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Claudia Sheinbaum

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  • Complicidades expuestas

    El combustible volvió a encender las alarmas, pero esta vez las sirenas no sonaban solo en territorio mexicano. Desde el sur de Texas, un operativo encabezado por el FBI puso al descubierto una red de contrabando de hidrocarburos que cruzaba la frontera con documentos alterados, evadiendo impuestos y afectando a ambos lados del Río Bravo. Veinte tractocamiones cargados con combustible fueron asegurados en los patios de Arroyo Terminals, una empresa texana ahora acusada formalmente de participar en esquemas de lavado de dinero y contrabando de mercancías hacia México. El llamado huachicol fiscal, fenómeno que en los últimos años se había consolidado como un problema fronterizo nacional, escaló de pronto al nivel internacional, involucrando a agencias estadounidenses y colocando otra vez a Tamaulipas en el centro de un caso de alto impacto.

    La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas no deja mucho margen a la interpretación. Se describe un entramado que permitía internar combustible a México bajo amparos de importación falsificados, declarando residuos de aceites o destilados de petróleo para ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. El expediente revela que esta práctica se repitió miles de veces, para ser precisos, 2,881 cargamentos ilegales de hidrocarburo, generando un flujo irregular y una estructura paralela de transporte y distribución. Más grave aún es que el expediente judicial señala que parte del combustible refinado provenía originalmente de robo en México, en una dinámica que iba y venía entre Tamaulipas y Texas, aprovechando los huecos del sistema.

    La investigación estadounidense, que inició en 2022, involucra cargos de conspiración para lavar dinero, contrabando y operaciones financieras irregulares. Se estima que los bienes en riesgo de confiscación, incluidos tractocamiones, propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones, ascienden a 300 millones de dólares. La magnitud del caso refleja la escala de la economía subterránea que puede prosperar en las zonas de intercambio comercial cuando los controles son débiles o cómplices. También revela una realidad incómoda, el problema no es aislado de un lado u otro de la frontera. Es un fenómeno binacional, alimentado por omisiones, redes de corrupción y, en muchos casos, tolerancia institucional.

    En México, el tema ya había comenzado a visibilizarse. El decomiso de un buque con diez millones de litros de diésel en el puerto de Altamira y la detención de varios auto tanques en Reynosa hace varias semanas atrás fueron señales de que el fenómeno había alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Pero el golpe judicial en Texas confirma que la dinámica del huachicol fiscal no se limitaba a operaciones locales, sino que implicaba flujos internacionales, complicidades comerciales y una estructura que desbordaba las aduanas.

    Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas. La propuesta busca cerrar los vacíos legales que durante décadas permitieron que agentes aduanales, importadores y servidores públicos eludieran su responsabilidad ante prácticas irregulares. Bajo el nuevo esquema, todos los actores involucrados en el proceso de internación de mercancías, desde quien envía el producto hasta quien lo inspecciona y quien lo autoriza, deberán responder de manera solidaria en caso de irregularidades. El cambio de fondo es simple pero potente, ya no se podrá mirar hacia otro lado. 

    La pregunta es evidente, ¿cuántas y cuáles agencias aduanales de Nuevo Laredo a Matamoros están metidas en este negocio sucio?. Ahí esta el centro de la sospecha de todo este entramado. 

    Sheinbaum fue directa al señalar que muchos de los fraudes aduaneros parten de mecanismos como el ingreso de productos que deberían pagar IVA o IEPS. La mandataria reconoció que las aduanas mexicanas recaudan cifras multimillonarias y que limpiar estos procesos es fundamental para mejorar los ingresos públicos, pero también para blindar la relación comercial con Estados Unidos, donde las advertencias sobre corrupción aduanera se han vuelto cada vez más serias.

    El Departamento de Justicia estadounidense ya había alertado sobre los riesgos crecientes que representa la corrupción en las aduanas mexicanas para la seguridad nacional. El último Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio destacó no solo las irregularidades operativas, sino también la percepción de que algunas redes están vinculadas directamente con actividades del crimen organizado. Washington ha advertido que la falta de controles efectivos contradice los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amenaza con tensar aún más una relación comercial que ya navega por aguas turbulentas.

    El escenario no podría ser más delicado. México enfrenta no solo las presiones de una economía global más frágil, sino también el escrutinio de su principal socio comercial, en momentos en que la confianza en los procesos aduanales se vuelve un factor determinante para la atracción de inversiones y la continuidad de las cadenas de suministro. Tamaulipas, con su posición estratégica y su infraestructura portuaria y fronteriza, está en la primera línea de este reto.

    La agenda aduanal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional y de viabilidad económica. No basta con operativos reactivos. Se requiere una transformación estructural que garantice que los cruces fronterizos, los puertos y las terminales fiscales operen bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y legalidad. Se necesita, también, profesionalizar y supervisar de manera efectiva a quienes, como los agentes aduanales, cumplen funciones clave en el tránsito de mercancías.

    La propuesta de reforma a la Ley de Aduanas podría ser un primer paso en la dirección correcta, si logra convertir la corresponsabilidad en una verdadera herramienta de control y no en un simple ajuste burocrático. Su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad para aplicarla sin excepciones.

    El caso del huachicol fiscal en Texas y los operativos recientes en Tamaulipas son un espejo incómodo, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer la dimensión real del problema y para actuar con la determinación que exige el contexto. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie. 

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    Publicado en El Mañana de Reynosa:
    https://www.elmanana.com/opinion/columnas/complicidades-expuestas-5972853.html

  • La otra corriente

    Reynosa volvió a ser epicentro de una tragedia que no se explica solo por la intensidad de la lluvia. El agua que cayó el 27 de marzo no fue la única responsable del desastre. Lo fue también la otra corriente, la de los años de omisiones, de infraestructura olvidada, de canales asolvados y de una red de drenaje convertida en un depósito de basura. En medio de ese contexto, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad fronteriza, el viernes pasado, tuvo un alto contenido simbólico, pero también dejó al descubierto la urgencia de mirar más allá del lodo.

    La presidenta llegó acompañada del gobernador Américo Villarreal, de la secretaria de Energía y de la titular de Bienestar. En segundo plano, también estuvo presente el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. El recorrido se realizó en las colonias Ernesto Zedillo y Las Delicias, dos de las afectadas por el desbordamiento de los canales. Se anunciaron apoyos directos para las familias, ocho mil pesos para limpieza, además de un paquete que incluye refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador. La distribución estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los beneficiarios serán aquellas personas que aparezcan en el censo levantado por la Secretaría de Bienestar y la Sedatu.

    La presidenta también prometió que se trabajará en la regularización de colonias que no estén en zonas de riesgo. Y habló de limpiar, de prevenir, de revisar la infraestructura hidráulica para evitar que algo así se repita. Palabras necesarias, en un momento crítico, que llegan como señal de respaldo. Su presencia no fue una simple visita. Fue un acto de responsabilidad política frente a una crisis que tocó el corazón de más de 10 mil hogares y puso a prueba la capacidad de respuesta de todos los niveles de gobierno.

    Pero si la presidenta Sheinbaum caminó las calles afectadas el viernes, un día después el gobernador Américo Villarreal envió un mensaje que cargó el tono institucional con un matiz distinto. En una entrega de apoyos en las colonias Ampliación Delicias y Juan Escutia, el mandatario fue claro al señalar las causas estructurales que agudizaron el impacto de la lluvia: abandono en la infraestructura hidráulica, canales de riego deteriorados, colectores asolvados y una crisis de recolección de basura. Lo dijo sin rodeos. La basura que se acumula durante meses se convierte en tapón cuando llega la tormenta, y entonces, el agua no fluye. Se estanca. Se desborda. Se convierte en tragedia.

    El gobernador aseguró que ese abandono no es nuevo. Que ha ocurrido durante años. Que no se le ha prestado atención. Y aunque no mencionó nombres ni señaló con el dedo, el mensaje tuvo un destino claro. Porque el manejo de la basura y el mantenimiento de los canales locales forman parte de la competencia municipal. Y en esa ecuación, el papel del ayuntamiento de Reynosa no puede pasarse por alto. En el fondo, lo dicho por el mandatario estatal fue un recordatorio de que, más allá de la ayuda emergente, hay una responsabilidad cotidiana que no se está cumpliendo.

    En este cruce de declaraciones, la política mostró sus dos caras. La de la presencia solidaria, y la de la crítica institucional. Ambas necesarias. Porque mientras una atiende lo urgente, la otra pone sobre la mesa lo importante. Las familias afectadas necesitan apoyo ahora, pero la ciudad necesita también un replanteamiento profundo sobre cómo se gestiona su territorio, cómo se planea su crecimiento urbano, y cómo se cuidan sus servicios públicos.

    Reynosa es una ciudad que ha crecido rápido, a veces de forma desordenada, empujada por la presión migratoria, la actividad industrial y en ocasiones por negocios inmobiliarios que surgen a costa de la necesidad de vivienda. Muchas colonias surgieron sin planeación, sin servicios adecuados ni estudios de impacto ambiental. El anuncio de la regularización de asentamientos puede ser una buena noticia, siempre y cuando se haga con criterios técnicos y de justicia territorial. No es solo el estatus legal de una colonia, sino su capacidad para resistir futuras emergencias.

    Esta tragedia, como tantas otras en el país, no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de múltiples factores que se cruzaron en el momento menos indicado. Pero también puede ser un punto de partida. Hoy se abre una ventana de atención nacional sobre Reynosa. Esa visibilidad puede traducirse en inversión, en planes reales de mitigación de riesgos, en mejores políticas de vivienda y urbanismo. Pero también puede desvanecerse si no hay seguimiento, si se deja pasar la oportunidad de actuar con visión de largo plazo.

    Si algo ha dejado claro esta emergencia es que existe una deuda con las ciudades fronterizas. No solo por la complejidad de sus dinámicas sociales y económicas, sino porque las crisis que enfrentan, ya sea por violencia, migración o fenómenos naturales, requieren una respuesta integral. No basta con atender el desastre cuando ocurre. Hay que prevenirlo. Y para prevenirlo, se necesita coordinación. Entre gobiernos, entre dependencias, entre niveles. Pero también se necesita algo más difícil de construir: voluntad.

    Voluntad para hablar con claridad, como lo hizo el gobernador. Voluntad para presentarse en el terreno, como lo hizo la presidenta. Voluntad para asumir responsabilidades, aunque duelan. Esta tragedia no puede ser solo el recuerdo de una inundación. Tiene que ser el inicio de algo distinto. De una nueva corriente. Una que no se lleve todo a su paso, sino que limpie, que renueve, que construya.

    Mail: ct@carlostovar.com

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    Publicado en El Mañana de Reynosa

    https://www.elmanana.com/opinion/columnas/la-otra-corriente-5967549.html

  • Diálogo, una deuda con las madres buscadoras

    En México la desaparición de una persona no es solo un crimen, es una condena colectiva. Una herida abierta que cruza sexenios, geografías y gobiernos sin encontrar respuesta. En este país, los desaparecidos no se esfuman. Se los traga un sistema que, por años, ha sido incapaz de buscar con eficacia, de identificar con certeza, de garantizar justicia. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió detener el análisis legislativo de sus propias iniciativas sobre desapariciones, para abrir un canal de diálogo con las familias buscadoras. El gesto es interpretado como apertura, como voluntad de escuchar, pero también revela un punto crítico, que la reforma, como muchas otras antes, había sido diseñada sin tomar en cuenta a quienes más saben del tema. Las madres. Los colectivos. Las víctimas.

    En ciudades de Tamaulipas, como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde el fenómeno de las desapariciones ha calado con fuerza en la vida cotidiana, las medidas planteadas podrían representar un cambio significativo. Colectivos de búsqueda que han trabajado durante años con recursos limitados y sin respaldo institucional podrían encontrar herramientas para fortalecer sus procesos. La posibilidad de cruzar datos entre fiscalías, integrar carpetas en una base nacional y agilizar la respuesta en las primeras horas tras una desaparición, permitiría que las acciones de búsqueda no se pierdan en la burocracia ni en la descoordinación entre autoridades.

    La frontera de Tamaulipas ha sido escenario de historias lamentables, donde muchas familias han tenido que convertirse en investigadoras ante la falta de respuestas. Por eso, que estas reformas integren la experiencia de quienes han sostenido la búsqueda puede marcar la diferencia. No se trata solo de nuevas tecnologías, sino de corregir una historia de abandono. Si las propuestas se traducen en acciones concretas, podrían devolver algo de confianza a quienes han buscado entre el polvo y el miedo sin más apoyo que su determinación.

    El tema no es menor. En un país con más de 115 mil personas desaparecidas, cada decisión institucional se escribe sobre una ausencia. La nueva administración busca reformar la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, planteando una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La CURP, fortalecida con datos biométricos, se convertiría en documento oficial para todos los registros administrativos. Las medidas apuntan a la tecnificación del proceso, a la coordinación entre fiscalías, al cruce automatizado de información. Este progreso había dejado afuera lo esencial, la experiencia viva de quienes buscan todos los días con las manos en la tierra.

    La reacción no se hizo esperar. Colectivos de madres buscadoras levantaron la voz y exigieron no solo ser escuchadas, sino formar parte activa del diseño. Que no se legisle sin ellas. Que no se aprueben herramientas que no reflejan las verdaderas necesidades del campo. La presidenta respondió con apertura, con sensibilidad, posponiendo la discusión legislativa, anunciando una serie de reuniones a través de la Secretaría de Gobernación. Se trata, dicen, de incorporar propuestas. De fortalecer las iniciativas. De hacerlas más humanas. 

    En su conferencia, Sheinbaum insistió en que las desapariciones ya no provienen del Estado, sino del crimen organizado. Pero el Estado sigue siendo responsable. Las fiscalías estatales y la federal deben dejar atrás la fragmentación, debe existir una comunicación efectiva, con un sistema que permita cruzar bases de datos o identificar restos acumulados en los servicios forenses. Los colectivos lo han dicho con claridad. Se necesita que las leyes existentes se apliquen. Que se investigue desde la primera hora. Que se proteja a quienes buscan. Que se identifiquen los cuerpos. Que se actúe.

    El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso la profundidad del abismo. Un lugar revisado en septiembre pasado, ignorado por las autoridades, y hoy convertido en símbolo de horror. El hallazgo de ropas y objetos personales expuso no solo la brutalidad del crimen. La desidia. La negligencia. Y fue precisamente el trabajo de las familias, de las madres, lo que forzó una segunda revisión. Fueron ellas quienes señalaron lo que nadie quiso ver.

    Por eso, aunque el gesto de abrir el diálogo ha sido bien recibido, llega en un momento en que la desconfianza ya se ha instalado. No es un problema nuevo, sino el resultado de promesas incumplidas a lo largo de varios sexenios. En muchos hogares, la esperanza ha aprendido a coexistir con el escepticismo. Algunas voces dentro del poder legislativo siguen sin comprender el peso del silencio. “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, preguntó hace unos días el presidente del Senado. Una frase desafortunada que refleja, quizá sin quererlo, la distancia que aún existe entre quienes buscan respuestas y quienes deberían ofrecerlas.

    La propuesta de reforma parte de premisas relevantes y de herramientas que pueden aportar al proceso. La tecnología, sin duda, tiene un lugar importante en la construcción de soluciones. Pero no basta con una base de datos, ni con una CURP fortalecida, si no se acompaña de una mirada humana, cercana y comprometida. Las madres lo han subrayado con puntualidad. Varias de las medidas propuestas ya están en la ley, pero no han sido llevadas a la práctica. El reto no es solo legislar, sino transformar esa voluntad en acciones sostenidas, con recursos, coordinación y sensibilidad. Porque en este tema, la forma también es fondo.

    La presidenta ha mostrado un estilo distinto al de su antecesor. Ha reconocido la urgencia del tema. Ha leído el momento político. Ha abierto la puerta al diálogo. Pero la solución no puede venir solo desde arriba. Tiene que construirse desde abajo. Desde la escucha activa. Desde la incorporación real de las voces que han estado en la trinchera. Desde el reconocimiento de que la búsqueda de personas no es un tema administrativo, sino un drama humano.

    En México, la desaparición forzada es un crimen que no descansa. Cada día que pasa sin respuesta es una revictimización. Cada cuerpo no identificado es una deuda. Cada familia que busca sola, sin apoyo, sin protección, es una derrota. La reforma, si se hace bien, puede ser un parteaguas. Pero si se hace de espaldas a las víctimas, será solo una ley más en un país lleno de normas que no se cumplen.

    Por eso es crucial que las próximas reuniones no sean solo actos simbólicos. Que el canal de escucha no sea una simulación. Que las madres, las familias, los colectivos, no sean tratados como espectadores, sino como protagonistas. Porque son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han fallado. Porque son ellas quienes saben qué hace falta. Porque son ellas quienes han pagado el precio más alto. 

    La crisis de las desapariciones en México no se resolverá solo con un software, ni con una nueva CURP, ni con comunicados bien redactados. Se resolverá cuando el país decida mirar de frente su dolor, cuando la política deje de administrar silencios y empiece a construir respuestas. Esta vez, al menos, alguien en Palacio Nacional ha escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, la puerta no se cerró. Y ese gesto, pequeño pero inmenso, puede ser el comienzo de algo distinto. 

    Imagen: Anthony Coyle, National Geographic.

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