Política

Análisis del poder, las decisiones gubernamentales y su impacto en la sociedad. Un espacio para entender la política más allá de los titulares.

Una apuesta por la salud
En una región marcada por contrastes entre desarrollo industrial y rezago social, el anuncio de una nueva Universidad de la Salud en Reynosa representa más que una obra pública. Es una señal de atención a una frontera que durante años ha demandado mayor inversión educativa. En lugar de promesas vacías o cifras abstractas, la decisión plantea una posibilidad concreta para que más jóvenes puedan formarse profesionalmente sin tener que abandonar su ciudad.
La noticia no vino sola. Fue parte de un conjunto de acciones anunciadas por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, durante su visita a esta ciudad fronteriza. En cifras duras, se prevé que el ciclo escolar 2025-2026 arranque con un millón 20 mil 620 alumnos en el estado. De ellos, 644 mil cursarán la educación básica, 145 mil la media superior, más de 67 mil formación para el trabajo y 163 mil estarán inscritos en educación superior. Tamaulipas representa casi el 3% de la matrícula nacional. No son pocos, y sin embargo, en muchas regiones, siguen siendo invisibles.
Reynosa es un epicentro productivo. Es un músculo industrial que genera empleo, inversión y presión social. Pero el desarrollo económico ha ido mucho más rápido que el educativo. Mientras las maquiladoras exigen personal técnico y profesional, muchos jóvenes migran, se estancan o se frustran por no encontrar un camino claro para formarse en su propia tierra. El anuncio de una Universidad de la Salud, con carreras como medicina, biomedicina y nutrición, abre una posibilidad real de construir futuro sin tener que abandonar el territorio.
Y es que el fenómeno no es menor. Formar médicos en la frontera no solo implica atender la demanda profesional, también impacta directamente en el acceso a la salud pública. Esta región ha sido históricamente golpeada por la precariedad de los servicios sanitarios, con hospitales rebasados y zonas donde la atención médica es un privilegio más que un derecho. Que se forme talento local significa arraigo, identidad, y eventualmente, una red de profesionales comprometidos con la zona que los vio crecer.
La salud no puede ser una aspiración de élites centralizadas. Debe democratizarse, y eso se hace desde las aulas. La Universidad de la Salud no es una panacea, pero sí un gesto estratégico que tiene el potencial de romper inercias. Si se le dota de calidad académica, instalaciones dignas, planta docente preparada y vinculación institucional, puede convertirse en un bastión formativo. No es suficiente que exista, debe ser competitiva, accesible y sensible a las realidades de la frontera.
La decisión de instalar esta universidad en Reynosa no es gratuita. La ciudad carga un peso demográfico y económico que pocas veces es correspondido con infraestructura educativa de alto nivel. El número de jóvenes que egresan de preparatoria cada año en esta zona es alto, y muchos de ellos terminan en trayectorias truncas, atrapados entre la necesidad de trabajar y la imposibilidad de costear estudios fuera de la ciudad. Para ellos, una universidad pública enfocada en salud podría representar algo más que una oportunidad académica. Podría ser la primera vez que se sientan parte de un proyecto colectivo de transformación.
El otro anuncio importante fue la construcción del CBTIS 302. Es también relevante, porque la media superior es el cuello de botella del sistema educativo. Muchos jóvenes desertan en esa etapa por razones económicas o sociales. Fortalecer la oferta técnica y tecnológica, y más aún, incorporar el modelo de educación dual -que permite al estudiante formarse tanto en el aula como en un centro de trabajo- es una vía inteligente de conectar educación con empleo. Pero este modelo debe cuidarse de no convertirse en una excusa para mano de obra barata. Debe garantizarse que el componente formativo esté por encima del utilitario.
Hablar de cifras también permite dimensionar el reto. Más de 55 mil docentes atenderán a una matrícula de más de un millón de alumnos en todo el estado. Son 7,233 escuelas las que forman el entramado educativo. Son datos que imponen respeto, pero también exigen reflexión. ¿Qué tipo de educación están recibiendo esos alumnos? ¿Qué futuro les estamos ofreciendo más allá de los números?
El programa de útiles escolares para educación básica, así como la distribución de libros de texto ya confirmada, son apoyos logísticos valiosos. Pero son, al final, acciones de mantenimiento. Lo que realmente marca diferencia son las decisiones estructurales, como la creación de nuevas instituciones en zonas estratégicas. Y Reynosa lo es. No solo por su tamaño o su peso económico, sino porque es un termómetro de lo que ocurre cuando el Estado decide invertir en los márgenes.
El contexto no es sencillo. La obesidad infantil y las adicciones en adolescentes -señaladas por el propio secretario- son problemáticas que requieren algo más que programas temporales. Requieren intervención interinstitucional, continuidad, voluntad política y educación crítica. Por eso es clave que la formación en salud no se limite a lo clínico. Debe incluir una dimensión social, comunitaria, preventiva. Que los futuros médicos y nutriólogos entiendan el contexto donde van a ejercer. Que no estudien para irse, sino para quedarse.
La frontera no solo necesita seguridad. Necesita salud, educación, arte, ciencia y esperanza. Necesita proyectos como este, que aunque aún no está construido ni tiene fecha exacta de apertura, ya genera conversación, ya dibuja una posibilidad.
Lo importante ahora será el seguimiento. Que no se trate solo de una promesa ni de un monumento al olvido. Que esta universidad se construya con visión, con voces locales, con participación real de la comunidad académica y estudiantil.
Porque las ciudades que enseñan a sanar, también sanan sus heridas.
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Ago 20, 2025
Gasolina: intervención y mensaje
En un momento en que los caminos del combustible en México se dividen entre lo legal y lo informal, entre lo fiscalizable y lo simulado, el anuncio de que Tamaulipas contará con 30 gasolineras estatales bajo la marca “Bienestar” no pasa desapercibido. No por la cifra. Tampoco por la imagen renovada. Lo que llama la atención es el contexto en el que esta decisión ocurre. La entidad está llena de historias de gasolina que entra disfrazada de alcohol, diesel que se declara como aceite, personajes que se enriquecen al margen de las reglas, y un sector energético donde las certezas escasean tanto como los litros completos.
En ese escenario, el Estado decide no retirarse, sino todo lo contrario: entrar, participar, competir, intervenir. Y eso, en un terreno como el de la gasolina, tiene un peso político que no se puede ignorar. No es solo infraestructura. No es solo marca. Es también un negocio y un mensaje.
Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, fue claro en el Foro Latinoamericano de Refinación. La intención es cerrar el círculo. Asegurar, dijo, todos los procesos de la cadena, desde el transporte hasta la venta, pasando por la comercialización y la distribución. Asegurarlos con vigilancia, con marca propia, con presencia estatal.
Habrá treinta estaciones en diferentes puntos de las regiones centro y sur del estado. Algunas nuevas, otras reutilizando infraestructura ya existente. Una ya ha sido adquirida y será cedida al gobierno. Las demás, prometen, serán operadas con una imagen uniforme y un estándar de calidad que se reportará de manera regular.
Si el anuncio fuera estrictamente técnico, tal vez bastaría con una infografía. Pero no lo es. En Tamaulipas hablar de gasolina es hablar de huachicol. Y hablar de huachicol, ahora, es también hablar de lo fiscal, de las simulaciones en aduana, de los vacíos que durante años han permitido que miles de litros crucen bajo otro nombre y terminen en lugares que no aparecen en ningún mapa oficial.
Lo dijo también Walter Jiménez. En Tamaulipas se ha simulado la importación de diesel como si fuera aceite y de gasolina como si fuese alcohol. Es un secreto a voces que ha dejado de ser secreto. Y que ahora, al ser dicho en público por un funcionario de alto nivel, cobra una nueva dimensión.
Frente a ese diagnóstico, el Estado no opta por el repliegue. No se limita a regular. Decide participar. Y esa participación no es abstracta. Tiene color, logo, y estaciones físicas. Tiene rostro. En lugar de vigilar el espectro de lo que huele a irregularidad, decide instalarse dentro. Para disputar el terreno en la prestación de servicio. Para recuperar confianza. Para surtir certeza.
Pero como todo movimiento simbólico, este también abre interpretaciones. Y muchas de ellas estarán marcadas por el momento. Hay políticos bajo sospecha. Hay particulares señalados por vínculos con operaciones de contrabando, en México y Estados Unidos. Hay acusaciones, investigaciones y un clima que no deja mucho margen para el beneficio de la duda. En medio de eso, cuando el tema del huachicol fiscal aparece en editoriales y foros nacionales, el Estado anuncia que tendrá su propia red de estaciones. Algunos leerán eso como una buena medida.

Otros como un gesto arriesgado. Para muchos, será inevitable preguntarse si no se está entrando en una narrativa ya contaminada. Si no se corre el riesgo de que, aunque la intención sea loable, el ruido del entorno termine ahogando el mensaje.
Porque el problema con la gasolina no está solo en su origen. Está en su trayecto. En la opacidad de los procesos. En las estaciones donde la calidad varía sin explicación. En los litros que no son litros. Y también en los rostros que nadie cuestiona. En ese sentido, la promesa de tener estaciones del Estado que reportarán la calidad de los combustibles es más que una medida técnica. Es una apuesta por una nueva relación con el ciudadano.
El nombre que han elegido no es casual. Gasolineras del Bienestar. La palabra bienestar, repetida en otros tantos programas federales, carga con la promesa de algo más allá del servicio. Tiene un tono aspiracional. Apunta a un beneficio colectivo, no solo a una transacción. Pero también es una palabra vulnerable. Si no se sustenta con resultados reales, puede convertirse en un eslogan desgastado. Las estaciones, por tanto, tendrán que demostrar que no son solo un proyecto político con estética guinda. Tendrán que surtir combustible y confianza al mismo tiempo. Y eso no es sencillo en un país donde tantos han fallado en esa doble misión.
Tamaulipas, clave para el comercio exterior, donde las aduanas han sido durante años un punto de tensión y sospecha, este tipo de anuncios tienen un eco distinto. Aquí, donde la logística y el contrabando se cruzan en los mismos mapas, donde los tráileres cargan tanto mercancías como incertidumbres, el mensaje político debe ser claro: estas estaciones no son una concesión disfrazada. No son un premio político y tampoco son un negocio con vocación pública.
Son, o deberían ser, una estrategia legítima para competir con las malas prácticas desde dentro del sistema.
Tal vez por eso es importante que, más allá del número de estaciones, se comunique cómo garantizará su independencia operativa, cómo evitará conflictos de interés, cómo blindará los procesos de vigilancia, cómo seleccionará a quienes estarán al frente. Porque en temas energéticos, el problema no ha sido la falta de estaciones. Ha sido la falta de certeza. Y la certeza no se decreta, se construye.
Este movimiento, si se maneja con rigor, puede ser una señal poderosa. Pero si se deja arrastrar por la opacidad o por los intereses grises, terminará siendo una anécdota más en la larga historia del combustible que arde más por lo que representa que por lo que entrega.
Esas estaciones serán la oportunidad para que podamos ser parte de la solución sin convertirse en parte del problema. Si esas treinta estaciones lo logran, habrán hecho más que vender gasolina. Habrán comenzado a vender algo más escaso: confianza.
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Jul 20, 2025
Asedio en la frontera
Es raro ver vacía la pulga de Álamo, en Texas. Durante años ha sido un punto de encuentro para familias, trabajadores migrantes y curiosos que cruzaban el río Bravo para convivir entre música, sabores y precios accesibles. Ese mismo espacio aparece en redes sociales como un escenario desierto, marcado por el miedo. Bastan las noticias de operativos de ICE en la región para desatar la alerta. Basta el miedo para dejar los pasillos vacíos, y para generar incertidumbre.
Por estos días, en ciudades como Hidalgo, McAllen, Mercedes, Harlingen, San Benito y todo el Valle de Texas, han comenzado a realizarse operativos para detener a migrantes indocumentados. Son redadas enfocadas en casas de seguridad, sitios de construcción, zonas vulnerables, pero también en lugares de trabajo. Sus efectos son mucho más amplios que la lista de detenidos. La comunidad lo siente. Lo vive. Lo comenta. Y lo teme.
El mensaje que reciben muchas familias es claro. Están siendo vigiladas. Están siendo perseguidas. Incluso en espacios cotidianos, como un mercado, un estacionamiento o una calle cualquiera, la ansiedad crece. No es sólo la posibilidad de ser arrestado. Es el hecho de saber que, en cualquier momento, un operativo puede fracturar la vida de una familia entera. En el Valle muchas familias son binacionales, y lo que ocurre de un lado de la frontera, se siente del otro. Lo que pasa en McAllen, retumba en Reynosa. Lo que pasa en Brownsville, inquieta en Matamoros.
Por eso la diputada Magaly Deandar ha salido a hablar con claridad. Las redadas provocan miedo, ha dicho. Y ese miedo, aunque a veces intangible, tiene consecuencias concretas. Familias que cancelan sus planes. Comercios que pierden clientela. Comunidades enteras que entran en modo de alerta. En medio de este panorama, el Congreso de Tamaulipas planea emitir un pronunciamiento para mostrar solidaridad con los connacionales afectados. Un gesto simbólico, sí, pero no menor. Porque reconocer la existencia del problema ya es un paso importante.
Deandar lo ha dicho con claridad: la mayoría de los migrantes no buscan problemas. Buscan oportunidades. Buscan una vida. Y no cualquier vida, sino una donde el trabajo y el esfuerzo puedan transformarse en futuro. En muchas de estas historias no hay crimen, no hay amenaza, no hay conspiración. Solo hay personas que cruzaron una frontera para intentar sobrevivir. Personas que dejaron atrás violencia, pobreza o falta de oportunidades. Y ahora enfrentan la posibilidad de ser devueltas, no por ser un peligro, sino por ser invisibles en un sistema que prefiere no verlas.
No se trata de cuestionar el derecho soberano de Estados Unidos para definir y proteger sus fronteras. Ese derecho existe y es legítimo. Pero hay una diferencia entre protegerse y criminalizar. Entre tener políticas migratorias y sembrar terror. Las redadas masivas no solo afectan a quienes son detenidos. También golpean la confianza social, el tejido comunitario, el estado emocional de miles de personas que viven, trabajan y contribuyen silenciosamente a la vida de ese país.
Estados Unidos es una nación construida sobre la migración. Su espíritu, su fuerza laboral, su diversidad cultural, tienen raíces en millones de personas que llegaron buscando un nuevo comienzo. Romper con esa esencia no solo es un error histórico. También es una fractura moral. Porque enviar agentes a recorrer pasillos de mercados, o utilizar vehículos con placas mexicanas para generar confusión, no parece una estrategia de seguridad. Parece un intento deliberado de generar pánico.
Frente a todo esto, hay una idea poderosa. México debe tener las puertas abiertas para quienes deseen regresar. Pero no basta con el discurso. Hace falta crear condiciones reales de apoyo, programas de reintegración, oportunidades para que quienes regresan encuentren algo más que una bienvenida simbólica.
El desafío para ambos países es encontrar un equilibrio. Estados Unidos debe poder mantener el orden, pero sin romper con los principios que le dieron origen. México no debe caer en la confrontación. En medio de esta tensión, hay miles de personas que sólo quieren vivir en paz.
El problema migratorio no se resolverá con redadas. Ni con discursos. Ni con muros. Se resolverá cuando se entienda que detrás de cada historia de migración hay una historia de necesidad, de esperanza. Y si eso no se reconoce, entonces no estamos hablando de política migratoria, estamos hablando de negación.
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Publicado en El Mañana de Reynosa: https://www.elmanana.com/opinion/columnas/asedio-en-la-frontera-5990922.html
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Jun 12, 2025
La frontera de los sueños rotos
Las fronteras, cuando se observan desde el poder, parecen líneas estratégicas. Pero cuando se viven desde abajo, se sienten como muros mentales, como heridas abiertas. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está revelando una cara cada vez más cruda y desconectada de la realidad. No es solo el endurecimiento de la ley, es la corrosión del alma humana que genera. Migrar, para miles de personas, ha dejado de ser una esperanza y se ha convertido en una carga emocional tan profunda que algunos deciden volver, aunque eso implique regresar a los mismos infiernos de los que huyeron.
El testimonio de organizaciones como “Ayudándoles a Triunfar”, que trabajan directamente con migrantes en la frontera de Tamaulipas, expone una dimensión que pocas veces se incorpora en el debate político: la salud mental. La angustia, el miedo, la desorientación, son ahora parte del equipaje que traen consigo quienes huyen de sus países. Gladys Cañas Aguilar, presidenta de esta asociación, ha sido clara, lo que más golpea a los migrantes no es solo el rechazo en la aduana o el endurecimiento de las redadas, sino el pánico constante que ya se incrustó en su día a día.
En Matamoros, por ejemplo, ya no se habla solo de esperanza, sino de rendición. Hay migrantes que deciden autodeportarse. No lo hacen porque encontraron mejores opciones en sus países. Lo hacen porque no pueden más. Porque el sistema migratorio norteamericano los ha llevado al límite emocional. Esta decisión de regresar a la incertidumbre, al riesgo o a la pobreza, no nace de la razón. Nace de la desesperación. En muchos casos, es una forma de salvar lo que queda de su dignidad.
Estados Unidos tiene, por supuesto, el derecho soberano de cuidar sus fronteras. Eso no está en discusión. Pero cuando la soberanía se convierte en una muralla insensible, cuando los procedimientos pierden toda noción de humanidad, y se convierten en mensajes agresivos, el problema deja de ser jurídico y se convierte en ético. Las decisiones recientes, como el uso de vehículos con placas mexicanas en redadas, pueden parecer detalles logísticos. Pero en realidad siembran confusión y aumentan el miedo. Es como si la cacería ya no respetara ni siquiera el sentido básico de lo que es justo.
Lo que está en juego es más que la legalidad de una política. Está en juego el tipo de sociedad que se quiere construir. Una que levanta muros cada vez más sofisticados, o una que entiende que ningún país se construye cerrando puertas. Los migrantes no son una amenaza. Son parte de la fuerza laboral que sostiene, en muchos casos de manera invisible, sectores enteros de la economía estadounidense. Agricultura y servicios. Sin ellos, muchas actividades no funcionarían. Pero en lugar de reconocimiento, lo que reciben es persecución.
Mientras en la Casa Blanca se discuten prohibiciones y nuevas órdenes ejecutivas, en la frontera mexicana se sienten los ecos. Y no es solo un problema de los migrantes. Lo es también para las comunidades del norte de México, que están viendo crecer, sin herramientas suficientes, una población flotante que no puede ir ni regresar. Trump decide en Estados Unidos, pero el impacto lo absorbe en gran parte nuestra frontera. La contención migratoria en territorio mexicano ha generado nuevos retos para gobiernos locales que no tienen ni el presupuesto ni la infraestructura para atenderlos.
La política migratoria, al volverse más agresiva, también se ha vuelto más contradictoria. Por un lado, se implementan redadas más duras. Por otro, se cierran las puertas de asilo. Y al mismo tiempo, se reconoce que muchos migrantes son indispensables para la economía. Esa lógica disfuncional es la que está produciendo efectos colaterales de largo plazo, como la fragmentación social, aumento de vulnerabilidades y una sensación cada vez más extendida de que el sistema ha dejado de tener sentido.
Estamos en medio de un capítulo inédito de la historia; Estados Unidos está dejando de ser un sueño, una esperanza para quienes antes veían el norte como la solución laboral o de ingresos para sus familias, esa derrota hoy se ve como una desesperanza creciente en nuestro país y en toda Latinoamérica.
México no es responsable del diseño de esa política, pero sí está en medio de sus consecuencias. Y aunque el gobierno federal ha evitado un discurso confrontativo, las señales están ahí. La presión para contener migrantes en el sur, los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad fronteriza, y la falta de filtros de revisión realmente eficaces, están creando una mezcla que tarde o temprano estallará en forma de crisis humanitaria.
No se trata de culpar a nadie. Se trata de entender que estamos en un punto de inflexión. El futuro inmediato no pinta fácil ni para los migrantes ni para los gobiernos. El retorno forzado de personas a países con violencia estructural o sin garantías básicas es, en muchos casos, una condena. Pero mantenerlos varados, sin acceso a servicios ni estatus definido, también lo es. Y Tamaulipas, como frontera viva, está justo en el centro de esa tensión.
Lo que dicen los informes, lo que denuncian las organizaciones y lo que se percibe en las calles de Matamoros o Reynosa no puede seguir ignorándose. La salud mental de los migrantes está quebrándose. En internet se ven imágenes de fronteras como la de Tijuana, donde muchos caen en los vicios y las drogas, perdidos, abatidos, golpeados, derrotados por un sistema en el que parecen ser hijos e hijas de nadie.

Y eso es un reflejo de que el sistema migratorio también lo está. La pregunta ya no es si Estados Unidos debe o no permitir más migrantes. La pregunta es si puede seguir tratando este tema como una guerra interna cuando lo que hay enfrente son personas que solo quieren vivir.
En el debate global las políticas migratorias se están convirtiendo en un espejo de nuestras contradicciones. Pedimos legalidad pero ignoramos la urgencia humanitaria. Reclamamos orden pero sembramos caos. Hablamos de soberanía pero olvidamos la responsabilidad compartida. El endurecimiento de la frontera puede frenar el paso de cuerpos, pero no detiene la desesperación de quienes cruzan con el alma en ruinas.
Y en medio de todo esto, está la frontera norte de México, recibiendo sin reclamar, absorbiendo sin pensar en el colapso, y sosteniendo un problema que nadie quiere asumir. Los gobiernos cambian. Las elecciones pasan. Pero la ruta migrante sigue ahí, más viva y más herida que nunca.
Jun 9, 2025
Lo que Pepe Mujica le diría a Tamaulipas
Ayer murió Pepe Mujica, y con él no solo se fue el expresidente más querido de Uruguay, sino un referente ético, incómodo y entrañable de la política latinoamericana. Mujica habló siempre con claridad, a veces con crudeza, pero nunca sin propósito. Por eso, su figura trasciende las fronteras de su país. Porque su austeridad era política y personal. Auténtica. Su testimonio, un alegato contra el cinismo. Su legado, creo que puede ser una brújula para sociedades como Tamaulipas. Como el norte de México, donde conviven la promesa y la fractura.
Durante décadas, Tamaulipas ha vivido entre contrastes. Es uno de los motores industriales del país, con una posición estratégica y una capacidad exportadora que lo distingue. Pero también enfrenta desafíos que no pueden ignorarse. Alberga algunas de las aduanas más importantes del país, pero también redes de poder profundamente arraigadas. Es un corredor de oportunidades, pero también de silencios. A su dinamismo económico se superponen tensiones, rezagos y zonas donde la institucionalidad aún necesita fortalecerse. En medio de esta compleja realidad, ¿qué le diría Mujica a Tamaulipas?
Probablemente, Pepe comenzaría por recordarnos que el desarrollo no puede medirse solo por la cantidad de exportaciones o el dinamismo de las maquilas. Que el éxito de un estado no se resume en indicadores macroeconómicos. Que la verdadera transformación ocurre cuando los pueblos son capaces de pensar en su dignidad, y no solo en su productividad. Mujica creía que el capitalismo debía servir a la gente, no al revés. Que el crecimiento sin sentido social era una forma elegante de injusticia.
Y eso requiere de nuestra atención. Porque Tamaulipas, con toda su potencia logística y su cercanía con Estados Unidos, ha sido demasiado tiempo rehén de su ubicación. Un estado que vive mirando al norte, muchas veces sin mirarse a sí mismo. La dependencia económica con Estados Unidos, que hoy se expresa en una guerra de aranceles y en declaraciones cada vez más agresivas de Donald Trump, debería recordarnos una lección que Mujica expresó para CNN en el 2022: “Hay que intentar ir creando otra economía, en las entrañas de esta economía, sin destrozarla”
Frente a las amenazas arancelarias, frente al chantaje comercial, frente al cierre del país vecino, Mujica no hubiera respondido con aspavientos, sino con firmeza. Habría insistido en fortalecer el mercado interno. En diversificar las relaciones comerciales. En no poner todos los huevos en una sola canasta. Porque cuando uno depende de un solo socio, ya no es socio, es rehén.
En lo político, Mujica también tendría algo que decirnos. Porque algunas regiones siguen atrapadas en inercias de desconfianza ciudadana, de baja participación política, de escepticismo frente a las instituciones. Mujica, que se enfrentó a la dictadura, que vivió más de una década en prisión, que fue torturado y aislado, jamás usó su pasado para justificar el autoritarismo. Al contrario, insistió en la democracia como una práctica cotidiana. Como un acto de responsabilidad civil. «La democracia no es perfecta. La democracia está llena de defectos porque son nuestros humanos defectos, pero hasta hoy no hemos encontrado nada mejor. Por lo tanto, es fácil perderla y es difícil volverla a ganar. Tienen que cuidarla», decía. Esa pasión a veces parece diluirse en nuestra realidad.
No menos importante, Mujica fue un defensor radical de la paz. No de la paz retórica, sino de la paz real. En un estado como Tamaulipas, atravesado desde hace tiempo por la violencia del crimen organizado, por la disputa de territorios, por las desapariciones y el miedo que se ha instalado en la cotidianidad de muchas comunidades, sus palabras resuenan con fuerza. “No se puede construir una sociedad sobre el miedo”, decía. En cambio, apostó por políticas sociales, por rehabilitación, por esperanza. Legalizó la marihuana no como acto de rebeldía, sino como un intento racional de quitarle el negocio a los narcos. Su objetivo era simple, quitarles poder sin más sangre.
En el debate sobre seguridad, hoy sobran los discursos de mano dura, de militarización, de intervención externa. Incluso Donald Trump ha ofrecido enviar tropas a México para combatir a los cárteles. Sheinbaum rechazó esa propuesta. Creo que Mujica habría hecho lo mismo. Pero también nos recordaría que no basta con decir “no” a la intervención extranjera. Hay que construir soberanía con resultados. Hay que ganar legitimidad donde más se ha perdido. En los barrios. En las calles.
A Tamaulipas también le hablaría de migración. Porque esta tierra es paso y destino, esperanza y dolor para algunos migrantes. Miles de personas atraviesan su territorio buscando el sueño americano, y muchas veces encuentran pesadillas. Mujica, que recibió refugiados sirios en Uruguay, que creyó en la solidaridad como política pública, vería con alarma cómo las fronteras se endurecen, cómo la compasión se criminaliza, cómo se levantan muros, visibles e invisibles. Su mensaje fue claro: “El fenómeno de migración es casi cotidiano en nuestra historia, y conviene tener memoria”.
Y finalmente, Mujica nos diría que no olvidemos lo esencial. Que en medio del ruido mediático, de la guerra de cifras, de los discursos que suben y bajan con cada ciclo electoral, hay algo que no cambia, la necesidad de vivir con dignidad. De apostar por la educación. De invertir en salud. De no olvidar a los que no tienen voz. Mujica, el expresidente que donaba su salario, que vivía en una casa modesta, que se bañaba con un vaso de agua en la cárcel, tenía autoridad moral para decirlo.
Hoy, desde algún lugar, seguramente observa con escepticismo este mundo que sigue tropezando con las mismas piedras una y otra vez. Pero también con la esperanza de que su legado no se diluya. Que inspire. Que incomode. Que anime a nuevas generaciones a hacer política sin convertirse en cínicos.
A Tamaulipas le hace falta un poco de eso. De rebeldía con sentido. De voluntades que no se olviden de las manos que levantaron esta frontera.
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Publicado originalmente en El Mañana de Reynosa:
https://www.elmanana.com/opinion/columnas/lo-que-pepe-mujica-le-diria-a-tamaulipas-5979071.html
May 14, 2025
Drones sobre el río
En la línea que divide a Tamaulipas del sur de Texas, la tecnología se ha convertido en el nuevo rostro de una amenaza conocida. No es un misil, ni un convoy armado, ni una persecución en brechas o campos. Es un dron. Pequeño, silencioso, difícil de detectar. Pero cargado de información, o en algunos casos, de droga. La jefa del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, lo ha dicho con claridad. En los últimos tres años han detectado 155 mil sobrevuelos no autorizados a lo largo de la frontera con México. No son drones recreativos. Son herramientas de vigilancia, operadas por organizaciones criminales que espían las operaciones de seguridad de Estados Unidos. Es, en palabras de la funcionaria, una amenaza muy seria.
Lo que ocurre en esa línea fronteriza tiene un impacto directo sobre Tamaulipas. La cercanía geográfica con Texas, la presencia de grupos criminales, la dinámica intensa de comercio, migración y seguridad convierten al estado en un punto neurálgico de la discusión. Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y toda la Ribereña. Nombres que aparecen una y otra vez cuando se trata de rutas, decomisos, operativos. Y ahora, también, como escenarios de una guerra tecnológica silenciosa, en la que los drones representan una ventaja táctica para el crimen organizado. Sirven para grabar, para observar, para anticipar. Y eventualmente, como ya ocurrió, para transportar droga por vía aérea.
No es un tema nuevo, pero sí ha escalado. El dato más revelador ofrecido por Chávez es que el uso de drones comenzó a documentarse sistemáticamente desde febrero de 2022. Desde entonces, las cifras han crecido de forma exponencial. Tan solo el año pasado, un dron cargado con cocaína cruzó el río Bravo. Eran siete libras, una cantidad modesta en términos de contrabando, pero inmensa en cuanto al mensaje que representa. El crimen está dispuesto a innovar, a adaptarse, a incorporar cualquier tecnología que le permita operar con mayor impunidad.
La respuesta de Estados Unidos ha sido el reforzamiento de su frontera con más personal, más patrullajes y una inversión creciente en tecnología para contrarrestar esta nueva táctica. Chávez asegura que ahora, con la baja en los flujos migratorios, pueden enfocar más recursos a enfrentar esta modalidad de vigilancia criminal. La presencia de más de 16 mil elementos de diversas agencias norteamericanas a lo largo de la frontera lo confirma. No es casualidad que este tema haya ganado prioridad en las reuniones de seguridad bilateral.
Tampoco es casual que este nuevo episodio ocurra mientras Donald Trump ha comenzado a retomar la narrativa del combate transfronterizo contra los cárteles mexicanos. En meses recientes, el expresidente estadounidense ha sugerido enviar tropas a territorio mexicano para enfrentar directamente a los grupos criminales. Aunque no hay una propuesta formal en curso, el eco de sus palabras ha reactivado un viejo temor. La posibilidad de que la cooperación binacional pierda el carácter civil y diplomático para convertirse en un ejercicio de presión militar unilateral. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. México no permitirá la intervención de tropas extranjeras. No por simpatía con los criminales, sino por soberanía.
En ese posicionamiento, Sheinbaum ha sido clara y firme. Ha reconocido que Trump ofreció apoyo militar para combatir al crimen organizado, y también que México rechazó esa posibilidad. La decisión no es menor. Implica asumir el control del problema, hacerse responsable, mantener la soberanía como principio rector de la política exterior. Pero también implica estar a la altura del desafío. Porque si no se actúa con contundencia desde el lado mexicano, el argumento de la inacción será usado como justificación para nuevas presiones o medidas unilaterales.
Hay que decirlo. Ciudades tamaulipecas, especialmente en la frontera, viven esa tensión todos los días. No es solo una cuestión de drones. Es una realidad marcada por la vigilancia, el miedo, la sospecha. Es una región donde las estrategias criminales cambian con rapidez, mientras las instituciones hacen esfuerzos por adaptarse a nuevas amenazas. El espacio aéreo de baja altura se ha convertido en un terreno disputado. Lo que antes se hacía con halcones humanos, ahora se hace con drones que transmiten video en tiempo real. Los cruces de información, los puntos ciegos, los relevos de guardias. Todo se graba. Todo se analiza. Todo puede ser explotado.
La relación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad fronteriza ha sido siempre tensa, pero también profundamente recíproca. Washington sabe que sin cooperación mexicana no hay estrategia posible para contener el flujo de drogas. Y México sabe que sin inteligencia estadounidense es más difícil enfrentar a las redes internacionales de tráfico. Pero el equilibrio se rompe cuando uno de los dos actores cree que el otro no está haciendo lo suficiente. Hoy, ese punto de quiebre puede estar acercándose. Las advertencias del Departamento de Justicia norteamericano sobre corrupción en las aduanas mexicanas, y los reportes del FBI sobre estructuras criminales binacionales, apuntan a que la tensión podría escalar.
Tamaulipas no es solo frontera. Es un espacio de tránsito, pero también de destino. Es una región que ha aprendido a sobrevivir entre operativos y rumores, entre retenes y rutas clandestinas. Por eso, cada señal de alerta que surge desde el otro lado de la línea preocupa. Porque aquí es donde se sienten los efectos, donde llegan las consecuencias, donde se despliegan los operativos. Las decisiones que se tomen en Washington o en la Ciudad de México se traducen en patrullajes, en cateos, en cambios en la rutina de miles de personas.
El desafío está en encontrar un equilibrio entre la defensa de la soberanía y la urgencia de actuar. El dron, convertido en herramienta de la ilegalidad, es una señal clara de que el crimen va un paso adelante. El Estado debe responder con inteligencia, coordinación y firmeza, antes de que esas pequeñas máquinas definan las nuevas estrategias del delito.
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Publicado en El Mañana de Reynosa:
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May 11, 2025
Más allá de la maquila
El diputado local Byron Cavazos ha lanzado una propuesta que, en apariencia, desafía el modelo económico que ha sostenido a Tamaulipas durante décadas. Su llamado a diversificar la oferta educativa y evitar que la industria «secuestre» la vocación de los jóvenes tamaulipecos ha generado debate. En un estado donde la maquila y la manufactura emplean a más de 230 mil personas y representan el 7.4% del empleo nacional en el sector, de acuerdo a datos del INEGI , cuestionar este modelo puede parecer arriesgado. Sin embargo, su planteamiento merece una reflexión profunda.
Tamaulipas ha sido un pilar en la industria maquiladora, con ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo albergando numerosas plantas. Estas han proporcionado empleo y desarrollo económico, consolidando al estado como un motor industrial del país. No obstante, en los últimos años, la dependencia excesiva de este modelo ha mostrado sus vulnerabilidades. Entre 2022 y 2025, el sector IMMEX en Tamaulipas perdió más 47,700 empleos en establecimientos manufactureros, con mayor impacto en Reynosa . La incertidumbre generada por políticas arancelarias y cambios en el comercio internacional ha afectado la estabilidad laboral y la llegada de nuevas inversiones.
En este contexto, la propuesta de Cavazos de diversificar la oferta educativa cobra relevancia. La formación de jóvenes no debe limitarse a las necesidades inmediatas del aparato productivo. Es esencial fomentar una educación que también valore las humanidades, las ciencias sociales y las artes, permitiendo que los estudiantes desarrollen sus verdaderas vocaciones. Además, es crucial impulsar una cultura emprendedora que prepare a los jóvenes para crear sus propias oportunidades y adaptarse a un mercado laboral en constante cambio.
El gobierno de Tamaulipas ha reconocido esta necesidad y ha implementado programas para fomentar el emprendimiento. Iniciativas como el programa «4T Talento y Trabajo Transformando Tamaulipas» buscan fortalecer la identidad y el orgullo tamaulipeco al destacar el potencial de su juventud y fomentar una cultura emprendedora . Asimismo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas impulsa proyectos de economía social, buscando generar un impacto positivo en las comunidades .
Sin embargo, estos esfuerzos deben intensificarse y coordinarse con una revisión profunda de la oferta educativa. Es fundamental que las instituciones educativas, en colaboración con el sector privado y el gobierno, diseñen programas que preparen a los estudiantes para los desafíos del futuro, promoviendo habilidades como la creatividad, la innovación y la resiliencia.
La historia industrial de Tamaulipas es motivo de orgullo. Las manos de miles de trabajadores han construido una economía sólida y han contribuido al desarrollo del estado. Reconocer su labor es esencial. Sin embargo, también es momento de mirar hacia adelante y preparar a las nuevas generaciones para un mundo en constante transformación. Diversificar la educación y fomentar el emprendimiento no significa abandonar el modelo industrial, sino complementarlo y fortalecerlo.
No se trata de demeritar el trabajo industrial. Todo lo contrario. Las manos obreras han levantado esta región. Con su esfuerzo se han construido parques industriales, se han sostenido cadenas de suministro y se ha alimentado el comercio transfronterizo. Sería injusto romantizar otras profesiones y mirar por encima del hombro a quienes se levantan cada día a trabajar en una línea de producción. Pero también sería miope ignorar que hay un exceso de dependencia en un solo tipo de formación. Una apuesta única por el modelo maquilador no solo vulnera la libertad de elección educativa, también pone en riesgo la estabilidad futura de la región.
Las tensiones globales lo confirman. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, los pronósticos de recesión en norteamérica y las decisiones del presidente Trump que imponen un día y el otro también una agenda mundial de incertidumbre, nos recuerdan que no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Hoy más que nunca, Tamaulipas necesita una estrategia que combine el desarrollo industrial con el impulso a una cultura emprendedora. Que fortalezca su capital humano desde la diversidad, no desde la uniformidad. Que prepare a los jóvenes para insertarse en el mercado laboral, pero también para imaginar sus propios proyectos, para innovar, para crear empleo.
En un entorno global donde las políticas comerciales pueden cambiar, como lo han demostrado las recientes medidas, depender exclusivamente de un sector económico es arriesgado. Es imperativo que Tamaulipas diversifique su economía y prepare a su juventud para enfrentar los desafíos del futuro con herramientas adecuadas.
Hablar de cultura emprendedora no es repetir slogans vacíos. Es pensar en programas reales de formación, en incubadoras de negocios accesibles, en créditos para jóvenes sin capital inicial, en marcos normativos que no ahoguen las ideas desde el inicio. Es aceptar que no todos quieren o deben depender de una nómina. Que hay talento en las colonias populares de Reynosa, en las comunidades rurales de El Mante o en las universidades públicas de Victoria y Matamoros que puede y debe encontrar caminos distintos. La educación debe ser ese puente.
La propuesta de diversificación también debe ser leída en clave de justicia social. Porque no todos tienen la posibilidad de mudarse a Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara a estudiar una carrera que no se oferta en su ciudad. Porque muchas familias hacen malabares para sostener a sus hijos en carreras técnicas que quizá nunca desearon. Porque cada año egresan profesionistas que no encuentran campo en lo que estudiaron y terminan en empleos informales, precarizados o incluso expuestos a dinámicas ilegales. No por falta de talento, sino por falta de opciones.
La propuesta del diputado Cavazos es una invitación a repensar el futuro de Tamaulipas. Es una oportunidad para construir un modelo educativo y económico más inclusivo, resiliente y adaptado a las realidades actuales. Aprovecharla dependerá de la voluntad y colaboración de todos los sectores involucrados.
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May 1, 2025
Complicidades expuestas
El combustible volvió a encender las alarmas, pero esta vez las sirenas no sonaban solo en territorio mexicano. Desde el sur de Texas, un operativo encabezado por el FBI puso al descubierto una red de contrabando de hidrocarburos que cruzaba la frontera con documentos alterados, evadiendo impuestos y afectando a ambos lados del Río Bravo. Veinte tractocamiones cargados con combustible fueron asegurados en los patios de Arroyo Terminals, una empresa texana ahora acusada formalmente de participar en esquemas de lavado de dinero y contrabando de mercancías hacia México. El llamado huachicol fiscal, fenómeno que en los últimos años se había consolidado como un problema fronterizo nacional, escaló de pronto al nivel internacional, involucrando a agencias estadounidenses y colocando otra vez a Tamaulipas en el centro de un caso de alto impacto.
La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas no deja mucho margen a la interpretación. Se describe un entramado que permitía internar combustible a México bajo amparos de importación falsificados, declarando residuos de aceites o destilados de petróleo para ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. El expediente revela que esta práctica se repitió miles de veces, para ser precisos, 2,881 cargamentos ilegales de hidrocarburo, generando un flujo irregular y una estructura paralela de transporte y distribución. Más grave aún es que el expediente judicial señala que parte del combustible refinado provenía originalmente de robo en México, en una dinámica que iba y venía entre Tamaulipas y Texas, aprovechando los huecos del sistema.
La investigación estadounidense, que inició en 2022, involucra cargos de conspiración para lavar dinero, contrabando y operaciones financieras irregulares. Se estima que los bienes en riesgo de confiscación, incluidos tractocamiones, propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones, ascienden a 300 millones de dólares. La magnitud del caso refleja la escala de la economía subterránea que puede prosperar en las zonas de intercambio comercial cuando los controles son débiles o cómplices. También revela una realidad incómoda, el problema no es aislado de un lado u otro de la frontera. Es un fenómeno binacional, alimentado por omisiones, redes de corrupción y, en muchos casos, tolerancia institucional.
En México, el tema ya había comenzado a visibilizarse. El decomiso de un buque con diez millones de litros de diésel en el puerto de Altamira y la detención de varios auto tanques en Reynosa hace varias semanas atrás fueron señales de que el fenómeno había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Pero el golpe judicial en Texas confirma que la dinámica del huachicol fiscal no se limitaba a operaciones locales, sino que implicaba flujos internacionales, complicidades comerciales y una estructura que desbordaba las aduanas.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas. La propuesta busca cerrar los vacíos legales que durante décadas permitieron que agentes aduanales, importadores y servidores públicos eludieran su responsabilidad ante prácticas irregulares. Bajo el nuevo esquema, todos los actores involucrados en el proceso de internación de mercancías, desde quien envía el producto hasta quien lo inspecciona y quien lo autoriza, deberán responder de manera solidaria en caso de irregularidades. El cambio de fondo es simple pero potente, ya no se podrá mirar hacia otro lado.
La pregunta es evidente, ¿cuántas y cuáles agencias aduanales de Nuevo Laredo a Matamoros están metidas en este negocio sucio?. Ahí esta el centro de la sospecha de todo este entramado.
Sheinbaum fue directa al señalar que muchos de los fraudes aduaneros parten de mecanismos como el ingreso de productos que deberían pagar IVA o IEPS. La mandataria reconoció que las aduanas mexicanas recaudan cifras multimillonarias y que limpiar estos procesos es fundamental para mejorar los ingresos públicos, pero también para blindar la relación comercial con Estados Unidos, donde las advertencias sobre corrupción aduanera se han vuelto cada vez más serias.
El Departamento de Justicia estadounidense ya había alertado sobre los riesgos crecientes que representa la corrupción en las aduanas mexicanas para la seguridad nacional. El último Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio destacó no solo las irregularidades operativas, sino también la percepción de que algunas redes están vinculadas directamente con actividades del crimen organizado. Washington ha advertido que la falta de controles efectivos contradice los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amenaza con tensar aún más una relación comercial que ya navega por aguas turbulentas.
El escenario no podría ser más delicado. México enfrenta no solo las presiones de una economía global más frágil, sino también el escrutinio de su principal socio comercial, en momentos en que la confianza en los procesos aduanales se vuelve un factor determinante para la atracción de inversiones y la continuidad de las cadenas de suministro. Tamaulipas, con su posición estratégica y su infraestructura portuaria y fronteriza, está en la primera línea de este reto.
La agenda aduanal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional y de viabilidad económica. No basta con operativos reactivos. Se requiere una transformación estructural que garantice que los cruces fronterizos, los puertos y las terminales fiscales operen bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y legalidad. Se necesita, también, profesionalizar y supervisar de manera efectiva a quienes, como los agentes aduanales, cumplen funciones clave en el tránsito de mercancías.
La propuesta de reforma a la Ley de Aduanas podría ser un primer paso en la dirección correcta, si logra convertir la corresponsabilidad en una verdadera herramienta de control y no en un simple ajuste burocrático. Su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad para aplicarla sin excepciones.
El caso del huachicol fiscal en Texas y los operativos recientes en Tamaulipas son un espejo incómodo, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer la dimensión real del problema y para actuar con la determinación que exige el contexto. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie.
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Abr 27, 2025
Cuando el agua no alcanza
La relación entre México y Estados Unidos se ha construido históricamente entre acuerdos y desencuentros. A veces en forma de comercio, a veces en forma de migración. Y otras, como esta ocasión, en forma de agua. El Tratado de 1944, que durante décadas definió las reglas para el reparto de las aguas fronterizas, vuelve a colocarse en el centro de una disputa compleja, que no solo involucra relaciones diplomáticas, sino la vida cotidiana de miles de personas en el norte del país. Y Tamaulipas, por su geografía, historia y peso agrícola e industrial, se encuentra en el corazón del conflicto.
La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio ante una nueva ola de tensión binacional. La postura fue clara en lo institucional, aunque en lo político tuvo que sortear un terreno minado. Lo que dijo, y sobre todo lo que negó, permite entender la magnitud del tema. No se ha cedido ante Estados Unidos, afirmó. No hay una orden directa de Donald Trump que México esté obedeciendo. No hay una traición a los intereses nacionales. Hay un tratado. Hay una deuda. Y hay un problema de escasez. Eso fue lo que sostuvo la presidenta, mientras los productores del norte del país siguen viendo cómo el agua que no tienen se convierte en moneda de cambio.
En efecto, el Tratado de Aguas firmado en 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos poco más de dos mil ciento ochenta millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que Estados Unidos entrega mil ochocientos cincuenta millones. Es un acuerdo que parecía equilibrado en la letra, pero que en la práctica se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir. La sequía que afecta al norte mexicano no es un fenómeno reciente. Se arrastra desde hace años, pero se ha intensificado al punto de dejar presas como La Amistad o Falcón por debajo del 14 por ciento de su capacidad. La deuda de agua con Texas no es una invención, es un dato duro. El país ha entregado menos del 30 por ciento de lo pactado y el plazo vence en octubre.
Lo que complica aún más la situación es el cruce entre la presión diplomática y la urgencia regional. El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido el tema en una narrativa de gobierno. Acusó a México de “robar agua” a los agricultores texanos y condicionó incluso el flujo de agua hacia Tijuana como represalia. En paralelo, los artículos principales en los periódicos Reforma y Milenio amplificaron la preocupación nacional, hablando de extracciones extraordinarias en las presas fronterizas y de decisiones tomadas sin consultar a los gobiernos estatales. En ese contexto, Sheinbaum aclaró que las negociaciones se están realizando con responsabilidad, que no se ha ordenado ninguna entrega sin consenso, y que la prioridad es no afectar a los productores mexicanos.
Sin embargo, en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas no tardaron en expresar sus reservas. Para ellos, la situación no es de matices, sino de imposibilidades. No hay agua. No se puede entregar lo que no se tiene. Así lo dijo con firmeza la gobernadora Maru Campos, al afirmar que “nadie está obligado a lo imposible” y que Chihuahua atraviesa la peor sequía del país. En el mismo tono, el gobernador Manolo Jiménez de Coahuila y el secretario Raúl Quiroga de Tamaulipas coincidieron en que el agua debe usarse primero para la población y después para cumplir compromisos internacionales.
Detrás de estas declaraciones hay algo más que preocupación técnica. Hay un pulso político que se asoma con claridad. Cada uno defiende su territorio, sus productores y su narrativa. Pero también defienden su margen de maniobra frente a un gobierno federal que intenta equilibrar la presión de Washington con las necesidades internas. La presidenta ha dicho que se mantiene el diálogo con los mandatarios estatales. Que se analiza qué volumen se puede entregar sin vulnerar a las comunidades locales. En los hechos, la percepción es que el margen de tiempo y de acción se reduce.
El problema, más allá del cumplimiento del tratado, es el modelo de gestión hídrica que hoy muestra sus límites. Hemos dependido por décadas de los escurrimientos naturales y de un sistema de presas que ya no responde con la misma eficacia. La necesidad agrícola, la falta de inversión en infraestructura hídrica y la urbanización sin orden han erosionado la capacidad del país para garantizar agua para todos. Y cuando la escasez se vuelve insostenible, aparece el conflicto. El agua como símbolo de soberanía. El agua como arma de negociación. El agua como frontera. El agua como presión política.
En Tamaulipas, la preocupación tiene rostro concreto. Las presas Falcón y Marte R. Gómez, que nutren buena parte de las tierras agrícolas del estado, están en niveles críticos. La sequía ha golpeado los ciclos de producción y la incertidumbre sobre el abasto se ha convertido en una constante. La protesta del gobernador Américo Villarreal ante la minuta 331 —que abre la puerta a entregar agua del río San Juan— fue un mensaje claro. Si hay entrega, tiene que haber condiciones. Tiene que haber garantías. Tiene que haber claridad. Porque en una región donde el agua escasea, cada litro se disputa con fuerza.
Mientras tanto, la administración federal busca una salida técnica y diplomática. La propuesta enviada el 9 de abril a Estados Unidos busca negociar tiempos, cantidades y formas de entrega. Pero el reloj avanza. El plazo para cumplir con el tratado vence el 24 de octubre. Y aunque las lluvias podrían cambiar el escenario, nada garantiza que eso ocurra. Por eso, la tensión sigue latente. En las declaraciones oficiales, en las columnas de opinión, en los campos de riego y en los bordes del río Bravo.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un tratado. Es la capacidad para responder a una crisis sin sacrificar a sus regiones más vulnerables. Es la forma en que se construyen acuerdos internos antes de sentarse a negociar con el exterior. Es la confianza entre federación y estados. Entre productores y autoridades. Entre narrativa y realidad.
El país no puede darse el lujo de aparecer dividido en un tema tan delicado. El agua no es una concesión, es un derecho. Y cuando se reparte mal, cuando se promete más de lo que se puede cumplir, cuando se improvisa, el costo es alto. En diplomacia, en política y en el territorio.
Por eso, más allá de las versiones y los encabezados, lo que urge es una estrategia del agua que no solo administre emergencias, sino que construya soluciones sostenibles. El tratado de 1944 fue útil en su momento, pero el mundo ha cambiado. El clima ha cambiado. La frontera ha cambiado. Y si no se ajustan los mecanismos, las tensiones seguirán creciendo. No solo con Estados Unidos, sino dentro de México. Cuando el agua escasea, no solo se secan los campos. También se fractura el futuro.
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Imagen: Andrea Noemi López Trejo/Fotoarte El Financiero
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Abr 16, 2025
La otra corriente
Reynosa volvió a ser epicentro de una tragedia que no se explica solo por la intensidad de la lluvia. El agua que cayó el 27 de marzo no fue la única responsable del desastre. Lo fue también la otra corriente, la de los años de omisiones, de infraestructura olvidada, de canales asolvados y de una red de drenaje convertida en un depósito de basura. En medio de ese contexto, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad fronteriza, el viernes pasado, tuvo un alto contenido simbólico, pero también dejó al descubierto la urgencia de mirar más allá del lodo.
La presidenta llegó acompañada del gobernador Américo Villarreal, de la secretaria de Energía y de la titular de Bienestar. En segundo plano, también estuvo presente el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. El recorrido se realizó en las colonias Ernesto Zedillo y Las Delicias, dos de las afectadas por el desbordamiento de los canales. Se anunciaron apoyos directos para las familias, ocho mil pesos para limpieza, además de un paquete que incluye refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador. La distribución estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los beneficiarios serán aquellas personas que aparezcan en el censo levantado por la Secretaría de Bienestar y la Sedatu.
La presidenta también prometió que se trabajará en la regularización de colonias que no estén en zonas de riesgo. Y habló de limpiar, de prevenir, de revisar la infraestructura hidráulica para evitar que algo así se repita. Palabras necesarias, en un momento crítico, que llegan como señal de respaldo. Su presencia no fue una simple visita. Fue un acto de responsabilidad política frente a una crisis que tocó el corazón de más de 10 mil hogares y puso a prueba la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno.
Pero si la presidenta Sheinbaum caminó las calles afectadas el viernes, un día después el gobernador Américo Villarreal envió un mensaje que cargó el tono institucional con un matiz distinto. En una entrega de apoyos en las colonias Ampliación Delicias y Juan Escutia, el mandatario fue claro al señalar las causas estructurales que agudizaron el impacto de la lluvia: abandono en la infraestructura hidráulica, canales de riego deteriorados, colectores asolvados y una crisis de recolección de basura. Lo dijo sin rodeos. La basura que se acumula durante meses se convierte en tapón cuando llega la tormenta, y entonces, el agua no fluye. Se estanca. Se desborda. Se convierte en tragedia.
El gobernador aseguró que ese abandono no es nuevo. Que ha ocurrido durante años. Que no se le ha prestado atención. Y aunque no mencionó nombres ni señaló con el dedo, el mensaje tuvo un destino claro. Porque el manejo de la basura y el mantenimiento de los canales locales forman parte de la competencia municipal. Y en esa ecuación, el papel del ayuntamiento de Reynosa no puede pasarse por alto. En el fondo, lo dicho por el mandatario estatal fue un recordatorio de que, más allá de la ayuda emergente, hay una responsabilidad cotidiana que no se está cumpliendo.
En este cruce de declaraciones, la política mostró sus dos caras. La de la presencia solidaria, y la de la crítica institucional. Ambas necesarias. Porque mientras una atiende lo urgente, la otra pone sobre la mesa lo importante. Las familias afectadas necesitan apoyo ahora, pero la ciudad necesita también un replanteamiento profundo sobre cómo se gestiona su territorio, cómo se planea su crecimiento urbano, y cómo se cuidan sus servicios públicos.
Reynosa es una ciudad que ha crecido rápido, a veces de forma desordenada, empujada por la presión migratoria, la actividad industrial y en ocasiones por negocios inmobiliarios que surgen a costa de la necesidad de vivienda. Muchas colonias surgieron sin planeación, sin servicios adecuados ni estudios de impacto ambiental. El anuncio de la regularización de asentamientos puede ser una buena noticia, siempre y cuando se haga con criterios técnicos y de justicia territorial. No es solo el estatus legal de una colonia, sino su capacidad para resistir futuras emergencias.
Esta tragedia, como tantas otras en el país, no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de múltiples factores que se cruzaron en el momento menos indicado. Pero también puede ser un punto de partida. Hoy se abre una ventana de atención nacional sobre Reynosa. Esa visibilidad puede traducirse en inversión, en planes reales de mitigación de riesgos, en mejores políticas de vivienda y urbanismo. Pero también puede desvanecerse si no hay seguimiento, si se deja pasar la oportunidad de actuar con visión de largo plazo.
Si algo ha dejado claro esta emergencia es que existe una deuda con las ciudades fronterizas. No solo por la complejidad de sus dinámicas sociales y económicas, sino porque las crisis que enfrentan, ya sea por violencia, migración o fenómenos naturales, requieren una respuesta integral. No basta con atender el desastre cuando ocurre. Hay que prevenirlo. Y para prevenirlo, se necesita coordinación. Entre gobiernos, entre dependencias, entre niveles. Pero también se necesita algo más difícil de construir: voluntad.
Voluntad para hablar con claridad, como lo hizo el gobernador. Voluntad para presentarse en el terreno, como lo hizo la presidenta. Voluntad para asumir responsabilidades, aunque duelan. Esta tragedia no puede ser solo el recuerdo de una inundación. Tiene que ser el inicio de algo distinto. De una nueva corriente. Una que no se lleve todo a su paso, sino que limpie, que renueve, que construya.
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Abr 13, 2025
La ruta combustible
La agenda pública de Tamaulipas ha vuelto a girar sobre los mismos ejes que durante años han reflejado una parte incómoda de su realidad. De nueva cuenta Tamaulipas en el plano mediático nacional. La frontera y el puerto, el diésel y los tractocamiones, las aduanas y los vacíos. Esta vez, la lupa nacional se posó sobre Altamira y Reynosa, donde en apenas unos días fueron detectadas dos operaciones irregulares relacionadas con la importación de combustibles. El decomiso de un buque con diez millones de litros de hidrocarburo y el aseguramiento de más de medio millón de litros no son hechos menores. Son señales de que, en lo más profundo del sistema, algo grande ocurre.
El caso del buque detenido en el puerto de Altamira expuso una red de anomalías. De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, la embarcación descargó un material que no coincidía con lo declarado en los documentos fiscales. El diésel ingresó bajo una narrativa administrativa falsa, sin controles reales y con permisos otorgados por funcionarios cuya actuación ahora está bajo investigación. Aunque la tripulación, conformada principalmente por marinos, no habría tenido responsabilidad directa en la maniobra, las agencias aduanales y los servidores públicos involucrados ya enfrentan procedimientos administrativos y penales.
No es la primera vez que Tamaulipas se convierte en punto clave para este tipo de operaciones. Pero hoy, la más alta esfera del poder en México reconoce que el combustible entró con documentación falseada y que, al momento de su detección, ya había sido descargado en territorio nacional. Lo que revela este caso no es solo la sofisticación del contrabando, sino también las grietas por donde se cuelan los intereses ilícitos. Un barco cargado con millones de litros de diésel no es fácil de ocultar. Lo preocupante es que tampoco pareció difícil de autorizar.
Apenas unas horas después de conocerse el caso en Altamira, las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Reynosa. El resultado fue igual de significativo, el aseguramiento de 18 auto tanques cargados con aproximadamente 540 mil litros de combustible, y la detención de 18 personas. La operación conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General y Petróleos Mexicanos indica que hay una estrategia federal de contención en marcha. Pero también subraya una dinámica paralela, entre las sombras, que busca mantenerse activa, moviéndose entre la legalidad y la omisión.
Ambos casos revelan lo mismo. No hay delitos de este tamaño sin omisión, sin estructuras que facilitan, sin actores que permiten. Las importaciones ilegales de combustible afectan no solo a las finanzas públicas, sino al orden mismo de la competencia económica. Quienes venden hidrocarburos sin permisos ni regulaciones alteran el mercado, impactan la recaudación fiscal y, sobre todo, minan la confianza en el sistema aduanal del país. Y Tamaulipas, con sus puertos y cruces fronterizos, es una pieza central de ese tablero.
En este contexto, la actuación de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad federales debe valorarse como una señal de voluntad. Y también como una llamada de atención. Porque más allá de los decomisos, lo que se necesita es una revisión profunda de los procesos que permiten que un buque descargue millones de litros sin que nadie lo impida a tiempo. Se requiere transparencia en las agencias aduanales, profesionalismo en los inspectores, controles más robustos en los accesos marítimos y terrestres. Y, sobre todo, voluntad política para desarticular cualquier posible red de complicidades.
La ciudadanía tamaulipeca, que tantas veces ha sido testigo de estas irregularidades, merece saber hasta dónde llegará la investigación. Si se sancionará solo a los responsables operativos, o si se llegará al corazón del problema. Si estos dos casos serán excepciones visibles, o el principio de una limpieza más profunda en los mecanismos de comercio e importación. Porque los decomisos sirven, sí, pero no resuelven por sí solos lo que se ha venido acumulando por años.
Lejos de estos temas, pero no menos relevante para el estado, ayer se confirmó un cambio importante en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lucía Aimé Castillo Pastor dejó el cargo en medio de una escalada de tensiones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que había solicitado en reiteradas ocasiones su salida. La renuncia se interpreta como una medida necesaria para reducir la presión sindical y destrabar el diálogo con las bases magisteriales, un sector históricamente complejo, pero fundamental para la gobernabilidad.
El gobernador Américo Villarreal entregó el nombramiento al nuevo titular, el doctor Miguel Ángel Valdez García, un perfil técnico con experiencia en la educación superior y con una trayectoria que, se espera, aporte equilibrio a una dependencia que ha vivido semanas intensas. Su llegada representa un nuevo intento por reconstruir las relaciones institucionales y retomar la agenda educativa en un momento donde las demandas por infraestructura, calidad académica y condiciones laborales siguen marcando la conversación pública.
Ambos episodios, el del combustible ilegal y el de los movimientos en el gabinete, muestran que las instituciones están en revisión. No todo está resuelto, pero hay señales de que el sistema busca ajustarse.
En medio de un contexto complejo, la legalidad debe ser una constante, no una excepción. Y la confianza, un objetivo al que se llega con hechos, no solo con discursos.
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Abr 9, 2025
Diálogo, una deuda con las madres buscadoras
En México la desaparición de una persona no es solo un crimen, es una condena colectiva. Una herida abierta que cruza sexenios, geografías y gobiernos sin encontrar respuesta. En este país, los desaparecidos no se esfuman. Se los traga un sistema que, por años, ha sido incapaz de buscar con eficacia, de identificar con certeza, de garantizar justicia. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió detener el análisis legislativo de sus propias iniciativas sobre desapariciones, para abrir un canal de diálogo con las familias buscadoras. El gesto es interpretado como apertura, como voluntad de escuchar, pero también revela un punto crítico, que la reforma, como muchas otras antes, había sido diseñada sin tomar en cuenta a quienes más saben del tema. Las madres. Los colectivos. Las víctimas.
En ciudades de Tamaulipas, como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde el fenómeno de las desapariciones ha calado con fuerza en la vida cotidiana, las medidas planteadas podrían representar un cambio significativo. Colectivos de búsqueda que han trabajado durante años con recursos limitados y sin respaldo institucional podrían encontrar herramientas para fortalecer sus procesos. La posibilidad de cruzar datos entre fiscalías, integrar carpetas en una base nacional y agilizar la respuesta en las primeras horas tras una desaparición, permitiría que las acciones de búsqueda no se pierdan en la burocracia ni en la descoordinación entre autoridades.
La frontera de Tamaulipas ha sido escenario de historias lamentables, donde muchas familias han tenido que convertirse en investigadoras ante la falta de respuestas. Por eso, que estas reformas integren la experiencia de quienes han sostenido la búsqueda puede marcar la diferencia. No se trata solo de nuevas tecnologías, sino de corregir una historia de abandono. Si las propuestas se traducen en acciones concretas, podrían devolver algo de confianza a quienes han buscado entre el polvo y el miedo sin más apoyo que su determinación.
El tema no es menor. En un país con más de 115 mil personas desaparecidas, cada decisión institucional se escribe sobre una ausencia. La nueva administración busca reformar la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, planteando una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La CURP, fortalecida con datos biométricos, se convertiría en documento oficial para todos los registros administrativos. Las medidas apuntan a la tecnificación del proceso, a la coordinación entre fiscalías, al cruce automatizado de información. Este progreso había dejado afuera lo esencial, la experiencia viva de quienes buscan todos los días con las manos en la tierra.
La reacción no se hizo esperar. Colectivos de madres buscadoras levantaron la voz y exigieron no solo ser escuchadas, sino formar parte activa del diseño. Que no se legisle sin ellas. Que no se aprueben herramientas que no reflejan las verdaderas necesidades del campo. La presidenta respondió con apertura, con sensibilidad, posponiendo la discusión legislativa, anunciando una serie de reuniones a través de la Secretaría de Gobernación. Se trata, dicen, de incorporar propuestas. De fortalecer las iniciativas. De hacerlas más humanas.
En su conferencia, Sheinbaum insistió en que las desapariciones ya no provienen del Estado, sino del crimen organizado. Pero el Estado sigue siendo responsable. Las fiscalías estatales y la federal deben dejar atrás la fragmentación, debe existir una comunicación efectiva, con un sistema que permita cruzar bases de datos o identificar restos acumulados en los servicios forenses. Los colectivos lo han dicho con claridad. Se necesita que las leyes existentes se apliquen. Que se investigue desde la primera hora. Que se proteja a quienes buscan. Que se identifiquen los cuerpos. Que se actúe.
El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso la profundidad del abismo. Un lugar revisado en septiembre pasado, ignorado por las autoridades, y hoy convertido en símbolo de horror. El hallazgo de ropas y objetos personales expuso no solo la brutalidad del crimen. La desidia. La negligencia. Y fue precisamente el trabajo de las familias, de las madres, lo que forzó una segunda revisión. Fueron ellas quienes señalaron lo que nadie quiso ver.
Por eso, aunque el gesto de abrir el diálogo ha sido bien recibido, llega en un momento en que la desconfianza ya se ha instalado. No es un problema nuevo, sino el resultado de promesas incumplidas a lo largo de varios sexenios. En muchos hogares, la esperanza ha aprendido a coexistir con el escepticismo. Algunas voces dentro del poder legislativo siguen sin comprender el peso del silencio. “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, preguntó hace unos días el presidente del Senado. Una frase desafortunada que refleja, quizá sin quererlo, la distancia que aún existe entre quienes buscan respuestas y quienes deberían ofrecerlas.
La propuesta de reforma parte de premisas relevantes y de herramientas que pueden aportar al proceso. La tecnología, sin duda, tiene un lugar importante en la construcción de soluciones. Pero no basta con una base de datos, ni con una CURP fortalecida, si no se acompaña de una mirada humana, cercana y comprometida. Las madres lo han subrayado con puntualidad. Varias de las medidas propuestas ya están en la ley, pero no han sido llevadas a la práctica. El reto no es solo legislar, sino transformar esa voluntad en acciones sostenidas, con recursos, coordinación y sensibilidad. Porque en este tema, la forma también es fondo.
La presidenta ha mostrado un estilo distinto al de su antecesor. Ha reconocido la urgencia del tema. Ha leído el momento político. Ha abierto la puerta al diálogo. Pero la solución no puede venir solo desde arriba. Tiene que construirse desde abajo. Desde la escucha activa. Desde la incorporación real de las voces que han estado en la trinchera. Desde el reconocimiento de que la búsqueda de personas no es un tema administrativo, sino un drama humano.
En México, la desaparición forzada es un crimen que no descansa. Cada día que pasa sin respuesta es una revictimización. Cada cuerpo no identificado es una deuda. Cada familia que busca sola, sin apoyo, sin protección, es una derrota. La reforma, si se hace bien, puede ser un parteaguas. Pero si se hace de espaldas a las víctimas, será solo una ley más en un país lleno de normas que no se cumplen.
Por eso es crucial que las próximas reuniones no sean solo actos simbólicos. Que el canal de escucha no sea una simulación. Que las madres, las familias, los colectivos, no sean tratados como espectadores, sino como protagonistas. Porque son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han fallado. Porque son ellas quienes saben qué hace falta. Porque son ellas quienes han pagado el precio más alto.
La crisis de las desapariciones en México no se resolverá solo con un software, ni con una nueva CURP, ni con comunicados bien redactados. Se resolverá cuando el país decida mirar de frente su dolor, cuando la política deje de administrar silencios y empiece a construir respuestas. Esta vez, al menos, alguien en Palacio Nacional ha escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, la puerta no se cerró. Y ese gesto, pequeño pero inmenso, puede ser el comienzo de algo distinto.
Imagen: Anthony Coyle, National Geographic.
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Abr 6, 2025