Nombrar calles, plazas, colonias y ciudades en honor a personajes históricos es una tradición en México. Un gesto que, en teoría, busca preservar la memoria de quienes dejaron huella en la historia. Sin embargo, muchas de estas distinciones terminan siendo homenajes involuntarios a figuras políticas cuya sombra es más grande que su legado.
Este debate resurge con fuerza en Tamaulipas. Nataly García Díaz, alcaldesa electa del municipio fronterizo de Gustavo Díaz Ordaz, ha planteado la posibilidad de eliminar ese nombre y devolverle su designación original: San Miguel de Camargo, título que ostentó desde 1880 hasta 1968, cuando fue rebautizado en honor al entonces presidente en funciones.
El problema es evidente. Gustavo Díaz Ordaz no es un nombre neutro. Su figura está marcada por el episodio más oscuro de su administración: la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Un crimen de Estado que sigue envuelto en incertidumbre. Los cálculos de víctimas fatales varían: algunos informes hablan de 150 muertos; otros, de hasta 350. Jóvenes, en su mayoría estudiantes, ejecutados por militares en un acto que ha sido documentado como una de las represiones más brutales en la historia de México.
Hay mucho que decir sobre esta terrible masacre. Activistas, historiadores, periodistas, políticos y académicos han expresado sus opiniones y evidencias al respecto. Los hechos se resumen en la evidencia del aparato represor que encabezó Díaz Ordaz, y por supuesto, en la complicidad de otros tantos.
Una memoria incómoda
A lo largo de los años, activistas, historiadores y periodistas han reconstruido los hechos, desmontando la versión oficial. Petteri Taalas, excomisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, lo describió con crudeza en el 50 aniversario de la masacre:
“Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio.”
Liga del texto original, publicado en el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco
El expresidente nunca pidió perdón ni asumió responsabilidad. Murió en 1979, pero su apellido sigue presente en el paisaje urbano mexicano. Y no es el único. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en aquel gobierno y sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia, también ha sido honrado con calles, colonias y monumentos, pese a su papel en la Guerra Sucia y la represión del Halconazo en 1971.
¿Un acto de justicia histórica o una distracción?
La propuesta de cambiar el nombre de la ciudad de Gustavo Díaz Ordaz no es solo simbólica. Representa una pregunta de fondo: ¿por qué seguimos rindiendo tributo a quienes representan episodios de abuso y violencia?
Desde el punto de vista práctico, la iniciativa plantea desafíos. ¿Qué opinan los habitantes de la ciudad? ¿Les preocupa el peso histórico del nombre o lo consideran irrelevante en comparación con problemas más urgentes?
La alcaldesa ha mencionado en entrevistas que someterá la decisión a una consulta popular, pero el trámite no es sencillo. Más allá del debate moral, un cambio de nombre implica una serie de modificaciones administrativas: desde identificaciones oficiales hasta registros catastrales y documentación legal.
En paralelo, el municipio enfrenta desafíos más concretos: infraestructura deficiente, inseguridad, falta de inversión y oportunidades económicas desaprovechadas debido a su ubicación fronteriza. ¿Es este el momento para un debate sobre el nombre de la ciudad o es una distracción ante problemas más apremiantes?
La historia, como siempre, la contarán los vencedores. O en este caso, quienes decidan qué nombres seguirán marcando nuestro espacio público.