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Texas

  • Drones sobre el río

    En la línea que divide a Tamaulipas del sur de Texas, la tecnología se ha convertido en el nuevo rostro de una amenaza conocida. No es un misil, ni un convoy armado, ni una persecución en brechas o campos. Es un dron. Pequeño, silencioso, difícil de detectar. Pero cargado de información, o en algunos casos, de droga. La jefa del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, lo ha dicho con claridad. En los últimos tres años han detectado 155 mil sobrevuelos no autorizados a lo largo de la frontera con México. No son drones recreativos. Son herramientas de vigilancia, operadas por organizaciones criminales que espían las operaciones de seguridad de Estados Unidos. Es, en palabras de la funcionaria, una amenaza muy seria.

    Lo que ocurre en esa línea fronteriza tiene un impacto directo sobre Tamaulipas. La cercanía geográfica con Texas, la presencia de grupos criminales, la dinámica intensa de comercio, migración y seguridad convierten al estado en un punto neurálgico de la discusión. Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y toda la Ribereña. Nombres que aparecen una y otra vez cuando se trata de rutas, decomisos, operativos. Y ahora, también, como escenarios de una guerra tecnológica silenciosa, en la que los drones representan una ventaja táctica para el crimen organizado. Sirven para grabar, para observar, para anticipar. Y eventualmente, como ya ocurrió, para transportar droga por vía aérea.

    No es un tema nuevo, pero sí ha escalado. El dato más revelador ofrecido por Chávez es que el uso de drones comenzó a documentarse sistemáticamente desde febrero de 2022. Desde entonces, las cifras han crecido de forma exponencial. Tan solo el año pasado, un dron cargado con cocaína cruzó el río Bravo. Eran siete libras, una cantidad modesta en términos de contrabando, pero inmensa en cuanto al mensaje que representa. El crimen está dispuesto a innovar, a adaptarse, a incorporar cualquier tecnología que le permita operar con mayor impunidad.

    La respuesta de Estados Unidos ha sido el reforzamiento de su frontera con más personal, más patrullajes y una inversión creciente en tecnología para contrarrestar esta nueva táctica. Chávez asegura que ahora, con la baja en los flujos migratorios, pueden enfocar más recursos a enfrentar esta modalidad de vigilancia criminal. La presencia de más de 16 mil elementos de diversas agencias norteamericanas a lo largo de la frontera lo confirma. No es casualidad que este tema haya ganado prioridad en las reuniones de seguridad bilateral.

    Tampoco es casual que este nuevo episodio ocurra mientras Donald Trump ha comenzado a retomar la narrativa del combate transfronterizo contra los cárteles mexicanos. En meses recientes, el expresidente estadounidense ha sugerido enviar tropas a territorio mexicano para enfrentar directamente a los grupos criminales. Aunque no hay una propuesta formal en curso, el eco de sus palabras ha reactivado un viejo temor. La posibilidad de que la cooperación binacional pierda el carácter civil y diplomático para convertirse en un ejercicio de presión militar unilateral. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. México no permitirá la intervención de tropas extranjeras. No por simpatía con los criminales, sino por soberanía.

    En ese posicionamiento, Sheinbaum ha sido clara y firme. Ha reconocido que Trump ofreció apoyo militar para combatir al crimen organizado, y también que México rechazó esa posibilidad. La decisión no es menor. Implica asumir el control del problema, hacerse responsable, mantener la soberanía como principio rector de la política exterior. Pero también implica estar a la altura del desafío. Porque si no se actúa con contundencia desde el lado mexicano, el argumento de la inacción será usado como justificación para nuevas presiones o medidas unilaterales.

    Hay que decirlo. Ciudades tamaulipecas, especialmente en la frontera, viven esa tensión todos los días. No es solo una cuestión de drones. Es una realidad marcada por la vigilancia, el miedo, la sospecha. Es una región donde las estrategias criminales cambian con rapidez, mientras las instituciones hacen esfuerzos por adaptarse a nuevas amenazas. El espacio aéreo de baja altura se ha convertido en un terreno disputado. Lo que antes se hacía con halcones humanos, ahora se hace con drones que transmiten video en tiempo real. Los cruces de información, los puntos ciegos, los relevos de guardias. Todo se graba. Todo se analiza. Todo puede ser explotado.

    La relación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad fronteriza ha sido siempre tensa, pero también profundamente recíproca. Washington sabe que sin cooperación mexicana no hay estrategia posible para contener el flujo de drogas. Y México sabe que sin inteligencia estadounidense es más difícil enfrentar a las redes internacionales de tráfico. Pero el equilibrio se rompe cuando uno de los dos actores cree que el otro no está haciendo lo suficiente. Hoy, ese punto de quiebre puede estar acercándose. Las advertencias del Departamento de Justicia norteamericano sobre corrupción en las aduanas mexicanas, y los reportes del FBI sobre estructuras criminales binacionales, apuntan a que la tensión podría escalar.

    Tamaulipas no es solo frontera. Es un espacio de tránsito, pero también de destino. Es una región que ha aprendido a sobrevivir entre operativos y rumores, entre retenes y rutas clandestinas. Por eso, cada señal de alerta que surge desde el otro lado de la línea preocupa. Porque aquí es donde se sienten los efectos, donde llegan las consecuencias, donde se despliegan los operativos. Las decisiones que se tomen en Washington o en la Ciudad de México se traducen en patrullajes, en cateos, en cambios en la rutina de miles de personas.

    El desafío está en encontrar un equilibrio entre la defensa de la soberanía y la urgencia de actuar. El dron, convertido en herramienta de la ilegalidad, es una señal clara de que el crimen va un paso adelante. El Estado debe responder con inteligencia, coordinación y firmeza, antes de que esas pequeñas máquinas definan las nuevas estrategias del delito.

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  • Complicidades expuestas

    El combustible volvió a encender las alarmas, pero esta vez las sirenas no sonaban solo en territorio mexicano. Desde el sur de Texas, un operativo encabezado por el FBI puso al descubierto una red de contrabando de hidrocarburos que cruzaba la frontera con documentos alterados, evadiendo impuestos y afectando a ambos lados del Río Bravo. Veinte tractocamiones cargados con combustible fueron asegurados en los patios de Arroyo Terminals, una empresa texana ahora acusada formalmente de participar en esquemas de lavado de dinero y contrabando de mercancías hacia México. El llamado huachicol fiscal, fenómeno que en los últimos años se había consolidado como un problema fronterizo nacional, escaló de pronto al nivel internacional, involucrando a agencias estadounidenses y colocando otra vez a Tamaulipas en el centro de un caso de alto impacto.

    La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas no deja mucho margen a la interpretación. Se describe un entramado que permitía internar combustible a México bajo amparos de importación falsificados, declarando residuos de aceites o destilados de petróleo para ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. El expediente revela que esta práctica se repitió miles de veces, para ser precisos, 2,881 cargamentos ilegales de hidrocarburo, generando un flujo irregular y una estructura paralela de transporte y distribución. Más grave aún es que el expediente judicial señala que parte del combustible refinado provenía originalmente de robo en México, en una dinámica que iba y venía entre Tamaulipas y Texas, aprovechando los huecos del sistema.

    La investigación estadounidense, que inició en 2022, involucra cargos de conspiración para lavar dinero, contrabando y operaciones financieras irregulares. Se estima que los bienes en riesgo de confiscación, incluidos tractocamiones, propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones, ascienden a 300 millones de dólares. La magnitud del caso refleja la escala de la economía subterránea que puede prosperar en las zonas de intercambio comercial cuando los controles son débiles o cómplices. También revela una realidad incómoda, el problema no es aislado de un lado u otro de la frontera. Es un fenómeno binacional, alimentado por omisiones, redes de corrupción y, en muchos casos, tolerancia institucional.

    En México, el tema ya había comenzado a visibilizarse. El decomiso de un buque con diez millones de litros de diésel en el puerto de Altamira y la detención de varios auto tanques en Reynosa hace varias semanas atrás fueron señales de que el fenómeno había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Pero el golpe judicial en Texas confirma que la dinámica del huachicol fiscal no se limitaba a operaciones locales, sino que implicaba flujos internacionales, complicidades comerciales y una estructura que desbordaba las aduanas.

    Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas. La propuesta busca cerrar los vacíos legales que durante décadas permitieron que agentes aduanales, importadores y servidores públicos eludieran su responsabilidad ante prácticas irregulares. Bajo el nuevo esquema, todos los actores involucrados en el proceso de internación de mercancías, desde quien envía el producto hasta quien lo inspecciona y quien lo autoriza, deberán responder de manera solidaria en caso de irregularidades. El cambio de fondo es simple pero potente, ya no se podrá mirar hacia otro lado. 

    La pregunta es evidente, ¿cuántas y cuáles agencias aduanales de Nuevo Laredo a Matamoros están metidas en este negocio sucio?. Ahí esta el centro de la sospecha de todo este entramado. 

    Sheinbaum fue directa al señalar que muchos de los fraudes aduaneros parten de mecanismos como el ingreso de productos que deberían pagar IVA o IEPS. La mandataria reconoció que las aduanas mexicanas recaudan cifras multimillonarias y que limpiar estos procesos es fundamental para mejorar los ingresos públicos, pero también para blindar la relación comercial con Estados Unidos, donde las advertencias sobre corrupción aduanera se han vuelto cada vez más serias.

    El Departamento de Justicia estadounidense ya había alertado sobre los riesgos crecientes que representa la corrupción en las aduanas mexicanas para la seguridad nacional. El último Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio destacó no solo las irregularidades operativas, sino también la percepción de que algunas redes están vinculadas directamente con actividades del crimen organizado. Washington ha advertido que la falta de controles efectivos contradice los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amenaza con tensar aún más una relación comercial que ya navega por aguas turbulentas.

    El escenario no podría ser más delicado. México enfrenta no solo las presiones de una economía global más frágil, sino también el escrutinio de su principal socio comercial, en momentos en que la confianza en los procesos aduanales se vuelve un factor determinante para la atracción de inversiones y la continuidad de las cadenas de suministro. Tamaulipas, con su posición estratégica y su infraestructura portuaria y fronteriza, está en la primera línea de este reto.

    La agenda aduanal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional y de viabilidad económica. No basta con operativos reactivos. Se requiere una transformación estructural que garantice que los cruces fronterizos, los puertos y las terminales fiscales operen bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y legalidad. Se necesita, también, profesionalizar y supervisar de manera efectiva a quienes, como los agentes aduanales, cumplen funciones clave en el tránsito de mercancías.

    La propuesta de reforma a la Ley de Aduanas podría ser un primer paso en la dirección correcta, si logra convertir la corresponsabilidad en una verdadera herramienta de control y no en un simple ajuste burocrático. Su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad para aplicarla sin excepciones.

    El caso del huachicol fiscal en Texas y los operativos recientes en Tamaulipas son un espejo incómodo, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer la dimensión real del problema y para actuar con la determinación que exige el contexto. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie. 

    Mail: ct@carlostovar.com

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  • Incertidumbre como estrategia

    La amenaza de los aranceles no es solo un golpe comercial, es una declaración política. Donald Trump lo sabe bien. Más allá de si se aplican o no, la mera insinuación de restricciones comerciales ya provoca el efecto que busca: generar incertidumbre. En el mundo de los negocios, la estabilidad es un activo tan valioso como el capital. Si un inversionista duda sobre si México será un lugar seguro para fabricar, expandirse o trasladar su producción, la batalla ya está parcialmente ganada para el discurso proteccionista del expresidente estadounidense.

    El objetivo es evidente, presentar a México como un socio poco confiable, un país en el que las reglas del comercio pueden cambiar de un momento a otro, en el que instalar una fábrica podría significar enfrentarse a una barrera arancelaria inesperada. Un escenario cambiante es un arma que se esgrime sin necesidad de aplicar medidas concretas. La simple mención de restricciones comerciales puede frenar inversiones, reconfigurar planes de expansión y afectar la competitividad de sectores clave. Y aunque hoy los aranceles siguen en el aire, el solo hecho de que se hable de ellos ya ha generado movimientos en los mercados y en la industria manufacturera.

    El sector privado en la frontera ya siente la presión. Empresarios han advertido sobre las consecuencias que la incertidumbre comercial está generando en la industria maquiladora.

    La Cámara de Comercio de Reynosa y la Coparmex advirtieron que la industria maquiladora enfrenta un escenario complejo. El presidente de la Canaco Reynosa, Gildardo López Hinojosa, afirmó que la imposición de aranceles del 25% pone en riesgo la permanencia de 145 mil empleos en la industria manufacturera de la región.

    En tanto, la Coparmex también alertó sobre la inestabilidad que generan estas medidas. Su presidente, Heberardo González Garza, destacó que la cadena de suministro entre México y Estados Unidos perderá competitividad debido al encarecimiento de insumos y a la disrupción de procesos productivos que dependen del comercio transfronterizo.

    No es un tema menor. En esta región, el 55% del empleo formal depende de la manufactura de exportación. La relación con Texas no es opcional, es la base de un ecosistema económico profundamente integrado. 

    Texas, el principal estado exportador de Estados Unidos, mantiene una relación económica estrecha con México. En 2023, envió bienes y servicios al exterior por un valor de 444 mil 600 millones de dólares, representando el 22% del total nacional. Con Canadá, México y China como sus principales socios comerciales, el impacto de las nuevas tarifas ya se percibe en distintos sectores económicos del estado.

    Los efectos directos no tardaron en hacerse sentir. La Cámara de Comercio de Laredo, el puerto terrestre más grande del país, alertó en un comunicado que los aranceles golpearán tanto a los consumidores como a las empresas del estado. En la misma línea, los alcaldes de San Antonio y Arlington, Ron Nirenberg y Jim Rossa, dirigieron una carta a los dos senadores texanos en el Congreso estadounidense para manifestar su preocupación por los efectos adversos en la industria manufacturera automotriz.

    “Los aranceles representan una amenaza seria para el poder adquisitivo y los trabajos de los tejanos”, afirmaron los alcaldes en un documento, en el que señalaron que más de 10 mil empleos en sus ciudades dependen de la producción de camionetas pick-up de Toyota y General Motors. El mensaje es claro, la imposición de barreras comerciales no solo afecta a México, sino que también sacude la estabilidad económica de Texas y de todo Estados Unidos.

    En medio de este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por mantener la estabilidad. La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda, anunciada desde el inicio de la administración, se ejecutó en un contexto calculado para evitar sobresaltos en los mercados. La llegada de Edgar Amador Zamora como su reemplazo busca enviar una señal de continuidad. No hay improvisación, no hay cambios abruptos, solo un ajuste en la estructura gubernamental que no debe interpretarse como un giro en la política económica del país.

    Ramírez de la O, considerado el economista más influyente del país, permanecerá como asesor de la presidencia, lo que da cuenta del interés del gobierno por mantener una línea económica predecible, proyectar una imagen consistente, sin cambios radicales. Para un país que enfrenta una narrativa pesada proveniente de Estados Unidos, mantener la confianza de los inversionistas se ha vuelto una prioridad.

    El golpe a la industria automotriz es innegable. La producción y exportación de vehículos han mostrado signos de desaceleración. En febrero, las exportaciones de autos mexicanos cayeron un 9.2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

    Las grandes armadoras estadounidenses han hecho presión sobre el gobierno de Trump para retrasar la imposición de aranceles a los vehículos importados desde México y Canadá. Por ahora, la administración estadounidense ha decidido postergar esta medida hasta abril, pero la industria de autopartes sigue sin claridad.

    La Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz ha señalado que la exclusión de las autopartes de la exención arancelaria es una de las mayores preocupaciones del sector. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, si los aranceles entran en vigor, los costos de producción en Estados Unidos podrían aumentar entre un 15% y un 30%, lo que impactaría a consumidores y talleres mecánicos.

    La industria automotriz mexicana exporta el 80% de su producción a Estados Unidos, lo que representa el 20% del parque vehicular de ese país. Cualquier alteración en la cadena de suministro puede generar alteraciones de gran escala.

    Lo que está en juego no es solo el comercio, sino la estabilidad de un modelo económico que ha permitido la integración de Norteamérica durante décadas. México ha demostrado ser un socio confiable para la economía estadounidense, pero los ataques constantes desde Washington siembran dudas sobre el futuro de la relación.

    La renegociación del T-MEC en 2026 se perfila como el próximo gran campo de batalla. Pero, por ahora, con un panorama en constante cambio, la clave será anticiparse a los movimientos y no solo reaccionar a ellos. La incertidumbre no puede marcar el rumbo.

    Publicado en El Mañana de Reynosa

  • La amenaza se cumplió

    Era un escenario anunciado y ahora es una realidad. Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, una medida que añade presión a la economía binacional y obliga a empresas y exportadores a replantear estrategias. En la frontera, el impacto alcanzará sectores como la manufactura y la logística, en un entorno que ha dependido por décadas del libre comercio y ahora enfrenta nuevos desafíos.

    La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles marca un punto de quiebre en la dinámica comercial de Norteamérica. El T-MEC, diseñado para fortalecer la integración económica, enfrenta ahora una medida que eleva los costos de producción y encarece bienes esenciales para industrias y consumidores en los tres países. En este contexto, Tamaulipas, con su papel estratégico en el comercio transfronterizo, sigue siendo un punto clave en el flujo de bienes entre México y Estados Unidos. La relación comercial con Texas ha sido fundamental para el desarrollo de la región y, ante estos nuevos ajustes, la expectativa está en cómo evolucionarán las dinámicas del sector productivo y logístico en los próximos meses.

    El estado es un pilar fundamental del comercio entre México y Estados Unidos. Una gran parte del movimiento de mercancías que conforman los 105 mil millones de dólares en importaciones que Texas recibe de México pasa por territorio tamaulipeco, pero más allá de ser una vía de tránsito, la economía del estado se sostiene con una actividad exportadora sólida.

    De acuerdo con datos del INEGI, de enero a septiembre de 2024, Tamaulipas reportó exportaciones por 27,309 millones de dólares. Estos números reflejan la importancia de la actividad industrial y manufacturera en la región, especialmente en sectores como la automoción, la electrónica y la metalmecánica, que dependen de la integración con las cadenas de suministro en Estados Unidos.

    El Texas Center for Border Economic and Enterprise Development estima que más de 4.3 millones de empleos en Norteamérica dependen del comercio regional, con el sector manufacturero como el más expuesto. En Texas, donde las exportaciones hacia México superan los 51 mil millones de dólares, la interdependencia es evidente. Cualquier alteración en la dinámica comercial afecta ambos lados de la frontera, con impacto directo en las empresas tamaulipecas que forman parte de este ecosistema económico.

    Para Tamaulipas, la continuidad del flujo comercial es clave. La industria maquiladora, la manufactura avanzada y el sector logístico han consolidado su crecimiento en este intercambio. La relación binacional no solo impulsa la economía del estado, sino que también sustenta miles de empleos directos e indirectos, lo que hace que cualquier cambio en las condiciones del comercio internacional represente un reto inmediato.

    Más allá del impacto en México, las tarifas impuestas por Trump también se reflejarán en la economía estadounidense. La Tax Foundation estima que estas medidas reducirán el PIB de Estados Unidos en un 0.1%, sin contar las posibles represalias comerciales que puedan surgir en respuesta.

    El Peterson Institute for International Economics advierte que los hogares estadounidenses enfrentarán un costo adicional de 1,200 dólares al año por los aumentos de precios derivados de estas restricciones comerciales. La inflación, que ya ha sido un tema central en la política económica de ese país, podría verse presionada por el encarecimiento de bienes importados.

    Los estudios del PIIE también sugieren que, si México y Canadá responden con medidas similares, la economía de los tres países resentirá un impacto mayor. La Reserva Federal de Atlanta ha ajustado su proyección de crecimiento del PIB estadounidense a un estimado de -2.8% anualizado para el primer trimestre.

    México ha colaborado en seguridad, pero la política comercial de Trump siguió adelante. A pesar de la cooperación de México en seguridad, la política comercial de Trump no cambió de rumbo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que México ha mantenido una cooperación constante con Estados Unidos en materia de seguridad. Como parte de estos esfuerzos, en las últimas semanas se extraditaron 29 líderes de grupos criminales solicitados por la justicia estadounidense, además de reforzar operativos contra el tráfico de fentanilo.

    A pesar de estas acciones, se consideró que estos esfuerzos no eran suficientes para frenar la imposición de tarifas, lo que ha generado inquietud en los sectores económicos de ambos países.

    El entorno internacional abre un panorama de ajustes y estrategias para la inversión en Tamaulipas. La relocalización de empresas extranjeras ha sido un motor clave para el desarrollo económico del estado, y en este contexto, la toma de decisiones sigue su curso con un análisis detallado de las condiciones actuales.

    En la frontera, la coyuntura actual invita a consolidar estrategias que refuercen la competitividad y favorezcan un entorno propicio para nuevas inversiones y la expansión de sectores clave en la región.

    A pesar del escenario actual, el comercio no se detiene. Tamaulipas y Texas continúan siendo aliados estratégicos, con una red de producción y logística que ha resistido crisis anteriores. La dinámica ha cambiado y las empresas deben adaptarse a una nueva realidad donde los costos, las regulaciones y las decisiones políticas juegan un papel cada vez más determinante.

    El impacto de estas medidas aún se está calibrando, pero lo que es seguro es que la región no puede permitirse una pausa. Los actores económicos de ambos lados de la frontera tendrán que buscar soluciones para mantener la estabilidad y la competitividad en un momento que demanda respuestas rápidas y bien definidas.

    Publicado en El Mañana de Reynosa