En México, los grupos del crimen organizado han encontrado una veta cada vez más extendida para alimentar sus estructuras: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA). La práctica no es nueva, pero su normalización, impunidad y extensión en zonas de alta violencia revela un fenómeno alarmante y profundamente arraigado. El país no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino una fractura ética que pone en riesgo el presente y futuro de generaciones enteras. En este contexto, la Secretaría de Gobernación ha dado a conocer un instrumento clave para entender el problema y buscar soluciones articuladas: el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos.
Este estudio, elaborado desde la Dirección de Atención a Grupos en Riesgo, ofrece una radiografía del fenómeno, con una visión que articula factores estructurales, contextuales y delictivos. El objetivo es claro: identificar patrones, entender los factores de riesgo y construir propuestas de intervención que permitan frenar la captura de menores por parte del crimen organizado. La investigación no solo ofrece datos duros y georreferenciación de municipios críticos, también expone las rutas del delito, los grupos que operan en 18 entidades prioritarias, y plantea líneas de acción desde la prevención, la normatividad, la atención integral y la procuración de justicia.
Tamaulipas forma parte de esta lista de entidades con mayor riesgo de reclutamiento. La frontera, los altos niveles de violencia, la presencia de cárteles y la debilidad institucional generan condiciones para que adolescentes sean utilizados como informantes, halcones, mensajeros o sicarios. Lo mismo ocurre en regiones de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Baja California, donde el deterioro del tejido social convive con altos niveles de impunidad y abandono institucional. El reclutamiento infantil no se reduce a un problema de seguridad: es una violación directa a los derechos fundamentales de la niñez.
El mecanismo propuesto también llama a conformar un grupo intergubernamental con participación de academia, sociedad civil, iniciativa privada y medios de comunicación. La idea es clara: sin una estrategia integral y coordinada, no será posible frenar una práctica que vulnera la dignidad, libertad e integridad de miles de menores. Lo que está en juego no solo es la ley, es el pacto social más básico: proteger a quienes no tienen aún ni edad para defenderse.