confusión y aumentan el miedo. Es como si la cacería ya no respetara ni siquiera el sentido básico de lo que es justo.

    Lo que está en juego es más que la legalidad de una política. Está en juego el tipo de sociedad que se quiere construir. Una que levanta muros cada vez más sofisticados, o una que entiende que ningún país se construye cerrando puertas. Los migrantes no son una amenaza. Son parte de la fuerza laboral que sostiene, en muchos casos de manera invisible, sectores enteros de la economía estadounidense. Agricultura y servicios. Sin ellos, muchas actividades no funcionarían. Pero en lugar de reconocimiento, lo que reciben es persecución.

    Mientras en la Casa Blanca se discuten prohibiciones y nuevas órdenes ejecutivas, en la frontera mexicana se sienten los ecos. Y no es solo un problema de los migrantes. Lo es también para las comunidades del norte de México, que están viendo crecer, sin herramientas suficientes, una población flotante que no puede ir ni regresar. Trump decide en Estados Unidos, pero el impacto lo absorbe en gran parte nuestra frontera. La contención migratoria en territorio mexicano ha generado nuevos retos para gobiernos locales que no tienen ni el presupuesto ni la infraestructura para atenderlos.

    La política migratoria, al volverse más agresiva, también se ha vuelto más contradictoria. Por un lado, se implementan redadas más duras. Por otro, se cierran las puertas de asilo. Y al mismo tiempo, se reconoce que muchos migrantes son indispensables para la economía. Esa lógica disfuncional es la que está produciendo efectos colaterales de largo plazo, como la fragmentación social, aumento de vulnerabilidades y una sensación cada vez más extendida de que el sistema ha dejado de tener sentido.

    Estamos en medio de un capítulo inédito de la historia; Estados Unidos está dejando de ser un sueño, una esperanza para quienes antes veían el norte como la solución laboral o de ingresos para sus familias, esa derrota hoy se ve como una desesperanza creciente en nuestro país y en toda Latinoamérica. 

    México no es responsable del diseño de esa política, pero sí está en medio de sus consecuencias. Y aunque el gobierno federal ha evitado un discurso confrontativo, las señales están ahí. La presión para contener migrantes en el sur, los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad fronteriza, y la falta de filtros de revisión realmente eficaces, están creando una mezcla que tarde o temprano estallará en forma de crisis humanitaria.

    No se trata de culpar a nadie. Se trata de entender que estamos en un punto de inflexión. El futuro inmediato no pinta fácil ni para los migrantes ni para los gobiernos. El retorno forzado de personas a países con violencia estructural o sin garantías básicas es, en muchos casos, una condena. Pero mantenerlos varados, sin acceso a servicios ni estatus definido, también lo es. Y Tamaulipas, como frontera viva, está justo en el centro de esa tensión.

    Lo que dicen los informes, lo que denuncian las organizaciones y lo que se percibe en las calles de Matamoros o Reynosa no puede seguir ignorándose. La salud mental de los migrantes está quebrándose. En internet se ven imágenes de fronteras como la de Tijuana, donde muchos caen en los vicios y las drogas, perdidos, abatidos, golpeados, derrotados por un sistema en el que parecen ser hijos e hijas de nadie.

    Y eso es un reflejo de que el sistema migratorio también lo está. La pregunta ya no es si Estados Unidos debe o no permitir más migrantes. La pregunta es si puede seguir tratando este tema como una guerra interna cuando lo que hay enfrente son personas que solo quieren vivir.

    En el debate global las políticas migratorias se están convirtiendo en un espejo de nuestras contradicciones. Pedimos legalidad pero ignoramos la urgencia humanitaria. Reclamamos orden pero sembramos caos. Hablamos de soberanía pero olvidamos la responsabilidad compartida. El endurecimiento de la frontera puede frenar el paso de cuerpos, pero no detiene la desesperación de quienes cruzan con el alma en ruinas.

    Y en medio de todo esto, está la frontera norte de México, recibiendo sin reclamar, absorbiendo sin pensar en el colapso, y sosteniendo un problema que nadie quiere asumir. Los gobiernos cambian. Las elecciones pasan. Pero la ruta migrante sigue ahí, más viva y más herida que nunca.

  • Después del tratado

    Donald Trump volvió a poner en duda lo que hasta hace poco parecía incuestionable. Este martes dijo que ya no sabe si el T-MEC es necesario. Lo dijo frente al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca. Lo dijo mientras los tres países aún se preparan para evaluar la continuidad del acuerdo que, desde 2020, rige la integración económica de América del Norte. No es la primera vez que Trump dinamita el terreno desde donde habla. Pero esta vez, sus palabras resuenan con más fuerza, porque llegan justo cuando la economía de Estados Unidos muestra signos de desaceleración y cuando la ofensiva arancelaria que ha impuesto empieza a alterar los flujos comerciales globales.

    En este escenario, el  dato es contundente. A pesar de los nuevos aranceles, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 15.4 por ciento en marzo, según la Oficina del Censo, un crecimiento que supera al de Canadá y contrasta con la caída registrada por China. México exportó casi 48 mil millones de dólares ese mes, consolidándose como el principal socio comercial de Estados Unidos, con una participación de 14.6 por ciento. Es una cifra que sorprende, pero que también debe leerse con cautela. Porque si bien los números son buenos, no lo es el contexto.

    Desde el 4 de febrero, Estados Unidos aplica un arancel del 25 por ciento a todos los productos mexicanos que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC. Además, el 12 de marzo se impuso el mismo arancel a importaciones de acero, aluminio y sus derivados. El propio Fondo Monetario Internacional advirtió que este clima proteccionista eleva el riesgo de recesión en Estados Unidos a un 40 por ciento. México, en este contexto, ya enfrenta una revisión a la baja de su crecimiento. De acuerdo con el FMI, el país podría entrar en recesión este año, con una contracción del PIB de 0.3 por ciento, muy lejos del 1.4 por ciento que se proyectaba hace solo tres meses.

    ¿Qué significa todo esto para Tamaulipas? Mucho. Porque Tamaulipas no es una nota al calce del comercio con Estados Unidos. Es frontera, es industria, es logística. En ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, la economía se ha construido sobre la base de un modelo exportador profundamente vinculado al mercado estadounidense. Lo mismo ocurre en los puertos de Altamira y Tampico, que sirven como nodos estratégicos para las cadenas de valor global. Cualquier alteración en esta dinámica tiene repercusiones directas en la planta productiva local, en el empleo y en las decisiones de inversión.

    Dos buenas noticias por ahora: uno, las exportaciones mexicanas han resistido; dos, se mantiene la exención de los aranceles a las autopartes y componentes con ‘ADN gringo’. 

    Parte del repunte de las exportaciones se debe al adelanto de embarques para evitar el impacto de los aranceles. Pero también hay detrás una inercia productiva que sigue siendo fuerte. La mala noticia es que la volatilidad no ha terminado. Trump ha dicho que no necesita firmar acuerdos. Que los demás países son los que necesitan acceso al mercado estadounidense. Y esa narrativa no solo es retórica, está guiando las decisiones de su administración. Las señales son claras. Hay un giro hacia el proteccionismo, una presión creciente sobre las reglas del T-MEC y una incertidumbre que se cierne sobre el futuro inmediato.

    En este contexto, no basta con exportar más. Los expertos dicen que hay que pensar estratégicamente. México necesita acelerar su transición hacia un modelo que combine integración con diversificación. Y Tamaulipas debe estar en esa primera línea de transformación. Porque si algo ha quedado claro en los últimos meses es que depender de un solo mercado es un riesgo. Las decisiones de una sola persona, por más poderoso que sea su cargo, no deberían tener la capacidad de poner en jaque el desarrollo de toda una región.

    Por eso cobra sentido el discurso que desde hace tiempo insiste en fortalecer el mercado interno, en buscar nuevos socios globales, en fomentar cadenas de valor regionales más robustas. Pero esos objetivos no se alcanzan con mensajes políticos. Se logran con política industrial activa, con infraestructura moderna, con educación técnica pertinente, con incentivos bien diseñados. Tamaulipas, con su vocación exportadora, tiene la oportunidad de ir más allá del ensamblaje y del cruce de mercancías.

    Lo que ocurre hoy con los aranceles es una advertencia. No porque el comercio con Estados Unidos vaya a desaparecer, sino porque puede cambiar de forma. Y si México no se adapta, sí Tamaulipas no se prepara, el golpe será mayor. Lo que debe hacerse es claro. Reducir la vulnerabilidad externa. Diversificar mercados. Aprovechar las tensiones globales para ofrecer al mundo una plataforma de producción confiable, eficiente y estable. Y al mismo tiempo, mirar hacia adentro. Potenciar el consumo interno. Fortalecer la economía local. Hacer que las exportaciones no sean la única vía de desarrollo.

    Frente a la política incendiaria y la incertidumbre, México debe mantener la línea de responder con inteligencia. 

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    Imagen: El CEO

  • El hilo que sostiene la inversión

    En Tamaulipas, hablar de economía es hablar de movimiento. De cadenas logísticas que recorren de norte a sur, de parques industriales que dan empleo a miles, de puertos que enlazan al país con el mundo. Es hablar de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira y Tampico. Ciudades que viven del comercio exterior, de la manufactura, de la inversión. Por eso, cuando el entorno internacional se agita, aquí se resiente. Y en estos días, los temblores vienen de muchas direcciones.

    El Fondo Monetario Internacional acaba de elevar al 40 por ciento la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, producto de la guerra arancelaria relanzada por Donald Trump. La advertencia, aunque técnica, tiene consecuencias prácticas para el norte de México. Algo que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó. La mandataria dijo que en el FMI no creen que el Gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. 

    Lo cierto es que si se desacelera la economía estadounidense, se desacelera la demanda de bienes producidos en nuestras maquiladoras. Si se imponen aranceles, se encarecen las exportaciones mexicanas. Si el flujo se rompe, Tamaulipas no solo lo ve en cifras, lo siente en su empleo, en su consumo, en su actividad diaria.

    El FMI, en su último informe, proyecta incluso una contracción del 0.3 por ciento para México en 2025. No por errores internos, sino por el efecto de un entorno hostil. La economía mexicana, tan integrada al mercado estadounidense, es especialmente vulnerable a los vaivenes políticos del norte. Y aunque China ha sabido redireccionar parte de su comercio, nuestro país no tiene los mismos márgenes de maniobra. La vecindad, que es una bendición en tiempos estables, se vuelve una presión cuando las reglas cambian.

    En medio de este escenario global incierto, el Gobierno de México insiste en una narrativa de fortalecimiento interno. Y una de sus cartas más recientes es la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la Ventanilla Única de Inversiones. En otras circunstancias, habría sido un anuncio técnico. Hoy, cobra una relevancia política y económica distinta. Porque en tiempos de incertidumbre global, los países que más atraen inversiones no son necesariamente los que prometen más, sino los que ofrecen claridad.

    La Ventanilla Única busca digitalizar y simplificar los trámites necesarios para abrir, construir y operar una empresa. Unificar requisitos, reducir pasos, evitar duplicidades, permitir que desde una sola plataforma se gestionen permisos, licencias y validaciones. La meta es bajar de 51 a 32 trámites, de 2.6 años a 1 año el tiempo para concretar una inversión. Puede parecer un objetivo técnico, pero para Tamaulipas, es una necesidad estratégica.

    Ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo no solo compiten con otras regiones de México. Hoy compiten con Texas, con Carolina del Norte, con Asia. En el escenario de hoy las empresas que instalan una planta en Matamoros, podrían hacerlo también en Brownsville. Y lo que inclina la balanza muchas veces no es el costo de la mano de obra, sino la certeza regulatoria. La posibilidad de que el proyecto no se atore por meses en alguna ventanilla. La confianza de que las reglas no cambien a mitad del camino.

    En ese sentido, si la Ventanilla Única cumple lo que promete, puede convertirse en uno de los pocos contrapesos reales al entorno adverso que se perfila. Tamaulipas tendría la oportunidad de posicionarse como un estado más ágil, más confiable, más atractivo. No con discursos, sino con hechos. No con slogans, sino con procesos simplificados y eficientes.

    Esto no anula los riesgos. Los aranceles estadounidenses siguen en pie. Las tensiones con China siguen latentes. La presión para replantear cadenas de suministro continúa. Pero en medio de esa tormenta, hay decisiones internas que sí se pueden tomar. Y una de ellas es reducir la fricción entre el inversionista y el Estado. Entre la intención de invertir y la posibilidad de hacerlo.

    El reto será convertir esta promesa en práctica. Porque no basta con lanzar una plataforma si los trámites siguen dependiendo de voluntades dispersas. Si las autoridades municipales no se suman, si las dependencias estatales no homologan sus procesos, si los servidores públicos siguen pensando en función de sellos y carpetas físicas. La digitalización no es solo una herramienta. Es una transformación cultural que exige voluntad política, capacitación técnica y, sobre todo, compromiso de largo plazo.

    En ese sentido, será valioso que Tamaulipas continúe fortaleciendo su participación activa en este esfuerzo nacional. Que aproveche su experiencia regional, que acompañe el desarrollo de buenas prácticas y que contribuya con propuestas que respondan a su vocación económica. 

    Lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa. Es el empleo de miles. Es la competitividad de la región. Es la posibilidad de que en un entorno internacional que se complica, el estado siga siendo una opción confiable para invertir y crecer.

    El momento no es sencillo. Las proyecciones del FMI, la incertidumbre en Washington, las tensiones comerciales con China, los cambios regulatorios globales, todo se cruza en una coyuntura difícil. Pero es precisamente en esas coyunturas cuando se define el rumbo. Cuando las decisiones técnicas se vuelven estratégicas. Cuando los detalles administrativos se convierten en ventajas competitivas.

    Tamaulipas tiene la geografía. Tiene la industria. Tiene talento. Ahora necesita el entorno adecuado para no perder lo que ha construido. En esta economía global cada vez más exigente, a veces lo que parece un trámite es en realidad un hilo. Uno que sostiene el futuro.

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    Imagen: Nayelly Tenorio

  • Cuando el agua no alcanza

    La relación entre México y Estados Unidos se ha construido históricamente entre acuerdos y desencuentros. A veces en forma de comercio, a veces en forma de migración. Y otras, como esta ocasión, en forma de agua. El Tratado de 1944, que durante décadas definió las reglas para el reparto de las aguas fronterizas, vuelve a colocarse en el centro de una disputa compleja, que no solo involucra relaciones diplomáticas, sino la vida cotidiana de miles de personas en el norte del país. Y Tamaulipas, por su geografía, historia y peso agrícola e industrial, se encuentra en el corazón del conflicto.

    La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio ante una nueva ola de tensión binacional. La postura fue clara en lo institucional, aunque en lo político tuvo que sortear un terreno minado. Lo que dijo, y sobre todo lo que negó, permite entender la magnitud del tema. No se ha cedido ante Estados Unidos, afirmó. No hay una orden directa de Donald Trump que México esté obedeciendo. No hay una traición a los intereses nacionales. Hay un tratado. Hay una deuda. Y hay un problema de escasez. Eso fue lo que sostuvo la presidenta, mientras los productores del norte del país siguen viendo cómo el agua que no tienen se convierte en moneda de cambio.

    En efecto, el Tratado de Aguas firmado en 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos poco más de dos mil ciento ochenta millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que Estados Unidos entrega mil ochocientos cincuenta millones. Es un acuerdo que parecía equilibrado en la letra, pero que en la práctica se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir. La sequía que afecta al norte mexicano no es un fenómeno reciente. Se arrastra desde hace años, pero se ha intensificado al punto de dejar presas como La Amistad o Falcón por debajo del 14 por ciento de su capacidad. La deuda de agua con Texas no es una invención, es un dato duro. El país ha entregado menos del 30 por ciento de lo pactado y el plazo vence en octubre.

    Lo que complica aún más la situación es el cruce entre la presión diplomática y la urgencia regional. El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido el tema en una narrativa de gobierno. Acusó a México de “robar agua” a los agricultores texanos y condicionó incluso el flujo de agua hacia Tijuana como represalia. En paralelo, los artículos principales en los periódicos Reforma y Milenio amplificaron la preocupación nacional, hablando de extracciones extraordinarias en las presas fronterizas y de decisiones tomadas sin consultar a los gobiernos estatales. En ese contexto, Sheinbaum aclaró que las negociaciones se están realizando con responsabilidad, que no se ha ordenado ninguna entrega sin consenso, y que la prioridad es no afectar a los productores mexicanos.

    Sin embargo, en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas no tardaron en expresar sus reservas. Para ellos, la situación no es de matices, sino de imposibilidades. No hay agua. No se puede entregar lo que no se tiene. Así lo dijo con firmeza la gobernadora Maru Campos, al afirmar que “nadie está obligado a lo imposible” y que Chihuahua atraviesa la peor sequía del país. En el mismo tono, el gobernador Manolo Jiménez de Coahuila y el secretario Raúl Quiroga de Tamaulipas coincidieron en que el agua debe usarse primero para la población y después para cumplir compromisos internacionales.

    Detrás de estas declaraciones hay algo más que preocupación técnica. Hay un pulso político que se asoma con claridad. Cada uno defiende su territorio, sus productores y su narrativa. Pero también defienden su margen de maniobra frente a un gobierno federal que intenta equilibrar la presión de Washington con las necesidades internas. La presidenta ha dicho que se mantiene el diálogo con los mandatarios estatales. Que se analiza qué volumen se puede entregar sin vulnerar a las comunidades locales. En los hechos, la percepción es que el margen de tiempo y de acción se reduce.

    El problema, más allá del cumplimiento del tratado, es el modelo de gestión hídrica que hoy muestra sus límites. Hemos dependido por décadas de los escurrimientos naturales y de un sistema de presas que ya no responde con la misma eficacia. La necesidad agrícola, la falta de inversión en infraestructura hídrica y la urbanización sin orden han erosionado la capacidad del país para garantizar agua para todos. Y cuando la escasez se vuelve insostenible, aparece el conflicto. El agua como símbolo de soberanía. El agua como arma de negociación. El agua como frontera. El agua como presión política.

    En Tamaulipas, la preocupación tiene rostro concreto. Las presas Falcón y Marte R. Gómez, que nutren buena parte de las tierras agrícolas del estado, están en niveles críticos. La sequía ha golpeado los ciclos de producción y la incertidumbre sobre el abasto se ha convertido en una constante. La protesta del gobernador Américo Villarreal ante la minuta 331 —que abre la puerta a entregar agua del río San Juan— fue un mensaje claro. Si hay entrega, tiene que haber condiciones. Tiene que haber garantías. Tiene que haber claridad. Porque en una región donde el agua escasea, cada litro se disputa con fuerza.

    Mientras tanto, la administración federal busca una salida técnica y diplomática. La propuesta enviada el 9 de abril a Estados Unidos busca negociar tiempos, cantidades y formas de entrega. Pero el reloj avanza. El plazo para cumplir con el tratado vence el 24 de octubre. Y aunque las lluvias podrían cambiar el escenario, nada garantiza que eso ocurra. Por eso, la tensión sigue latente. En las declaraciones oficiales, en las columnas de opinión, en los campos de riego y en los bordes del río Bravo.

    Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un tratado. Es la capacidad para responder a una crisis sin sacrificar a sus regiones más vulnerables. Es la forma en que se construyen acuerdos internos antes de sentarse a negociar con el exterior. Es la confianza entre federación y estados. Entre productores y autoridades. Entre narrativa y realidad.

    El país no puede darse el lujo de aparecer dividido en un tema tan delicado. El agua no es una concesión, es un derecho. Y cuando se reparte mal, cuando se promete más de lo que se puede cumplir, cuando se improvisa, el costo es alto. En diplomacia, en política y en el territorio.

    Por eso, más allá de las versiones y los encabezados, lo que urge es una estrategia del agua que no solo administre emergencias, sino que construya soluciones sostenibles. El tratado de 1944 fue útil en su momento, pero el mundo ha cambiado. El clima ha cambiado. La frontera ha cambiado. Y si no se ajustan los mecanismos, las tensiones seguirán creciendo. No solo con Estados Unidos, sino dentro de México. Cuando el agua escasea, no solo se secan los campos. También se fractura el futuro.

    Mail: ct@carlostovar.com

    X: @carlostovarmx

    Imagen: Andrea Noemi López Trejo/Fotoarte El Financiero

    Publicado en El Mañana de Reynosa: https://www.elmanana.com/opinion/columnas/cuando-el-agua-no-alcanza-5968630.html

    Publicado en Focus Radio: https://focusradio.mx/cuando-el-agua-no-alcanza/

  • Incertidumbre como estrategia

    La amenaza de los aranceles no es solo un golpe comercial, es una declaración política. Donald Trump lo sabe bien. Más allá de si se aplican o no, la mera insinuación de restricciones comerciales ya provoca el efecto que busca: generar incertidumbre. En el mundo de los negocios, la estabilidad es un activo tan valioso como el capital. Si un inversionista duda sobre si México será un lugar seguro para fabricar, expandirse o trasladar su producción, la batalla ya está parcialmente ganada para el discurso proteccionista del expresidente estadounidense.

    El objetivo es evidente, presentar a México como un socio poco confiable, un país en el que las reglas del comercio pueden cambiar de un momento a otro, en el que instalar una fábrica podría significar enfrentarse a una barrera arancelaria inesperada. Un escenario cambiante es un arma que se esgrime sin necesidad de aplicar medidas concretas. La simple mención de restricciones comerciales puede frenar inversiones, reconfigurar planes de expansión y afectar la competitividad de sectores clave. Y aunque hoy los aranceles siguen en el aire, el solo hecho de que se hable de ellos ya ha generado movimientos en los mercados y en la industria manufacturera.

    El sector privado en la frontera ya siente la presión. Empresarios han advertido sobre las consecuencias que la incertidumbre comercial está generando en la industria maquiladora.

    La Cámara de Comercio de Reynosa y la Coparmex advirtieron que la industria maquiladora enfrenta un escenario complejo. El presidente de la Canaco Reynosa, Gildardo López Hinojosa, afirmó que la imposición de aranceles del 25% pone en riesgo la permanencia de 145 mil empleos en la industria manufacturera de la región.

    En tanto, la Coparmex también alertó sobre la inestabilidad que generan estas medidas. Su presidente, Heberardo González Garza, destacó que la cadena de suministro entre México y Estados Unidos perderá competitividad debido al encarecimiento de insumos y a la disrupción de procesos productivos que dependen del comercio transfronterizo.

    No es un tema menor. En esta región, el 55% del empleo formal depende de la manufactura de exportación. La relación con Texas no es opcional, es la base de un ecosistema económico profundamente integrado. 

    Texas, el principal estado exportador de Estados Unidos, mantiene una relación económica estrecha con México. En 2023, envió bienes y servicios al exterior por un valor de 444 mil 600 millones de dólares, representando el 22% del total nacional. Con Canadá, México y China como sus principales socios comerciales, el impacto de las nuevas tarifas ya se percibe en distintos sectores económicos del estado.

    Los efectos directos no tardaron en hacerse sentir. La Cámara de Comercio de Laredo, el puerto terrestre más grande del país, alertó en un comunicado que los aranceles golpearán tanto a los consumidores como a las empresas del estado. En la misma línea, los alcaldes de San Antonio y Arlington, Ron Nirenberg y Jim Rossa, dirigieron una carta a los dos senadores texanos en el Congreso estadounidense para manifestar su preocupación por los efectos adversos en la industria manufacturera automotriz.

    “Los aranceles representan una amenaza seria para el poder adquisitivo y los trabajos de los tejanos”, afirmaron los alcaldes en un documento, en el que señalaron que más de 10 mil empleos en sus ciudades dependen de la producción de camionetas pick-up de Toyota y General Motors. El mensaje es claro, la imposición de barreras comerciales no solo afecta a México, sino que también sacude la estabilidad económica de Texas y de todo Estados Unidos.

    En medio de este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por mantener la estabilidad. La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda, anunciada desde el inicio de la administración, se ejecutó en un contexto calculado para evitar sobresaltos en los mercados. La llegada de Edgar Amador Zamora como su reemplazo busca enviar una señal de continuidad. No hay improvisación, no hay cambios abruptos, solo un ajuste en la estructura gubernamental que no debe interpretarse como un giro en la política económica del país.

    Ramírez de la O, considerado el economista más influyente del país, permanecerá como asesor de la presidencia, lo que da cuenta del interés del gobierno por mantener una línea económica predecible, proyectar una imagen consistente, sin cambios radicales. Para un país que enfrenta una narrativa pesada proveniente de Estados Unidos, mantener la confianza de los inversionistas se ha vuelto una prioridad.

    El golpe a la industria automotriz es innegable. La producción y exportación de vehículos han mostrado signos de desaceleración. En febrero, las exportaciones de autos mexicanos cayeron un 9.2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

    Las grandes armadoras estadounidenses han hecho presión sobre el gobierno de Trump para retrasar la imposición de aranceles a los vehículos importados desde México y Canadá. Por ahora, la administración estadounidense ha decidido postergar esta medida hasta abril, pero la industria de autopartes sigue sin claridad.

    La Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz ha señalado que la exclusión de las autopartes de la exención arancelaria es una de las mayores preocupaciones del sector. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, si los aranceles entran en vigor, los costos de producción en Estados Unidos podrían aumentar entre un 15% y un 30%, lo que impactaría a consumidores y talleres mecánicos.

    La industria automotriz mexicana exporta el 80% de su producción a Estados Unidos, lo que representa el 20% del parque vehicular de ese país. Cualquier alteración en la cadena de suministro puede generar alteraciones de gran escala.

    Lo que está en juego no es solo el comercio, sino la estabilidad de un modelo económico que ha permitido la integración de Norteamérica durante décadas. México ha demostrado ser un socio confiable para la economía estadounidense, pero los ataques constantes desde Washington siembran dudas sobre el futuro de la relación.

    La renegociación del T-MEC en 2026 se perfila como el próximo gran campo de batalla. Pero, por ahora, con un panorama en constante cambio, la clave será anticiparse a los movimientos y no solo reaccionar a ellos. La incertidumbre no puede marcar el rumbo.

    Publicado en El Mañana de Reynosa

  • La amenaza se cumplió

    Era un escenario anunciado y ahora es una realidad. Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, una medida que añade presión a la economía binacional y obliga a empresas y exportadores a replantear estrategias. En la frontera, el impacto alcanzará sectores como la manufactura y la logística, en un entorno que ha dependido por décadas del libre comercio y ahora enfrenta nuevos desafíos.

    La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles marca un punto de quiebre en la dinámica comercial de Norteamérica. El T-MEC, diseñado para fortalecer la integración económica, enfrenta ahora una medida que eleva los costos de producción y encarece bienes esenciales para industrias y consumidores en los tres países. En este contexto, Tamaulipas, con su papel estratégico en el comercio transfronterizo, sigue siendo un punto clave en el flujo de bienes entre México y Estados Unidos. La relación comercial con Texas ha sido fundamental para el desarrollo de la región y, ante estos nuevos ajustes, la expectativa está en cómo evolucionarán las dinámicas del sector productivo y logístico en los próximos meses.

    El estado es un pilar fundamental del comercio entre México y Estados Unidos. Una gran parte del movimiento de mercancías que conforman los 105 mil millones de dólares en importaciones que Texas recibe de México pasa por territorio tamaulipeco, pero más allá de ser una vía de tránsito, la economía del estado se sostiene con una actividad exportadora sólida.

    De acuerdo con datos del INEGI, de enero a septiembre de 2024, Tamaulipas reportó exportaciones por 27,309 millones de dólares. Estos números reflejan la importancia de la actividad industrial y manufacturera en la región, especialmente en sectores como la automoción, la electrónica y la metalmecánica, que dependen de la integración con las cadenas de suministro en Estados Unidos.

    El Texas Center for Border Economic and Enterprise Development estima que más de 4.3 millones de empleos en Norteamérica dependen del comercio regional, con el sector manufacturero como el más expuesto. En Texas, donde las exportaciones hacia México superan los 51 mil millones de dólares, la interdependencia es evidente. Cualquier alteración en la dinámica comercial afecta ambos lados de la frontera, con impacto directo en las empresas tamaulipecas que forman parte de este ecosistema económico.

    Para Tamaulipas, la continuidad del flujo comercial es clave. La industria maquiladora, la manufactura avanzada y el sector logístico han consolidado su crecimiento en este intercambio. La relación binacional no solo impulsa la economía del estado, sino que también sustenta miles de empleos directos e indirectos, lo que hace que cualquier cambio en las condiciones del comercio internacional represente un reto inmediato.

    Más allá del impacto en México, las tarifas impuestas por Trump también se reflejarán en la economía estadounidense. La Tax Foundation estima que estas medidas reducirán el PIB de Estados Unidos en un 0.1%, sin contar las posibles represalias comerciales que puedan surgir en respuesta.

    El Peterson Institute for International Economics advierte que los hogares estadounidenses enfrentarán un costo adicional de 1,200 dólares al año por los aumentos de precios derivados de estas restricciones comerciales. La inflación, que ya ha sido un tema central en la política económica de ese país, podría verse presionada por el encarecimiento de bienes importados.

    Los estudios del PIIE también sugieren que, si México y Canadá responden con medidas similares, la economía de los tres países resentirá un impacto mayor. La Reserva Federal de Atlanta ha ajustado su proyección de crecimiento del PIB estadounidense a un estimado de -2.8% anualizado para el primer trimestre.

    México ha colaborado en seguridad, pero la política comercial de Trump siguió adelante. A pesar de la cooperación de México en seguridad, la política comercial de Trump no cambió de rumbo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que México ha mantenido una cooperación constante con Estados Unidos en materia de seguridad. Como parte de estos esfuerzos, en las últimas semanas se extraditaron 29 líderes de grupos criminales solicitados por la justicia estadounidense, además de reforzar operativos contra el tráfico de fentanilo.

    A pesar de estas acciones, se consideró que estos esfuerzos no eran suficientes para frenar la imposición de tarifas, lo que ha generado inquietud en los sectores económicos de ambos países.

    El entorno internacional abre un panorama de ajustes y estrategias para la inversión en Tamaulipas. La relocalización de empresas extranjeras ha sido un motor clave para el desarrollo económico del estado, y en este contexto, la toma de decisiones sigue su curso con un análisis detallado de las condiciones actuales.

    En la frontera, la coyuntura actual invita a consolidar estrategias que refuercen la competitividad y favorezcan un entorno propicio para nuevas inversiones y la expansión de sectores clave en la región.

    A pesar del escenario actual, el comercio no se detiene. Tamaulipas y Texas continúan siendo aliados estratégicos, con una red de producción y logística que ha resistido crisis anteriores. La dinámica ha cambiado y las empresas deben adaptarse a una nueva realidad donde los costos, las regulaciones y las decisiones políticas juegan un papel cada vez más determinante.

    El impacto de estas medidas aún se está calibrando, pero lo que es seguro es que la región no puede permitirse una pausa. Los actores económicos de ambos lados de la frontera tendrán que buscar soluciones para mantener la estabilidad y la competitividad en un momento que demanda respuestas rápidas y bien definidas.

    Publicado en El Mañana de Reynosa

  • México y EE.UU. en la era Trump: desafíos y escenarios para los próximos años

    Las relaciones entre México y Estados Unidos han estado marcadas por ciclos de cooperación y tensión, influenciadas por factores económicos, de seguridad y migración. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para el periodo 2025-2029, se reabren interrogantes sobre el futuro de esta relación, particularmente en temas como el comercio, la seguridad fronteriza y las políticas migratorias.

    ¿Qué cambios podrían esperarse en la estrategia de Washington hacia México? ¿Cuáles serán los principales desafíos para el gobierno mexicano en este nuevo escenario?

    El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República ha elaborado el documento Desafíos México-Estados Unidos en la era Trump (2025-2029), que ofrece un análisis sobre las primeras acciones de la nueva administración estadounidense y su impacto en la relación bilateral. A través de un repaso histórico y una evaluación de los acuerdos existentes, el estudio pone sobre la mesa los retos que ambos países deberán enfrentar en los próximos años.