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Estados Unidos

  • Plaga en el horizonte

    Desde hace décadas Tamaulipas ha sostenido su relevancia ganadera, gracias a un delicado equilibrio entre calidad, estatus sanitario y cumplimiento normativo. Esa combinación ha permitido que el estado sea el quinto exportador de ganado, con un 16 por ciento de las 960 mil cabezas que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes del mundo. Pero hoy, ese equilibrio enfrenta una amenaza. No se trata de un problema interno, sino de un fenómeno que avanza desde el sur del país, arrastrando consigo incertidumbre, desconfianza y riesgos para toda la cadena productiva.

    El gusano barrenador del ganado, una plaga que puede parecer distante en el mapa, ya ha dejado de ser una preocupación ajena. El brote más cercano se encuentra a 700 kilómetros de distancia, en Las Choapas, Veracruz. A simple vista, podría parecer lejano. Pero la distancia, en este caso, no es garantía de seguridad. La movilidad de la mosca que lo transmite y la fragilidad de los controles en ciertas regiones del país hacen que su avance no pueda descartarse ni minimizado. Las fronteras administrativas son débiles frente a un parásito que puede desplazarse por aire o sobre el cuerpo de animales infectados.

    Tamaulipas sigue siendo, formalmente, una zona libre del gusano barrenador. Así lo reconocen las autoridades estatales, federales y también el gobierno de Estados Unidos. Pero esa categoría, lejos de ser una medalla, es una responsabilidad. Obliga a mantener medidas estrictas de vigilancia, coordinación con productores y protocolos claros de detección y respuesta. 

    El problema no es solo biológico. Es también político y estructural. Para mantener a salvo al norte, se necesita mirar con atención lo que ocurre en el sur. Porque ahí, en la frontera con Centroamérica, los filtros de control son endebles. El ingreso ilegal de animales, muchas veces sin trazabilidad ni control sanitario, representa una vía de alto riesgo. Productores de estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, entre otros, que han cumplido con los requisitos internacionales, no pueden cargar con las consecuencias de un sistema que falla en otros puntos del país.

    Las autoridades sanitarias mexicanas han diseñado una regionalización del territorio nacional para enfrentar el problema. Se han definido tres zonas: una con presencia activa del parásito, otra de amortiguamiento, y una zona libre donde se refuerzan los mecanismos de prevención. Tamaulipas se encuentra en esta última. Se han desplegado acciones de vigilancia epidemiológica, instalación de trampas, inspecciones en unidades productivas y campañas de información con asociaciones ganaderas. Todo eso suma. Pero no es suficiente si al mismo tiempo no se fortalecen los puntos de entrada del ganado en la frontera sur.

    El gobierno estatal, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, ha emprendido reuniones informativas en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, producto de esta coordinación se realizaron 49 encuentros. El objetivo es claro, capacitar a los productores para que identifiquen posibles síntomas del parásito y reporten de inmediato cualquier sospecha. La detección temprana es la única herramienta para frenar un brote. Pero esa estrategia depende, en gran medida, de la confianza y participación del sector productivo. Y la confianza se construye también con claridad en las reglas del juego.

    Mientras tanto, la exportación en pie hacia Estados Unidos permanece suspendida. No porque haya un caso en la entidad, sino por decisión de la secretaria de Agricultura estadounidense ante la detección de la plaga en otras zonas del país. El daño, en este caso, es colateral. Los ganaderos tamaulipecos ven paralizadas sus operaciones por una amenaza que no han generado. Es una prueba más de cómo los riesgos sanitarios en México deben asumirse como un tema nacional, no fragmentado por estados.

    Nuevo León, un estado sin presencia confirmada del gusano, ha decidido no esperar. Sus productores de carne bovina, que aportan el 11 por ciento del total nacional, impulsan un plan conjunto con Senasica y autoridades locales para contener cualquier posible ingreso de la plaga. Aunque no han detallado públicamente las medidas, el mensaje es claro, más vale anticiparse que lamentar. Saben que no pueden controlar la llegada de la mosca, pero sí pueden mitigar sus efectos y responder con rapidez ante cualquier brote.

    La industria ganadera del norte del país no solo genera empleo. También es una pieza central del comercio exterior mexicano. Cada certificado sanitario que acompaña a una exportación no es un simple trámite, sino un compromiso. Con los consumidores, con los socios comerciales, con los estándares que exigen calidad e inocuidad. Y ese compromiso se ve amenazado si las autoridades no aseguran que todas las regiones del país cumplan con los mismos criterios.

    El impacto de la plaga no se limita a las pérdidas directas. También mina la credibilidad. Estados Unidos exige garantías, no discursos. Si percibe vacíos en la vigilancia, aplicará bloqueos sin distinguir entre regiones. La suspensión actual es una advertencia. El camino para reabrir el comercio pasa por demostrar que México puede contener al parásito sin importar donde aparezca.

    No se trata de crear alarmas innecesarias. Las cifras recientes indican una disminución en los casos activos, lo que sugiere que la estrategia nacional está dando resultados. El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ha reconocido este avance. Pero esos datos deben complementarse con acciones preventivas. 

    La experiencia obliga a no confiarse. Otras crisis sanitarias han enseñado que las plagas no respetan fronteras, ni tiempos políticos. El gusano barrenador no espera a que se redacten protocolos. 

    Tamaulipas, junto con Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, ha asumido con responsabilidad su papel como zona libre. Pero esa libertad solo es sostenible si se mantiene viva la cooperación federal y si se atienden los puntos vulnerables del país. El problema no está aquí, pero sus consecuencias sí. Y aunque nadie desea que la plaga toque territorio tamaulipeco, es justo reconocer que la amenaza ya forma parte del horizonte.

    Mail: ct@carlostovar.com

    X: @carlostovarmx

    Publicado originalmente en El Mañana de Reynosa:

    https://www.elmanana.com/opinion/columnas/plaga-en-el-horizonte-5984482.html

  • Cuando el agua no alcanza

    La relación entre México y Estados Unidos se ha construido históricamente entre acuerdos y desencuentros. A veces en forma de comercio, a veces en forma de migración. Y otras, como esta ocasión, en forma de agua. El Tratado de 1944, que durante décadas definió las reglas para el reparto de las aguas fronterizas, vuelve a colocarse en el centro de una disputa compleja, que no solo involucra relaciones diplomáticas, sino la vida cotidiana de miles de personas en el norte del país. Y Tamaulipas, por su geografía, historia y peso agrícola e industrial, se encuentra en el corazón del conflicto.

    La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio ante una nueva ola de tensión binacional. La postura fue clara en lo institucional, aunque en lo político tuvo que sortear un terreno minado. Lo que dijo, y sobre todo lo que negó, permite entender la magnitud del tema. No se ha cedido ante Estados Unidos, afirmó. No hay una orden directa de Donald Trump que México esté obedeciendo. No hay una traición a los intereses nacionales. Hay un tratado. Hay una deuda. Y hay un problema de escasez. Eso fue lo que sostuvo la presidenta, mientras los productores del norte del país siguen viendo cómo el agua que no tienen se convierte en moneda de cambio.

    En efecto, el Tratado de Aguas firmado en 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos poco más de dos mil ciento ochenta millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que Estados Unidos entrega mil ochocientos cincuenta millones. Es un acuerdo que parecía equilibrado en la letra, pero que en la práctica se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir. La sequía que afecta al norte mexicano no es un fenómeno reciente. Se arrastra desde hace años, pero se ha intensificado al punto de dejar presas como La Amistad o Falcón por debajo del 14 por ciento de su capacidad. La deuda de agua con Texas no es una invención, es un dato duro. El país ha entregado menos del 30 por ciento de lo pactado y el plazo vence en octubre.

    Lo que complica aún más la situación es el cruce entre la presión diplomática y la urgencia regional. El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido el tema en una narrativa de gobierno. Acusó a México de “robar agua” a los agricultores texanos y condicionó incluso el flujo de agua hacia Tijuana como represalia. En paralelo, los artículos principales en los periódicos Reforma y Milenio amplificaron la preocupación nacional, hablando de extracciones extraordinarias en las presas fronterizas y de decisiones tomadas sin consultar a los gobiernos estatales. En ese contexto, Sheinbaum aclaró que las negociaciones se están realizando con responsabilidad, que no se ha ordenado ninguna entrega sin consenso, y que la prioridad es no afectar a los productores mexicanos.

    Sin embargo, en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas no tardaron en expresar sus reservas. Para ellos, la situación no es de matices, sino de imposibilidades. No hay agua. No se puede entregar lo que no se tiene. Así lo dijo con firmeza la gobernadora Maru Campos, al afirmar que “nadie está obligado a lo imposible” y que Chihuahua atraviesa la peor sequía del país. En el mismo tono, el gobernador Manolo Jiménez de Coahuila y el secretario Raúl Quiroga de Tamaulipas coincidieron en que el agua debe usarse primero para la población y después para cumplir compromisos internacionales.

    Detrás de estas declaraciones hay algo más que preocupación técnica. Hay un pulso político que se asoma con claridad. Cada uno defiende su territorio, sus productores y su narrativa. Pero también defienden su margen de maniobra frente a un gobierno federal que intenta equilibrar la presión de Washington con las necesidades internas. La presidenta ha dicho que se mantiene el diálogo con los mandatarios estatales. Que se analiza qué volumen se puede entregar sin vulnerar a las comunidades locales. En los hechos, la percepción es que el margen de tiempo y de acción se reduce.

    El problema, más allá del cumplimiento del tratado, es el modelo de gestión hídrica que hoy muestra sus límites. Hemos dependido por décadas de los escurrimientos naturales y de un sistema de presas que ya no responde con la misma eficacia. La necesidad agrícola, la falta de inversión en infraestructura hídrica y la urbanización sin orden han erosionado la capacidad del país para garantizar agua para todos. Y cuando la escasez se vuelve insostenible, aparece el conflicto. El agua como símbolo de soberanía. El agua como arma de negociación. El agua como frontera. El agua como presión política.

    En Tamaulipas, la preocupación tiene rostro concreto. Las presas Falcón y Marte R. Gómez, que nutren buena parte de las tierras agrícolas del estado, están en niveles críticos. La sequía ha golpeado los ciclos de producción y la incertidumbre sobre el abasto se ha convertido en una constante. La protesta del gobernador Américo Villarreal ante la minuta 331 —que abre la puerta a entregar agua del río San Juan— fue un mensaje claro. Si hay entrega, tiene que haber condiciones. Tiene que haber garantías. Tiene que haber claridad. Porque en una región donde el agua escasea, cada litro se disputa con fuerza.

    Mientras tanto, la administración federal busca una salida técnica y diplomática. La propuesta enviada el 9 de abril a Estados Unidos busca negociar tiempos, cantidades y formas de entrega. Pero el reloj avanza. El plazo para cumplir con el tratado vence el 24 de octubre. Y aunque las lluvias podrían cambiar el escenario, nada garantiza que eso ocurra. Por eso, la tensión sigue latente. En las declaraciones oficiales, en las columnas de opinión, en los campos de riego y en los bordes del río Bravo.

    Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un tratado. Es la capacidad para responder a una crisis sin sacrificar a sus regiones más vulnerables. Es la forma en que se construyen acuerdos internos antes de sentarse a negociar con el exterior. Es la confianza entre federación y estados. Entre productores y autoridades. Entre narrativa y realidad.

    El país no puede darse el lujo de aparecer dividido en un tema tan delicado. El agua no es una concesión, es un derecho. Y cuando se reparte mal, cuando se promete más de lo que se puede cumplir, cuando se improvisa, el costo es alto. En diplomacia, en política y en el territorio.

    Por eso, más allá de las versiones y los encabezados, lo que urge es una estrategia del agua que no solo administre emergencias, sino que construya soluciones sostenibles. El tratado de 1944 fue útil en su momento, pero el mundo ha cambiado. El clima ha cambiado. La frontera ha cambiado. Y si no se ajustan los mecanismos, las tensiones seguirán creciendo. No solo con Estados Unidos, sino dentro de México. Cuando el agua escasea, no solo se secan los campos. También se fractura el futuro.

    Mail: ct@carlostovar.com

    X: @carlostovarmx

    Imagen: Andrea Noemi López Trejo/Fotoarte El Financiero

    Publicado en El Mañana de Reynosa: https://www.elmanana.com/opinion/columnas/cuando-el-agua-no-alcanza-5968630.html

    Publicado en Focus Radio: https://focusradio.mx/cuando-el-agua-no-alcanza/

  • México y la frontera en tensión ante la nueva crisis migratoria

    La migración y la seguridad fronteriza siguen siendo puntos clave en la relación entre México y Estados Unidos. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, las políticas migratorias restrictivas se han endurecido, generando un impacto directo en la frontera compartida. El informe Prospectiva América Latina y el Caribe Febrero 2025, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, ofrece un análisis sobre las tendencias migratorias recientes, la disminución de cruces irregulares en 2024 y la respuesta del gobierno mexicano ante la posible reinstalación del programa Quédate en México.

    El documento detalla cómo México enfrenta un aumento en el número de personas en tránsito y deportadas desde Estados Unidos, lo que ha generado una presión sin precedentes en su infraestructura migratoria. Programas como México te abraza buscan atender a los migrantes mexicanos repatriados, mientras que expertos advierten sobre la necesidad de una estrategia más amplia para la integración social y económica de quienes regresan. En un contexto donde el país se ha convertido en una «sala de espera» para miles de migrantes, este análisis aporta claves para comprender los desafíos que marcarán la política migratoria en los próximos años.

    América Latina enfrenta un escenario de cambios políticos y desafíos económicos que marcarán su rumbo en 2025. En Venezuela, Nicolás Maduro inicia un tercer mandato en medio de sanciones y presiones internacionales, mientras que en Uruguay, el Frente Amplio retoma el poder tras años de gobierno conservador. En Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, los procesos electorales definirán el futuro de sus gobiernos, mientras que en países como Colombia, Brasil, Perú, Argentina y El Salvador, las administraciones actuales enfrentan crisis de gobernabilidad y descontento social. Haití continúa sumido en una crisis humanitaria sin una solución clara, y México, convertido en un punto clave de tránsito migratorio, lidia con el aumento de personas en situación irregular. La región se encuentra en un momento de incertidumbre, con gobiernos que buscan equilibrar estabilidad política, crecimiento económico y demandas sociales.