La agenda pública de Tamaulipas ha vuelto a girar sobre los mismos ejes que durante años han reflejado una parte incómoda de su realidad. De nueva cuenta Tamaulipas en el plano mediático nacional. La frontera y el puerto, el diésel y los tractocamiones, las aduanas y los vacíos. Esta vez, la lupa nacional se posó sobre Altamira y Reynosa, donde en apenas unos días fueron detectadas dos operaciones irregulares relacionadas con la importación de combustibles. El decomiso de un buque con diez millones de litros de hidrocarburo y el aseguramiento de más de medio millón de litros no son hechos menores. Son señales de que, en lo más profundo del sistema, algo grande ocurre.
El caso del buque detenido en el puerto de Altamira expuso una red de anomalías. De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, la embarcación descargó un material que no coincidía con lo declarado en los documentos fiscales. El diésel ingresó bajo una narrativa administrativa falsa, sin controles reales y con permisos otorgados por funcionarios cuya actuación ahora está bajo investigación. Aunque la tripulación, conformada principalmente por marinos, no habría tenido responsabilidad directa en la maniobra, las agencias aduanales y los servidores públicos involucrados ya enfrentan procedimientos administrativos y penales.
No es la primera vez que Tamaulipas se convierte en punto clave para este tipo de operaciones. Pero hoy, la más alta esfera del poder en México reconoce que el combustible entró con documentación falseada y que, al momento de su detección, ya había sido descargado en territorio nacional. Lo que revela este caso no es solo la sofisticación del contrabando, sino también las grietas por donde se cuelan los intereses ilícitos. Un barco cargado con millones de litros de diésel no es fácil de ocultar. Lo preocupante es que tampoco pareció difícil de autorizar.
Apenas unas horas después de conocerse el caso en Altamira, las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Reynosa. El resultado fue igual de significativo, el aseguramiento de 18 auto tanques cargados con aproximadamente 540 mil litros de combustible, y la detención de 18 personas. La operación conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General y Petróleos Mexicanos indica que hay una estrategia federal de contención en marcha. Pero también subraya una dinámica paralela, entre las sombras, que busca mantenerse activa, moviéndose entre la legalidad y la omisión.
Ambos casos revelan lo mismo. No hay delitos de este tamaño sin omisión, sin estructuras que facilitan, sin actores que permiten. Las importaciones ilegales de combustible afectan no solo a las finanzas públicas, sino al orden mismo de la competencia económica. Quienes venden hidrocarburos sin permisos ni regulaciones alteran el mercado, impactan la recaudación fiscal y, sobre todo, minan la confianza en el sistema aduanal del país. Y Tamaulipas, con sus puertos y cruces fronterizos, es una pieza central de ese tablero.
En este contexto, la actuación de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad federales debe valorarse como una señal de voluntad. Y también como una llamada de atención. Porque más allá de los decomisos, lo que se necesita es una revisión profunda de los procesos que permiten que un buque descargue millones de litros sin que nadie lo impida a tiempo. Se requiere transparencia en las agencias aduanales, profesionalismo en los inspectores, controles más robustos en los accesos marítimos y terrestres. Y, sobre todo, voluntad política para desarticular cualquier posible red de complicidades.
La ciudadanía tamaulipeca, que tantas veces ha sido testigo de estas irregularidades, merece saber hasta dónde llegará la investigación. Si se sancionará solo a los responsables operativos, o si se llegará al corazón del problema. Si estos dos casos serán excepciones visibles, o el principio de una limpieza más profunda en los mecanismos de comercio e importación. Porque los decomisos sirven, sí, pero no resuelven por sí solos lo que se ha venido acumulando por años.
Lejos de estos temas, pero no menos relevante para el estado, ayer se confirmó un cambio importante en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lucía Aimé Castillo Pastor dejó el cargo en medio de una escalada de tensiones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que había solicitado en reiteradas ocasiones su salida. La renuncia se interpreta como una medida necesaria para reducir la presión sindical y destrabar el diálogo con las bases magisteriales, un sector históricamente complejo, pero fundamental para la gobernabilidad.
El gobernador Américo Villarreal entregó el nombramiento al nuevo titular, el doctor Miguel Ángel Valdez García, un perfil técnico con experiencia en la educación superior y con una trayectoria que, se espera, aporte equilibrio a una dependencia que ha vivido semanas intensas. Su llegada representa un nuevo intento por reconstruir las relaciones institucionales y retomar la agenda educativa en un momento donde las demandas por infraestructura, calidad académica y condiciones laborales siguen marcando la conversación pública.
Ambos episodios, el del combustible ilegal y el de los movimientos en el gabinete, muestran que las instituciones están en revisión. No todo está resuelto, pero hay señales de que el sistema busca ajustarse.
En medio de un contexto complejo, la legalidad debe ser una constante, no una excepción. Y la confianza, un objetivo al que se llega con hechos, no solo con discursos.
Mail: ct@carlostovar.com
X: @carlostovarmx
Publicado en
El Mañana de Reynosa
https://www.elmanana.com/opinion/columnas/la-ruta-combustible-5966011.html
Focus Radio